En paralelo a la avanzada de los gobernadores en el Senado, alcaldes de la UCR, Pro y el PJ se reunieron en la Comisión de Asuntos Municipales; acusan al Gobierno libertario de concentrar recursos coparticipables y abandonar la inversión en transporte y rutas
Pablo Javkin, intendente de Rosario
En medio de una semana clave para la disputa entre las provincias y el Gobierno nacional por los fondos federales, intendentes de todo el país se reunieron hoy en la Cámara de Diputados para reclamar la restitución de partidas que, según denuncian, la Nación retiene de forma indebida. El foco está puesto en tres ejes: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los fondos fiduciarios para obra pública y el impuesto a los combustibles líquidos, que debería financiar el mantenimiento de las rutas.
La reunión fue convocada por el diputado cordobés Juan Brügge, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, aunque no pudo llegar a tiempo para presidirla por demoras en los vuelos. En su lugar estuvo Carolina Yutrovic, de Unión por la Patria. La iniciativa de esta cumbre, según señalaron los participantes, se gestó en mayo, durante la conformación del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) en Tucumán. Se da como parte de una estrategia coordinada con los gobernadores que empujan en el Senado una ofensiva legislativa por los mismos reclamos.
Aunque fueron convocados más de veinte jefes comunales de capitales provinciales, las condiciones climáticas impidieron la llegada de varios. Estuvieron presentes, entre otros, los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Marcos Castro (Viedma), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Juan Manuel García (Machagai, Chaco) y Norma Fuentes (Santiago del Estero). También el vice intendente de Puerto Madryn, Martín Ebene. Hubo representantes de las municipalidades de Río Grande (Tierra del Fuego) y Río Gallegos (Santa Cruz).
“En algún momento hay que poner un límite. La Nación es una aspiradora de recursos. No se trata de un orden fiscal, sino de acumular deuda que después alguien va a tener que pagar”, dijo Javkin a LA NACION.
El intendente rosarino acusó al Gobierno nacional de recaudar con impuestos que impactan directamente en los municipios, pero sin reinvertir en servicios. “El impuesto al débito y crédito, el IVA que pagamos los municipios, el impuesto a los combustibles líquidos. Todo eso se queda en la Nación”, agregó.
Desde Santiago del Estero, Fuentes reclamó inversiones básicas para garantizar la producción y el transporte: “¿Cómo se va a sacar la producción si no tenemos rutas?”, planteó. En la misma línea, el intendente de Machagai (Chaco) describió la situación de colapso social que enfrentan los municipios: “Somos la caja de resonancia donde la gente viene a pedir lo que le falta. Pasajes, transporte, ayuda directa”. Y advirtió: “La disolución de Vialidad es una tragedia para nosotros. Se esfuerzan por destruir lo que hizo grande a este país”.
El Cofein reúne a intendentes de distintas fuerzas -UCR, PJ, PRO y partidos provinciales- con vínculos directos con los gobernadores que lideran la ofensiva legislativa en el Senado.
Entre los convocados estuvieron Julio Alak (La Plata), Daniel Passerini (ciudad de Córdoba), Gustavo Saadi (Catamarca), Roy Nikisch (Resistencia), Damián Biss (Rawson), Eduardo Tassano (Corrientes), Rosario Romero (Paraná), Jorge Jofré (Formosa), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Luciano di Nápoli (Santa Rosa), Armando Molina (La Rioja), Ulpiano Suárez (Mendoza), Leonardo Stelatto (Posadas), Mariano Gaido (Neuquén), Marcos Castro (Viedma), Emiliano Durand (Salta), Susana Laciar (San Juan), Gastón Hissa (San Luis), Pablo Grasso (Río Gallegos), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Walter Vuoto (Ushuaia) y Bruno Cipolini (Roque Sáenz Peña).
El temario de la reunión giró en torno al impacto del retiro del Estado nacional de las inversiones públicas que históricamente se financiaban con recursos federales. Los intendentes plantearon la necesidad de revisar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y apoyaron los proyectos que los gobernadores buscan instalar en el Senado, que obligarían a coparticipar esos fondos y a distribuir los ATN en forma automática.
También se evaluó impulsar una propuesta para eximir del IVA a las contrataciones municipales vinculadas a obras y servicios públicos. “No tenemos ninguna posibilidad de descarga del IVA”, se quejó Javkin, al referirse a los sobrecostos que enfrentan los municipios al financiar infraestructura básica.
A su vez, Brügge impulsa una reforma para redistribuir el impuesto a los combustibles: propone que el 43,29% vaya a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 25,47% al Tesoro Nacional, el 28,69% al Sistema de Seguridad Social y el 2,55% al transporte público. El objetivo, según el legislador, es “recomponer el esquema federal” y garantizar la equidad territorial frente al desfinanciamiento.
El movimiento de los intendentes no es aislado: acompaña el impulso de los gobernadores, que esta semana buscarán avanzar en el Senado con dos iniciativas clave. Una establece que los ATN se distribuyan de forma automática como parte de la masa coparticipable. La otra elimina los fideicomisos creados por decreto y establece reglas claras para la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.
La tensión con el Gobierno nacional también se hará visible en el plano simbólico este martes por la noche, durante el acto oficial por el Día de la Independencia en Tucumán. Solo tres mandatarios -el anfitrión Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz- confirmaron su presencia junto a Javier Milei. El resto de los gobernadores, incluidos los dialoguistas, declinaron asistir por tener actividades ya pautadas en sus provincias.
El faltazo mayoritario -en el mismo lugar donde hace un año 18 mandatarios firmaron el frustrado Pacto de Mayo- opera como un nuevo gesto de distanciamiento. Aunque aseguran estar dispuestos a dialogar, los gobernadores sostienen que el dinero que reclaman “le pertenece a las provincias” y no afecta el equilibrio fiscal.
En este contexto, el Congreso se convierte en escenario de una ofensiva política coordinada. En el Senado, los gobernadores marcan el paso. En Diputados, sus intendentes replican la presión. La estrategia funciona como una pinza legislativa para forzar la redistribución de fondos que, denuncian, el Gobierno nacional concentra sin ley ni consenso.