Según los legisladores, la iniciativa responde a un reclamo persistente del interior productivo bonaerense, que desde hace décadas denuncia el deterioro de los caminos rurales. “La Legislatura bonaerense no puede seguir haciendo la plancha frente a este inobjetable reclamo del campo”, afirmó Bugallo, y agregó: “Es imperiosa una solución urgente para poner fin al abandono y al uso inadecuado de fondos públicos”.
El proyecto propone que cada municipio que perciba la Tasa Vial deba constituir una Comisión Vial integrada por cinco productores rurales y dos representantes municipales con idoneidad técnica. Estas comisiones, sin remuneración alguna, serían las encargadas de elaborar un plan anual de obras, definir los costos, controlar la asignación de recursos y ejecutar o contratar los trabajos.
Para financiar estos planes, la propuesta establece que el 50% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural en cada municipio sea transferido directamente a las Comisiones Viales, mediante una cuenta especial. En tanto, si con esos fondos no se alcanzara a cubrir los costos del mantenimiento de caminos rurales, los municipios podrían cobrar una Tasa Vial, y solo por el monto faltante. Si hubiera excedente, quedaría reservado para el próximo ejercicio fiscal.
Además, la iniciativa de los legisladores de la Coalición Cívica incluye la gratuidad de las guías emitidas digitalmente por autogestión, al argumentar que “ya no existe un servicio municipal efectivo que justifique el cobro”. “Históricamente las guías eran útiles para controlar arreos de ganado y se justificaba las tasas municipales. Hoy, con el transporte por camiones y el sistema de guía única digital que gestiona la Provincia, ese cobro perdió razón de ser”, explicó Bugallo.
Asimismo, el proyecto establece que los certificados vinculados al régimen de marcas y señales para los caminos rurales que sigan siendo emitidos por los municipios deberán tener un valor único, razonable y directamente vinculado al costo del servicio prestado, similar al de cualquier certificación administrativa.
Es que, desde la Coalición Cívica, sostienen que este nuevo régimen fortalecerá la transparencia, garantizará la afectación específica de los fondos y fomentará la participación ciudadana en el control del gasto público, al tiempo que consideran que permitirá restablecer la confianza de los contribuyentes en el vínculo entre el tributo y el destino de los recursos.
En los fundamentos del proyecto que busca la mejora de los caminos rurales, los diputados bonaerenses destacan que esta propuesta corrige un retroceso institucional, ya que el sistema original de coparticipación del Impuesto Inmobiliario Rural preveía que la mitad de esos recursos debía destinarse a vialidad rural. Con el tiempo, esa obligación fue desdibujada o directamente ignorada por algunos municipios.
“Esta ley busca restituir legalidad, proporcionalidad y control ciudadano sobre dos instrumentos tributarios que por su mal uso han afectado la confianza pública y la equidad fiscal”, concluyeron los legisladores de la Coalición Cívica, que ya ingresaron el escrito a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires