La Dirección de Minería de Mendoza dio por finalizado el procedimiento de participación ciudadana correspondiente al Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto minero «Don Ernesto», ubicado en la zona de Uspallata, Las Heras. La resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial, marca un paso crucial en el avance de la iniciativa.
Mediante la Resolución Nº 229/25, firmada conjuntamente con la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (Resolución Nº 61/25), las autoridades dieron por rendido el «Informe Circunstanciado» que sistematiza las observaciones, recomendaciones y objeciones recogidas durante la audiencia pública celebrada el pasado 22 de abril.
Cabe recordar que el evento se desarrolló en modalidad híbrida -virtual y presencial- y convocó a vecinos, organizaciones sociales, actores institucionales y técnicos.
Si bien el marco normativo vigente (Decreto 820/06) no obliga a la realización de una audiencia pública, la Autoridad Ambiental Minera (AAM) consideró necesario convocarla a través de una resolución conjunta.
Según se desprende del expediente, los aportes ciudadanos fueron considerados en su totalidad, aunque no poseen carácter vinculante. La autoridad ambiental evaluó y respondió cada planteo, cumpliendo con el derecho a la participación consagrado por leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales, como el Acuerdo de Escazú.
La resolución oficial también deja constancia del cumplimiento de todos los procedimientos exigidos, entre ellos la publicación de edictos en medios locales y el registro de las intervenciones realizadas durante la audiencia. El Informe Circunstanciado -que ahora se incorpora como Anexo I- fue elaborado por el Comité Instructor y contiene un análisis técnico de las posturas expuestas en la instancia de consulta pública.
El proyecto «Don Ernesto», cuya mina estará en el distrito de Uspallata, está en una etapa inicial de evaluación ambiental. Aún resta que la Autoridad Ambiental Minera se expida sobre la viabilidad definitiva del emprendimiento, lo que podría derivar en la aprobación formal del IIA y dar paso al desarrollo de tareas exploratorias o productivas, dependiendo de la magnitud del proyecto.
Desde el Gobierno provincial aseguran que este tipo de instancias son fundamentales para garantizar la transparencia del proceso y el cumplimiento de la normativa ambiental. El procedimiento, indicaron, «refuerza el compromiso de Mendoza con una minería responsable y sujeta al control social».
Por otro lado, remarcaron que los pasos siguientes serían un dictamen legal y por último la resolución final de la Autoridad Ambiental Minera, en la que aprueba con condiciones o rechaza. «Al no ser una producción de minerales metalíferos, esto no va a la Legislatura, porque en el marco de la Ley N°7722 lo que va a la Legislatura son los minerales metalíferos», subrayaron.
El texto completo de la resolución y su anexo pueden consultarse en las páginas web oficiales de la Dirección de Minería y de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental