La autora analiza cuáles son los requerimientos para que la minería genere confianza tanto en los inversores como en la comunidad mendocina.
Recordando que los recursos naturales no renovables son propiedad de los estados provinciales, el arco político de Mendoza está dando buenas señales al dejar de usar a la minería como eje de pugnas partidarias para empezar a diseñar políticas de Estado en torno a esta industria.
De todas maneras, esto es insuficiente para generar confianza en los inversores. Contar con una ley provincial que condiciona la extracción de minerales metalíferos, prohibiendo el uso de los reactivos químicos más usados, probados y controlados en la industria minera mundial, sigue generando desconfianza entre los inversores.
Más cuando estos no han generado ninguna catástrofe mundial y menos en nuestro vecino país, Chile, primer productor mundial de cobre y, a su vez, cuando se permite su uso indiscriminado en otras industrias provinciales.
Otro factor que promueve la desconfianza es la creación de un organismo del Estado que ayude a sortear los artículos más incómodos de la mencionada ley, como lo es la “ratificación legislativa”.
Un proyecto minero que, como mínimo, presente su informe de impacto ambiental de acuerdo con la normativa vigente, ley nacional 24.585 (de presupuestos mínimos “de protección ambiental para la actividad minera”) y decreto provincial 820, y obtenga su declaración de impacto ambiental, debería poder comenzar a trabajar sin más requerimiento. Salir del campo técnico-científico para pasar al político no ayuda ante los ojos del mundo. Las compañías junior no deberían contar con una institución que les “ayude”, sino más bien que “controle”.
Y hablando de confianza, de aquí surge otro tema tan o más importante que los anteriores, que es el de los controles. El reclamo social sobre el rol del Estado como organismo que controla a la industria sigue estando presente hasta en las audiencias públicas de minerales no metalíferos y rocas de aplicación.
El Estado provincial debería salir del negocio minero y sostener firmemente su rol de promotor de la industria, de mantener estabilidad jurídica para estos proyectos (cuya vida útil es superior a la de los sucesivos cambios de Gobierno). Pero, sobre todo, debería generar confianza en la población, comprometiéndose a sumar profesionales idóneos para que los controles sean realizados con la mayor fidelidad a lo largo de las diferentes etapas del ciclo minero.
Las empresas también deberían comprometerse en desarrollar en la provincia programas de certificación voluntaria, más allá de lo que estrictamente pide la ley. Estos programas ayudan a la generación de confianza y transparencia, no solo en lo referente al impacto sobre los medios físico, biológico y económico, sino en lo sociocultural.
Abrir las puertas de los proyectos desde etapas tempranas en lo comunicacional también colabora con el conocimiento de las tareas a realizar, de los impactos positivos que se pueden generar, y ayuda a que las comunidades puedan prepararse para brindar mano de obra, bienes y servicios.
El trabajo social de las empresas no debe confundirse con filantropía o amiguismo; debe haber un serio trabajo basado en los principios para el desarrollo de una exploración minera responsable, donde haya un sistema de gestión empresarial ético apuntalado en las buenas prácticas, en el respeto a los derechos humanos y en el conocimiento de las comunidades anfitrionas para tender a su desarrollo y bienestar.
El desarrollo de una minería responsable en Mendoza es posible. La generación de confianza es un proceso lento, pero debe abordarse con transparencia y estar basado en la comunicación, información y educación, para que la sociedad tenga herramientas a la hora de tomar una postura fundada en datos técnicos y no en posturas ideológicas.
* La autora es magister en Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales