Mendoza. El Senado provincial aprobó por mayoría una ley que habilita a los cuerpos municipales a utilizar armas de baja letalidad, como pistolas Taser, bastones y aerosoles disuasivos.
La Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto que habilita a los cuerpos municipales a utilizar armas de baja letalidad. A partir de esta ley, los municipios podrán capacitar a sus agentes de Seguridad Ciudadana para que utilicen pistolas Taser durante sus funciones.
El proyecto fue enviado por el propio gobernador, Alfredo Cornejo, y establece un marco legal regulatorio para los cuerpos de seguridad ciudadana. La norma fue aprobada por 20 votos afirmativos y 17 negativos.
La iniciativa —que incluye una serie de requisitos para que los agentes estén habilitados a utilizar estos dispositivos electrónicos— fue acompañada por dos senadores opositores: Duilio Pezzutti y Armando Magistretti.
Entre los requisitos, el Ejecutivo establece que el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) será el organismo encargado de la formación de los agentes, así como de la resolución de conflictos, derecho administrativo sancionador y primeros auxilios.
Además del uso de pistolas Taser, los agentes podrán portar otras armas de baja letalidad como bastones, aerosoles disuasivos y pistolas de aire comprimido. El proyecto prohíbe expresamente el uso de armas de fuego.
El debate
El bloque del PJ votó en contra del proyecto y denunció improvisación, falta de recursos y abandono de los municipios. Para el peronismo, la iniciativa del Ejecutivo es “improvisada” y carece de respaldo “operativo y legal”.
El senador Mauricio Sat sostuvo que el gobierno provincial intenta transferir responsabilidades a los municipios sin planificación ni recursos, lo que —según dijo— viola principios constitucionales y la Ley de Seguridad Pública vigente.
“Este proyecto es un mamarracho jurídico que busca diluir el fracaso del Ejecutivo en materia de seguridad”, afirmó Sat, y citó como ejemplo el caso de San Rafael, que debería incorporar más de 800 agentes para cumplir con la nueva normativa. “¿De dónde saldría el presupuesto para eso?”, se preguntó.
Por su parte, el senador Félix González manifestó su rechazo a lo que calificó como “una política errática, sin articulación con los municipios y sin un plan real de seguridad”.
Desde el PRO, el senador Gabriel Pradines también se mostró crítico y consideró que la iniciativa “demuestra que el Gobierno de Mendoza ha fracasado en la gestión de la seguridad en la provincia”. Y agregó: “Después de 10 años, hay una crisis de gestión. Cualquier mendocino es consciente de la tremenda inseguridad que estamos atravesando”.
Pradines también cuestionó la falta de financiamiento: “Es una agravante que el proyecto pretenda que los municipios se ocupen del problema sin una transferencia de los fondos necesarios para su implementación”.
No obstante, Duilio Pezzutti, del monobloque Podemos Encuentro Peronista, acompañó la propuesta. “Tenemos que lograr que tiremos todos para el mismo lado, para que podamos ponernos de acuerdo en uno o dos temas. Creo que este es uno clarísimo, y debemos actuar en consecuencia. Por eso, adelanto mi voto positivo en general y en particular”, expresó.
Por último, el senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti, también votó a favor, aunque señaló una serie de reparos.
“Voy a acompañar el proyecto con el ánimo de que, de una vez por todas, el gobernador pueda terminar de redondear una política de Estado en materia de seguridad. A pesar de que la Legislatura permanentemente le brinda las herramientas necesarias, no logra convocar a las fuerzas políticas para construir esa política. Las leyes las aplican los funcionarios, y lamentablemente tengo que decir que en el área de seguridad hay funcionarios que no funcionan”, concluyó