El juicio que analiza la legalidad de los ítems incorporados por CALF en las facturas eléctricas —entre ellos, la tasa municipal para el traslado del Complejo Ambiental Neuquén (CAN) y las cuotas correspondientes a la deuda con Cammesa— avanzará en agosto hacia su etapa de alegatos. Finalizada la recolección de pruebas, será el turno de los representantes legales del municipio, la cooperativa y la fiscalía de Estado para presentar sus argumentos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que espera emitir una sentencia entre septiembre y octubre.
Los ítems cuestionados fueron incorporados a partir de la ordenanza 14.645, sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad a fines de 2023. La normativa autorizó a la cooperativa CALF a incluir en sus facturas el cobro de la tasa CAN —un tributo municipal que financia la operación y logística del Complejo Ambiental— y una cuota destinada a regularizar compromisos con Cammesa, la empresa administradora del mercado eléctrico mayorista.
Desde el municipio y la cooperativa se sostuvo que la medida se encuadra en una estrategia de ordenamiento financiero y fortalecimiento de servicios públicos. La deuda con Cammesa fue contraída durante un período de alta inflación y tarifas congeladas, lo que afectó la sustentabilidad del sistema eléctrico local. En tanto, la tasa CAN permite sostener una operación ambiental crítica para la ciudad, como es el traslado y disposición final de los residuos.
Durante la primera semana de julio, los demandantes —representados por asociaciones vecinales y grupos de usuarios— cuestionaron la falta de una audiencia pública o mecanismos participativos previos. Aseguraron que la decisión fue “unilateral” y que los conceptos “no corresponden al servicio eléctrico”.
Sin embargo, desde el Ejecutivo municipal explicaron que la tasa CAN tiene carácter ambiental y fue incorporada con sustento legal como ocurre en otras ciudades del país. Además, remarcaron que CALF es una entidad sin fines de lucro, y que su sostenibilidad depende del equilibrio entre ingresos y gastos operativos, en un contexto macroeconómico complejo.
Actualmente, CALF brinda servicio a unos 108.000 usuarios en la capital neuquina. Según fuentes oficiales, la recaudación de la tasa CAN en junio fue de mil millones de pesos, monto que se destina directamente al sostenimiento del complejo ambiental.
El fallo del TSJ será clave para definir el alcance futuro de estos mecanismos de financiamiento. En ámbitos judiciales y políticos se considera que la resolución sentará precedente sobre cómo las cooperativas pueden actuar como agentes de cobro de tasas municipales y sobre la necesidad de transparencia y participación en decisiones que impactan directamente en los usuario