
Río Negro dio un paso adelante en el nuevo mapa energético nacional al concentrar dos de los cuatro proyectos aprobados hasta ahora por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la herramienta creada por el gobierno nacional para atraer capitales a sectores estratégicos. En conjunto, las iniciativas implican inversiones por más de 6.000 millones de dólares, consolidando a la provincia como uno de los principales destinos de capital en esta primera etapa del régimen.
Los proyectos en cuestión son el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), liderado por YPF en sociedad con otras petroleras nacionales e internacionales, y la planta flotante de licuefacción de gas natural en el golfo San Matías, promovida por Pan American Energy y Golar LNG. Ambos forman parte de una estrategia de largo plazo para convertir a la región en un polo exportador de hidrocarburos, en particular gas natural licuado (GNL).
La obra del VMOS ya está en marcha y atraviesa territorio rionegrino con tramos de ductos en proceso de soldadura. Su inversión inicial fue estimada en 2.486 millones de dólares, pero se proyecta que la cifra final superará los 3.000 millones. Se trata de una infraestructura clave para ampliar la capacidad de evacuación de petróleo desde Vaca Muerta hacia un nuevo puerto de exportación sobre la costa atlántica de Río Negro.
El segundo proyecto, también aprobado bajo el paraguas del RIGI, consiste en la instalación de un barco licuefactor en el puerto de San Antonio Este. Esta planta flotante permitirá procesar gas y transformarlo en GNL para exportación. La inversión estimada es de 2.900 millones de dólares en diez años, con una proyección total de casi 7.000 millones a lo largo de su vida útil. El desarrollo posiciona a la provincia en un segmento estratégico a nivel global, donde el gas licuado gana terreno como energía de transición.
Ambas iniciativas fueron calificadas como “Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo”, categoría que exige inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares y otorga beneficios especiales dentro del RIGI, como retenciones cero para exportaciones, estabilidad tributaria por 30 años, devolución acelerada de IVA y reducción del impuesto a las Ganancias.
El respaldo institucional a esta estrategia es transversal en la política rionegrina. La provincia fue la primera en adherir al régimen y sancionar una ley propia de implementación. El oficialismo de Juntos Somos Río Negro, junto con legisladores de PRO, UCR y ARI, celebraron la adhesión como una herramienta para transformar la matriz productiva provincial. “Es una oportunidad que no podemos dejar pasar”, dijo el legislador Lucas Pica durante el debate legislativo. Solo el peronismo expresó reparos, advirtiendo sobre la posible pérdida de control soberano sobre los recursos y los beneficios locales.
En paralelo, la diputada nacional Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, se mostró entusiasta con la llegada de inversiones a través del RIGI y anticipó que podrían incorporarse también proyectos vinculados al hidrógeno verde, una de las apuestas energéticas a futuro que tiene Río Negro. En ese sentido, trabaja en una normativa específica para darles un marco legal adicional.
Actualmente, el ministerio de Economía nacional tiene en análisis otras nueve propuestas que podrían sumarse al régimen en los próximos meses. Entre ellas hay proyectos en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Salta, San Juan y Santa Fe, centrados en minería, energía renovable, siderurgia y logística. Sin embargo, ninguna otra provincia logró hasta ahora lo que Río Negro: marcar el paso en un programa federal con mirada productiva, de largo plazo y con sello exportador.
El mapa de inversiones que promueve el RIGI aún está en construcción, pero el posicionamiento temprano de Río Negro como receptor de proyectos energéticos estratégicos le otorga una ventaja comparativa que puede ser decisiva en la próxima década. La provincia apuesta a no ser solo un territorio de paso o extracción, sino una plataforma industrial y logística con impacto económico real y generación de empleo calificado.