El desafío de garantizar la licencia social para que más provincias aprovechen las oportunidades que abre el impulso de las energías renovables.
Un oportunidad de desarrollo
Uno de los grandes desafíos actuales es extender esta actividad a otras provincias con recursos y condiciones para desarrollarla. En ese sentido es fundamental garantizar consenso social con las comunidades, una condición dinámica que exige diálogo permanente, transparencia y participación ciudadana. Si bien estudios recientes muestran una mejora en la percepción pública sobre la minería, aún persisten tensiones en algunos territorios, donde la minería sigue prohibida por falta de acuerdo político y social. Iniciativas como del Programa de Asistencia para la Minería Sustentable, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que entre sus propuestas cuenta con la formación de observadores ambientales y monitoreos participativos comunitarios, resultan clave para acercar el control al territorio y generar mayor legitimidad. En Catamarca, por ejemplo, estudiantes de ingeniería y geología, así como miembros de las comunidades participan del monitoreo de los proyectos.
En este contexto, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se presenta como una herramienta para consolidar proyectos de gran escala. No solo el Gobierno nacional, sino también varias provincias están impulsando su implementación con el objetivo de atraer inversiones y acelerar el despliegue de nuevas operaciones mineras. Pero más allá del marco normativo, lo que se necesita es una visión estratégica que combine sostenibilidad, federalismo productivo y valor agregado local.
La minería es un ancla de desarrollo regional. En zonas remotas de la Puna, la cordillera y la meseta patagónica, la actividad moviliza desde transportistas, equipos de perforación y servicios de catering, hasta geólogos, ingenieros, abogados, soldadores y maquinistas. Los salarios son de los más altos entre los sectores industriales y la demanda de perfiles técnicos crece.
A nivel global, la transición energética es una ola que no frena. Las estimaciones apuntan a que, hacia 2040, la demanda de litio se multiplicaría por 4 o 5 y la de cobre aumentaría un 50%. En 2025, la minería argentina se sigue debatiendo entre su potencial y sus contradicciones. El litio está. El cobre también. El mercado los pide. Las provincias argentinas tienen la llave para que esta oportunidad que les abre el mundo sea aprovechada y, en convivencia con sus comunidades, redunde en mayor progreso, oportunidades y bienestar.
* Claudio Trinca es especialista en el Sector Minería e Hidrocarburos del Consejo Federal de Inversiones (CFI)
