En medio del ajuste fiscal y la paralización de obras viales, los municipios advierten que, sin la transferencia de fondos previstos por ley, no pueden eliminar la Tasa Vial que impacta directamente en el precio final de la nafta y el gasoil.
Enfrentados a las reglas de juego que impone el Poder Ejecutivo Nacional con los decretos que recortaron la obra pública, la disolución de la Dirección de Vialidad y la suspensión de transferencias a provincias y municipios, intendentes de diferentes ciudades salieron a respaldar la aplicación de la Tasa Vial como herramienta para sostener los servicios urbanos básicos. Aseguraron que, mientras el Gobierno no coparticipe lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos, no hay margen para eliminar el cargo que se suma al precio del litro de nafta y gasoil en muchas Estaciones de Servicio.
En una reciente reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, convocada por su presidente el legislador nacional Juan Fernando Brügge, varios jefes comunales expresaron su preocupación por la interrupción total de los giros correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos, una de las principales fuentes de financiamiento para obras de infraestructura vial.
Uno de los planteos más claros fue el del intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien afirmó en diálogo con surtidores.com.ar que “desde diciembre de 2023 no recibimos ni un solo peso de lo que por ley debería transferirse a municipios”. Según explicó, esa falta de recursos obliga a muchas ciudades a sostener herramientas propias como la Tasa Vial, aplicada sobre la venta de combustibles.
“Cuando en un ticket de combustible el municipio cobra un 0,9 por ciento destinado al arreglo de calles, mientras la Nación se lleva más del 35 por ciento sin que se vea reflejado en obras, está claro que no podemos eliminar esta tasa sin una solución estructural”, dijo.
En este trascendente encuentro, los intendentes de distintas provincias coincidieron en que la falta de coparticipación efectiva del ICL —uno de los impuestos más significativos que tributan los combustibles— obliga a los municipios a sostener tasas locales como la Tasa Vial, que en muchos distritos ha sido motivo de controversia y hasta judicialización por parte de consumidores y cámaras empresarias.
En ese contexto, Javkin reforzó su planteo de que la Tasa Vial no es una elección política, sino una necesidad financiera, mientras no se cumpla con lo que la ley nacional establece respecto a la distribución del impuesto.
Con esta situación, los dirigentes del sector expendedor continúan insistiendo en su postura de que las Estaciones de Servicio quedan sin quererlo, en el centro del conflicto, ya que son el punto de recaudación de estos tributos y, muchas veces, el primer lugar donde los usuarios expresan su malestar.
Ante esta situación, desde el Congreso surgieron propuestas para ordenar el esquema de distribución. Una de ellas es impulsada por el diputado Brügge, quien promueve un proyecto de ley para garantizar la transferencia automática de un porcentaje del ICL directamente a los municipios, con criterios objetivos de reparto.
“Se trata de que los recursos lleguen donde se generan, y que cada municipio pueda contar con herramientas reales para mejorar infraestructura y servicios. El objetivo es fortalecer la autonomía local”, sostuvo el presidente de la comisión al presentar su iniciativa, durante el evento que se realizó el martes pasado en el segundo piso del Anexo de la Cámara.
El debate también incluye la necesidad de reactivar los Aportes del Tesoro Nacional, otra vía de financiamiento clave para los municipios, hoy también detenida. En paralelo, muchos intendentes se alinean detrás de los gobernadores que piden al Senado una revisión urgente del esquema fiscal vigente