De avanzar la propuesta de dividir el IVA entre Nación y provincias, la mayoría de las jurisdicciones deberán aumentar su carga tributaria para sostener sus ingresos. Esto generaría asimetrías impositivas con fuerte impacto en los precios finales, especialmente en la nafta y el gasoil.
La propuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, de dividir la recaudación del Impuesto al Valor Agregado entre la Nación y las provincias abre un debate profundo sobre el futuro de la coparticipación y la equidad fiscal entre jurisdicciones. Según un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la medida tendría un impacto negativo en 18 de las 24 provincias, que verían caer sus ingresos si aplicaran una alícuota del 11 por ciento como se sugiere. Para compensar, deberían subir su parte del impuesto, lo que en la práctica implicaría una carga fiscal muy superior a la actual y repercutiría de forma directa en los precios al consumidor, especialmente en sectores sensibles como los combustibles.
“El objetivo es generar competencia impositiva entre las provincias”, aseguró Caputo en una entrevista. Allí explicó que la propuesta consiste en dividir el actual IVA del 21 por ciento en dos partes: un 9 por ciento que seguiría siendo nacional y un 12 por ciento que quedaría a cargo de las provincias. Sin embargo, el IARAF advirtió que este diseño, lejos de equilibrar el sistema, profundizaría las asimetrías existentes.
En su análisis, el instituto proyectó que solo seis jurisdicciones –Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Córdoba y Santa Fe– se beneficiarían del esquema, incluso manteniendo la alícuota del 11 por ciento. En cambio, las otras 18 provincias verían reducidos sus ingresos si no incrementan esa alícuota, lo cual genera un escenario preocupante: si desean conservar el mismo nivel de recaudación actual, deberán subir su parte del impuesto a niveles difíciles de sostener en la práctica.
Catamarca, Formosa y La Rioja son los casos más extremos. Para mantener sus ingresos, deberían aplicar alícuotas provinciales tan elevadas que, sumadas a la parte nacional, la carga total del IVA llegaría al 81,4 por ciento, 56,5 por ciento y 52,9 por ciento, respectivamente. “Son cifras imposibles de implementar en la práctica”, alertaron desde el IARAF. Y agregaron que este tipo de distorsiones generaría precios finales dispares para un mismo producto según la provincia, con impacto en rubros de alto consumo masivo como los combustibles.
Si este escenario se concreta, los precios de la nafta y el gasoil podrían registrar subas considerables en los surtidores de las provincias más afectadas. El mismo producto de una misma marca podría costar mucho más caro en Catamarca o Formosa que en Buenos Aires o Córdoba, generando desigualdades tanto para consumidores como para empresas del transporte y la logística.
De las seis provincias que saldrían ganando con el nuevo esquema, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires lideran la lista. Con una alícuota del 11 por ciento, incrementarían sus ingresos totales en un 23,4 por ciento y 18,7 por ciento respectivamente. Les seguirían Neuquén, Chubut, Córdoba y Santa Fe con mejoras más modestas. Mendoza y Santa Cruz estarían en una zona intermedia, con una pérdida promedio del 6 por ciento.
En tanto, provincias como Corrientes, Tucumán, Río Negro, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Salta y Misiones sufrirían una reducción del 15 por ciento en sus ingresos. San Luis y Jujuy caerían un 21 por ciento y Chaco y San Juan un 28 por ciento. Finalmente, el grupo más perjudicado estaría conformado por Catamarca, La Rioja y Formosa, con un desplome del 35 por ciento en su recaudación total si no suben su parte del impuesto.
Más allá del impacto económico inmediato, el debate sobre la división del IVA reaviva una discusión institucional que lleva más de tres décadas pendiente: la sanción de una nueva ley de coparticipación federal, como ordenó la reforma constitucional de 1994. En ese sentido, la propuesta del Gobierno puede interpretarse como un intento de avanzar hacia un nuevo esquema fiscal, pero sin el consenso político ni los mecanismos compensatorios necesarios para garantizar equidad territorial.
En este contexto, el economista y socio del estudio Lisicki Litvin & Asociados Martín Caranta, introdujo otro elemento clave: la relación entre este “nuevo IVA provincial” y el impuesto a los Ingresos Brutos, que actualmente representa la principal fuente de recaudación para muchas provincias. “Habría que ver si este IVA provincial va a reemplazar o no a Ingresos Brutos”, advirtió. Y subrayó que este tributo se caracteriza por el “uso y abuso” de regímenes de recaudación anticipada, lo que genera saldos a favor crónicos para las empresas.