El proyecto minero Potasio Río Colorado es emblemático para Mendoza por la historia de esperanza, fracaso e intento de “resiliencia” que lo recorren desde que se descubrió el potencial de ese mega yacimiento mineral. Ahora está en manos de Minera Aguilar, una empresa del grupo liderado por José Luis Manzano, y en las próximas semanas debería haber hitos clave para evaluar el cumplimiento del contrato y, sobre todo, el futuro de esa mina. Es que deberían comenzar a operar la planta piloto para producir a escala cloruro de potasio. Pero lo más relevante tiene que ver con otra cosa: la energía para poder producir y, sobre todo, la logística para transportar el mineral hacia los puertos.
El plan original es transportar el mineral por tren desde Malargüe hasta el Este y luego al puerto, para lo cual hacen falta obras de gran magnitud. Tan importante es ese tema que si el tren no se concreta, la producción prevista de la mina podría reducirse a un tercio. La promesa de inversión total de los nuevos dueños es de 1000 millones de dólares y está plasmado en un cronograma con cláusulas de garantía y sanciones por incumplimiento.
Para el Gobierno es un tema también de alto impacto, pues la concreción de PRC es uno de los objetivos productivos y políticos que pusieron en el horizonte. Por eso, por ejemplo, el gobernador Alfredo Cornejo tomó el tema y fue el principal lobista: viajó a Brasil para buscar potenciales compradores del mineral y hasta inversores; en un rol institucional y de ayuda a la empresa privada que, además, tiene un particular bajo perfil en Mendoza. El aporte del Estado va mucho más allá que el lobby, pues ejecutará las inversiones para que el proyecto tenga electricidad y también la ruta de acceso.
El detalle
Potasio Río Colorado es un proyecto para extraer cloruro de potasio del subsuelo de Malargüe en el que es uno de los yacimientos más grandes del mundo de ese mineral, que es un potente fertilizante. Hay reservas probadas por 400 millones de toneladas y potenciales por 1000 millones de toneladas. El plan original lo diseñó la empresa inglesa Río Tinto. Luego lo adquirió la brasileña Vale, que comenzó a construir una mega mina.
En 2012 esa firma abandonó todo y se generó un shock negativo: más de 3 mil despidos, una planta abandonada y una ciudad fantasma en medio de la estepa patagónica. Desde entonces hubo un peregrinar para hallar inversores. Finalmente la Provincia (que “heredó” los activos de Vale) cedió todo a Minera Aguilar, quedándose con un porcentaje de las acciones que se mantendrán como condicionante al cumplimiento del contrato. De hecho, el resto de las acciones están en garantía también.
El proyecto se achicó y también debía ser repensado por la propia empresa. Incluso hasta se hacen ensayos para evaluar métodos nuevos de extracción. El plan de rehabilitación de la mina tiene hitos que la empresa debe cumplir. El cronograma del contrato pone julio como mes clave. Desde el Gobierno consideran que en agosto la empresa debe haber avanzado con el diseño del modelo de producción y tener la planta piloto lista para producir hasta 20 mil toneladas de cloruro de potasio.
Entre los insumos clave para poder poner en marcha la planta está la energía. PRC necesita gas para poder producir. En la etapa de Vale había un acuerdo con YPF para proveer de ese recurso, cuya vigencia y posibilidad de rescisión está dentro de las cláusulas de confidencialidad. La electricidad es otro de los recursos fundamentales. El Estado provincial se hace cargo de esa inversión. A través del línea eléctrica “Cortaderal-PRC-Pata Mora”, un sistema eléctrico que vinculará la línea de extra alta tensión con la planta de PRC y Pata Mora. Tiene un costo de 100 millones de dólares y, según la información oficial, está por ser licitado. También están abiertas las líneas de financiamiento, pues no está claro si saldrá de los fondos de resarcimiento o buscarán otro mecanismo. El otro aporte provincial comprometido es la ruta de acceso desde RN 40 hasta la mina, que requiere una inversión de 110.000.000 millones de dólares.
Los hitos que se siguen para evaluar a la empresa están la finalización del diseño de ingeniería del proyecto y el “desarrollo de planta piloto para la puesta en marcha, pruebas y aumento de producción”. Según el gobierno, la empresa tiene plazo hasta agosto.
Una de las obras que más incertidumbre genera es el tren. En el contrato está estipulado la “reconstrucción y rehabilitación de ramales ferroviarios que conecten Malargüe con los principales corredores logísticos y portuarios para transportabilidad del mineral resultante de la explotación minera”. Son unos 400 kilómetros de recorrido cuya solución está a cargo de la empresa. Por inversión propia o con inversores. El piso de inversión es de 80 millones de dólares, pero además requiere acuerdos logísticos.
Los cambios políticos previos se complicaron por decisiones nacionales. Una de ellas es la búsqueda de privatización del tren. El contrato dejó explicitado que había un acuerdo para la solución logística con Trenes Argentinos para “la salida por vía de tren desde Palmira a puerto y la posibilidad del restablecimiento del ramal “Las Catitas –Monte Comán – Malargüe”. El problema es que esa empresa está en una transición hacia la privatización. De la viabilidad del tren depende todo el proyecto. Es que a través de ese medio se planificaba el transporte de hasta 1,5 millones de toneladas de cloruro de potasio al año. Si no se concreta, el transporte sería por camiones y el volumen a comercializar se reduciría a un tercio aproximadamente.
Cornejo estuvo en Brasil para hacer lobby a favor del proyecto. La misión, aseguran, apuntó a generar vínculos institucionales y buenas condiciones para que las empresas privadas acuerden inversiones cruzadas, compromisos y, sobre todo, hallar posibles inversores. Por eso el Gobernador se reunió con los representantes de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones.
El vehículo societario que usó el Estado para la transferencia del proyecto Potasio Río Colorado es Impulsa Mendoza, la empresa minera estatal que heredó los activos de PRC (incluidos bienes y 30 millones de dólares en efectivo). Impulsa mantiene el 12% de las acciones de PRC y también tiene en garantía el resto de las acciones. El 88% pertenece a Minera Aguilar Potasio, empresa que es propiedad de José Luis Manzano y que es controlada por Minera Aguilar y Servicios Mineros del Cono Sur. Ambas empresa están registradas en Argentina, pero son controladas por Chingwell Trading, empresa del mismo grupo radicada en Suiza