Milei reafirma su intención de que el Estado se deshaga de las empresas públicas, incluso de aquellas que no fueron incluidas en la Ley Bases.
En estos casos, la Ley Bases permite únicamente una privatización parcial, lo que implica que el Estado debe mantener una participación mayoritaria. El Gobierno analiza abrir parte del capital al mercado, aunque eso implicaría una serie de reformas estatutarias y varios pasos administrativos antes de concretar la venta de acciones.
La privatización es una de las banderas centrales del presidente Javier Milei, quien también la considera un mecanismo para generar ingresos en dólares que refuercen las reservas del Banco Central. Al asumir, Milei propuso que el Congreso autorizara la privatización de más de 40 empresas, pero tras las negociaciones, la versión final de la Ley Bases incluyó solo ocho, de las cuales dos tienen limitaciones para ser totalmente privatizadas.
A pesar de estas restricciones, el presidente ha reiterado en varias ocasiones su convicción de que las empresas públicas deben pasar a manos privadas. Así lo manifestó recientemente al ser consultado sobre los resultados positivos de Aerolíneas Argentinas, sugiriendo que aún podría impulsarse la privatización de otras compañías no incluidas en la ley.
Por ahora, no se esperan grandes avances en este frente antes de las elecciones, tanto en el caso de las firmas incluidas en la Ley Bases como en aquellas cuyos contratos de concesión han vencido, como ocurre con algunas rutas y represas hidroeléctricas.
Se estima que hacia mediados de noviembre el Gobierno presentará una hoja de ruta sobre privatizaciones y concesiones, bajo la coordinación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Esta planificación forma parte de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI)