El Gobierno nacional encendió la alarma en el sur con una medida que golpea de lleno al bolsillo. El proyecto de Presupuesto 2026 elimina la ampliación del régimen de Zona Fría y deroga los descuentos fijos del 50% en las facturas de gas.
La propuesta está incluida en el artículo 72 de la iniciativa enviada al Congreso. Si se aprueba, más de 3 millones de hogares en todo el país quedarán expuestos a subas en sus boletas, incluidas las familias patagónicas.
El régimen original de 2002 se mantiene para la Patagonia, la Puna y Malargüe. Sin embargo, ya no habrá obligación de otorgar descuentos del 50% y la aplicación quedará a criterio de la Secretaría de Energía.
El fondo fiduciario que sostiene los subsidios también sufrirá cambios. Se limitará a un máximo del 7,5% del recargo en las facturas y eximirá a las exportaciones de gas y GNL, reduciendo la caja disponible para los usuarios residenciales.
En Neuquén, donde más de 200.000 familias reciben el beneficio, el impacto podría ser inmediato. Las facturas podrían subir entre un 20 y un 50%, según la discreción oficial.
Río Negro cuenta con unos 150.000 hogares alcanzados. En ciudades como Bariloche y Viedma, los especialistas estiman alzas de hasta el 40%, afectando sobre todo a familias de bajos ingresos.
En Chubut, el panorama es similar. Trelew y Comodoro Rivadavia concentran 120.000 usuarios, que podrían enfrentar un aumento del 25% o más en medio de un contexto económico frágil.
Santa Cruz, la más austral, tampoco queda al margen. En Río Gallegos y Calafate las boletas podrían dispararse hasta un 50%, elevando el riesgo de pobreza energética en comunidades alejadas.
Los expertos advierten que, aunque el régimen patagónico no desaparece, la ausencia de porcentajes obligatorios abre la puerta a una “eliminación gradual” de los subsidios.
El recorte se suma a los cambios de 2025, cuando se redujeron beneficios en zonas ampliadas, afectando a más de 130.000 usuarios en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
Los gobernadores del sur ya anticipan resistencia en el Congreso. Legisladores opositores buscarán preservar los descuentos fijos para mitigar el impacto social y económico.
Desde el oficialismo defienden la medida como una corrección necesaria. El Gobierno sostiene que busca “eficiencia energética” y una distribución más racional de los recursos.
El debate promete tensión política. Mientras tanto, los usuarios patagónicos miran con preocupación el próximo invierno y sus facturas de gas