Involucra a actuales legisladores, ex funcionarios de la provincia y también a miembros del Poder Judicial que atravesaron procesos de juicio político.
La sanción de la ley de Ficha Limpia, enviada por el gobernador Rolando Figueroa y sancionada por la Legislatura, impedirá que aquellas personas que tengan alguna causa en la justicia tipificada por la flamante norma no puedan presentarse como candidatos ni tampoco ocupar cargos públicos en la provincia de Neuquén.
¿A quiénes alcanzará Ficha Limpia? El caso ya conocido es el de la destituida ex vicegobernadora Gloria Ruiz pero hay otros que involucran a actuales legisladores, funcionarios y también a ex miembros del Poder Judicial.
Ruiz, además de haber sido eyectada de su cargo y que todavía deberá enfrentar una causa en el ámbito de la Justicia al estar acusada de diferentes delitos, se verá impedida a futuro tanto de ser candidata como de poder ejercer como funcionaria.
Esto a partir de que el inciso H, en su artículo 2 de la ley de Ficha Limpia, al sustituir el 68 de la Ley 3053 del Código Electoral, establece que no pueden ser candidatos para cargos representativos “los que hubiesen sido inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para el impedimento, la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública”.
A su vez, ese mismo artículo, en su inciso I, indica que tampoco pueden postularse “las personas que hayan sido beneficiadas con una suspensión de juicio a prueba regulada por el artículo 76 bis del Código Penal”.
Según información que consta en la Justicia y a la que pudo acceder LMNeuquén, esto último le cabe, por ejemplo, a la actual diputada nacional Nadia Márquez, quien fue imputada por “estafa y otras defraudaciones” (expediente 6982/13), junto a Lucio Fernández, Marcelo Lafitte, Hugo Macchiavelli y Augusto Himitian, y que se acogió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba o probation, que implica un acuerdo entre el imputado y el Estado para evitar el juicio oral y la pena de prisión.
La actual legisladora en 2013 accedió al beneficio y en 2016 se cerró la causa penal con sobreseimiento por haber cumplido las condiciones en ese marco de suspensión de juicio a prueba.
Todo esto, más allá de que Márquez podría recibir otro revés si la Justicia avanza con la causa por peculado que le inició el año pasado el ex diputado provincial Mariano Mansilla, al acusarla de haber utilizado la Casa de Las Leyes como bunker partidario, en medio del escándalo por supuestos actos de corrupción de Pablo Ruiz, hermano de la destituida vicegobernadora, y quien estaba como coordinador de ese lugar.
No obstante, sólo el hecho de haberse beneficiado con el juicio a prueba en esa causa por estafa es suficiente para que la actual diputada nacional no pueda acceder a futuro a ningún cargo Ejecutivo, como tampoco ser candidata dentro de la provincia de Neuquén (gobernadora, vice o diputada provincial). Y lo mismo en los municipios que adhieran a la norma.
Funcionarios
Respecto a funcionarios públicos, uno de los casos alcanzados por Ficha Limpia es el del actual director del hospital Heller y ex intendente de Barrancas, Ricardo Funes, quien fue condenado en 2002 por malversar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas.
La condena incluyó dos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, electivos y administrativos como así también una multa del 20% de los fondos malversados. Debido al incumplimiento del pago dispuesto, la Justicia transformó esta sanción en una pena de prisión efectiva de seis meses. Para el caso de Funes aplica el inciso b del artículo 2 de Ficha Limpia, que impide ejercer cargos públicos a “los condenados por delitos dolosos comunes o federales”.
Desde el gobierno provincial ya le pidieron la renuncia a Funes y abrieron la convocatoria para cubrir ese cargo, a través de un proceso de selección que comenzará con la inscripción de postulantes desde el 21 hasta el 25 de este mes.
En lo que respecta a ex funcionarios de la anterior gestión de Gobierno, quedarán impedidos de volver a ejercer por Ficha Limpia todos aquellos que terminen siendo condenados, por ejemplo, en la causa por estafa con planes sociales, y los que ya se adhirieron a la suspensión de juicio a prueba (siete) por esta u otras causas como Alfredo Cury (abogado y ex funcionario del extinto Ministerio de Desarrollo Social).
En enero de 2019, Cury protagonizó un violento episodio en el lavadero de calles Río Dulce e Illiam, cuando fue a exigir que le devolvieran dinero y un par de lentes que supuestamente había dejado en su auto BMW cuando lo entregó para lavar. Al no encontrar nada, con una requisa, volvió el día siguiente con cinco personas. Mediante amenazas de arma de fuego e insultos, uno golpeó a un empleado, robó dinero y otro, un celular. Todo quedó filmado por las cámaras del lugar. Tras el inicio de un proceso judicial, el abogado recibió una suspensión de juicio a prueba el 16 de agosto.
Cury también está imputado e irá a juicio por la causa de estafa con planes sociales, acusado de anticipar los allanamientos que se iban a hacer, de dar directivas a los involucrados en torno a que «limpien sus casas» para eliminar elementos de prueba y de solicitar de “manera intimidante” que no hablen.
Casos de la Justicia
Ficha Limpia abarca el impedimento para la asunción de una candidatura o cargo a quienes “hubiesen sido inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para el impedimento, la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública”.
La medida aplica para los tres poderes del Estado y dentro del Poder Judicial hay varios casos que derivaron en jurados de enjuiciamiento. Uno de los más recordados es el de Marcelo Muñoz, que se desempeñaba como juez Penal de Neuquén cuando fue destituido, y que en septiembre de 2016 había chocado desde atrás a un auto en la multitrocha de la ruta nacional 22 en dirección Plottier- Neuquén.
Muñoz se dio a la fuga y, al ser detenido, se negó a realizar el test de alcoholemia. En su defensa, alegó que había trabajado por “largas horas y que se había quedado dormido” pero después la justicia comprobó que había mentido.
También se verá impedida de asumir un cargo en el Poder Judicial por Ficha Limpia la ex jueza Civil de Chos Malal Graciela Rossi, quien fue destituida en 2013 por considerar como “probado” que “hostigó y acosó laboralmente a sus empleados”.
Lo mismo que el fiscal Penal de Chos Malal, Ricardo Videla (2018), por mal desempeño respecto de su intervención en la causa que terminó con el recordado y trágico doble femicidio en Las Ovejas de Karina Apablaza y su hija Valentina.
Igual situación para el juez Civil de Rincón de los Sauces Sebastián Villegas. Se lo destituyó en 2023 luego de que atravesara un juicio político acusado de acoso sexual y violencia de género, por episodios acontecidos entre 2017 y 2018.
El último Jurado de Enjuiciamiento fue el que destituyó al defensor Civil de Junín de los Andes, Javier Cassano, en octubre de 2023 por mal desempeño, al declararlo responsable en cuatro de cinco hechos que se le atribuyeron.
A su vez, otros magistrados renunciaron antes de llegar al final del proceso de enjuiciamiento, como el ex integrante del Colegio de Jueces de la I Circunscripción Judicial, Diego Piedrabuena, y el ex defensor Civil, Mariano Serralunga, ambos por mal desempeño en sus funciones.
Alcance de la ley
La ley de Ficha Limpia sancionada por la Legislatura y reglamentada por el Ejecutivo aplica tanto para cargos electivos como en los correspondientes a designaciones en el Poder Ejecutivo y el Judicial en el ámbito de la provincia de Neuquén.
En su artículo sexto, “se invita a los municipios de primera categoría a adherir a los términos de esta ley”, algo que ya hizo la Municipalidad de Neuquén capital.
La ordenanza, que impulsó el edil Joaquín Eguia, del bloque Fuerza Libertaria, adhiere a la ley provincial y amplía el alcance de una norma sancionada en 2023, ya que aplica tanto para cargos electivos (concejales e intendente) como a jerárquicos del Poder Ejecutivo de la ciudad, es decir, secretarías y subsecretarías.
Entre los fundamentos del proyecto aprobado se apuntó a “elevar los estándares de ética pública”, en el marco de una “serie de medidas impulsadas por distintas fuerzas para garantizar mayor transparencia institucional”