No obstante, la gran diferencia es que –por definición– los impuestos gravan capacidad contributiva, mientras el pago de tasas y contribuciones requiere la contraprestación estatal de un servicio u obra que, en teoría, debería beneficiar de manera focalizada al contribuyente. En la práctica, esta finalidad es la excepción más que la regla en muchos municipios de todo el país. Por eso resulta insólito que impongan tasas inexplicables y muchas veces abusivas, sin brindar nada a cambio ni tampoco rendir cuentas sobre el destino de la recaudación.
Con el fuerte ajuste fiscal de 2024, se acentuó la voracidad tributaria en provincias y municipios.
Una tasa municipal generalizada y explicable es la de inspección, seguridad e higiene (TISH), cuya recaudación equivale al 0,7% del PBI nacional y se ubica en el puesto 12° de los principales tributos. Pero en muchos casos representa una carga enorme para diversas actividades.
Hace meses, el Banco de la Nación hizo punta con acciones judiciales y administrativas contra alícuotas abusivas en medio centenar de municipios de siete provincias. Entre las más notorias, cerró la gerencia zonal de La Pampa y dispuso su traslado a San Luis, tras interponer ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad por la decisión pampeana de subir de 7% a 15,47% la alícuota del impuesto a los ingresos brutos (II.BB.) sobre la actividad financiera. Del mismo modo, a fin de abril cerró su sucursal en Ramos Mejía (La Matanza) y pasó a atender a sus clientes en la de Tres de Febrero. De lo contrario, tendría que haber elevado el costo de los créditos hipotecarios a familias y pymes en ese partido, ya que la elevada tasa municipal se transformaba en un virtual II.BB.
A la inversa, después de varias audiencias, el BNA logró un preacuerdo con el municipio de General Deheza (Córdoba) para retomar el pago de la tasa de comercio e industria a cambio de una importante reducción de la alícuota, que equivalía a un millón de dólares mensuales, el doble del costo operativo en gastos de personal. También hubo acuerdos con los de Jesús María y General Cabrera (en este caso, previa medida cautelar) y se negocia con Córdoba capital la revisión de la tasa.
En cambio, el Banco obtuvo medidas cautelares que suspendieron el pago de la TSH en La Plata y Bariloche y en las municipalidades de Rafaela, Avellaneda y San Javier (Santa Fe), mientras mantiene litigios con las de Cruz del Eje, Río Cuarto, San Francisco, Río Tercero, Villa María y Hernando (Córdoba).
“Colgados” del surtidor
Aunque en abril el juzgado federal de San Isidro rechazó los pedidos de amparo de siete municipios del conurbano bonaerense (Tigre, Hurlingham, Moreno, Gral. Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín) contra la prohibición del Ministerio de Economía de incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos, todos ellos más otra docena ya habían encontrado otra forma directa de recaudar. En vez de “colgarse” de las facturas, lo hicieron de los surtidores, a través de una “tasa vial” por la venta de naftas y/o gasoil, que encarece el precio final entre 1% y 2,5% por litro según los casos. De más está decir que los combustibles líquidos ya están gravados a nivel nacional por el ICL, cuya recaudación –equivalente a 0,7% del PBI– es coparticipable y muy excepcionalmente las municipalidades se ocupan de mantener rutas.
Patricia Vásquez, abogada y diputada nacional por Pro, envió este año pedidos de información a los 135 municipios bonaerenses para verificar si informan a sus vecinos todas las tasas que aplican. Solo recibió 10 respuestas que remiten a la ordenanza fiscal; un texto complejo que puede tener hasta 50 páginas de difícil interpretación.
La legisladora considera aún más grave que el Tribunal de Cuentas provincial –cuyos cargos son vitalicios– no se ocupe de los vecinos ni controle el destino de la recaudación de las tasas viales, ya que estas deben tener una contraprestación que las justifique. “Si se le pregunta a un concejal en qué se invirtieron esos recursos, dirá que hay rendición de gastos generales, pero no imputaciones específicas”, explica. Y para completar el cuadro, agrega que los municipios tienen la facultad de usar discrecionalmente los intereses de los fondos recibidos por coparticipación de impuestos (nacionales y provinciales), que algunos depositan en plazos fijos para que se vayan capitalizando. Como (mal) ejemplo señala a Fernando Espinoza, intendente kirchnerista de La Matanza, “que destinó esos intereses para comprar votos con donaciones o regalos”.
Abusivos a cambio de nada
A lo largo y ancho del país proliferan tasas municipales extravagantes o superpuestas sin contraprestación alguna, como detalló el programa GuadaVibes, que en el canal de streaming Neura conduce la periodista Guadalupe Vázquez, con Federico Teijeiro como columnista especializado en investigación y datos y el abogado Pablo Abdón Torres como invitado.
Por caso, Teijeiro reveló que la municipalidad de Lincoln percibió en 2023 un monto de $137 millones del fondo compensador del impuesto inmobiliario rural para obras viales. Pero además cobra tres tasas para mantener caminos rurales que, pese a no existir en ese partido, según Torres, le permitieron ese año recaudar casi $1100 millones y convertirlo en el rubro de mayor ingreso no tributario.
Otro caso, aún más insólito, es el descubierto por el especialista en la comuna santafesina de Álvarez, de 7400 habitantes, a 17 kilómetros de Rosario. Una ordenanza de 17 páginas impuso en 2024 una tasa por gestión de neumáticos fuera de uso (NFU), como adhesión a políticas públicas de protección ambiental. Pero no solo se aplica a todo tipo de rodados, sino que para mantenerla actualizada establece como unidad tributaria (UT) por neumático descartado el equivalente a un litro de nafta súper en el Automóvil Club de la CABA (sic). La tasa alcanza a “cualquier persona física o jurídica que fabrica, produce, importa y/o coloca los neumáticos en el mercado a cualquier título y de cualquier forma”, que deberá abonar por cada NFU. La escala se aplica a autos (11 UT); motos, cuatriciciclos, bicicletas motorizadas y similares (3,5); camionetas, pickups y SUV (16); camiones, ómnibus y similares (30); tractores y maquinaria agrícola (50), y hasta maquinaria minera (100 UT). No obstante, establece que el monto total a pagar por cada contribuyente no debe ser inferior a 5500 unidades tributarias anuales (unos $ 7 millones a valor actual), un evidente desincentivo a la permanencia o instalación de gomerías.
No menos extravagante es la ordenanza tributaria 2024 de Santa Rosa de Calchines, un municipio de 7836 habitantes, a 40 kilómetros de la capital santafesina. Teijeiro y Torres destacan que la tasa para mantener o mejorar caminos rurales se aplica tanto a la zona agrícola de la comuna (donde está automatizada la producción de zanahorias) cuanto a parcelas de esteros y bañados ubicados al oeste y de islas al este del casco urbano. Lo insólito es que estas dos últimas, al ser inundables, no tienen caminos rurales (al menos transitables por vehículos). No obstante, la primera categoría debe pagar un importe equivalente a 5 litros de gasoil por hectárea (un valor similar al costo de combustible para cosecharla), con un mínimo de 50 litros por parcela o lote al año. En la segunda es de 0,625 litro por hectárea y en la tercera, de 0,325 litro, aunque no tengan justificación.
“Quien vive en Calchines no puede hacer absolutamente nada sin pagar un impuesto o tasa sin contraprestación”, afirma Teijeiro. Además de los derechos de registro e inspección a industrias y producción, la municipalidad que gobierna el intendente socialista Carlos Yossen (Unidos para Cambiar Santa Fe) desde fin de 2023 estableció el pago de derechos variables a abonar por feriantes, titulares de kioscos precarios por día, vendedores ambulantes o “accidentales” (sic) con o sin vehículo (y/o con o sin altoparlante), autorización para colocar en la vía pública altavoces para uso publicitario y para la venta de rifas. También rigen derechos por puestos de venta o promociones de concesionarios de automóviles o similares en plazas o espacios públicos y de peloteros inflables o juegos infantiles (en este caso por día). El colmo es el pago por repartir volantes publicitarios ($300 por cada uno distribuido). Los montos fijados en enero de 2024 iban de $13.000 a $96.000, actualizados trimestralmente por una fórmula de ajuste máximo fijada por el Ministerio del Interior basado en la inflación.
El conurbano bonaerense tampoco está exento de otras arbitrariedades tributarias. La diputada Vásquez señala que Cañuelas cobra por una tasa de iluminación pública y servicios generales, pero también otra por iluminación de rotondas. El municipio de Morón todavía cobra la tasa Covid y el de Ezeiza, una a los stickers comerciales en las vidrieras, variable según su tamaño.