El proyecto fue presentado en la Legislatura y establece medidas urgentes para sostener la producción y los empleos en la Cuenca. También propone la creación de un Consejo Hidrocarburífero con representación sindical y política.
En medio de un escenario de incertidumbre laboral y productiva en la Cuenca Carbonífera, se presentó en la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley para declarar la Emergencia Pública en materia carbonífera, con una duración inicial de 12 meses, prorrogable por el Poder Ejecutivo por igual período. El mismo fue presentado en la última sesión ordinaria, realizada el pasado jueves. La iniciativa fue girada a comisiones para su análisis, y contempla un paquete de medidas orientadas a proteger la actividad de YCRT, los empleos y la infraestructura energética vinculada al carbón. El proyecto fue declarado las comisiones de Recursos Naturales y Legislación General, según informaron.
El texto establece que el estado de emergencia incluye a la totalidad de la Unidad Productiva de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales, lo cual comprende la Usina Termoeléctrica “14 Mineros” de 240 megas, el complejo minero subterráneo, y el ramal ferroportuario de Punta Loyola, actualmente alcanzados por la nueva figura jurídica nacional estipulada en el Decreto 115/2024.
“Es necesario priorizar, salvaguardar y sostener la producción de carbón en la provincia, garantizando la estabilidad de los trabajadores y el funcionamiento de una infraestructura clave para el desarrollo energético”, señalaron los diputados en los fundamentos del proyecto. “Frente a un modelo económico nacional de ajuste indeterminado, debemos adoptar medidas que preserven los recursos provinciales”, añadieron.
Uno de los puntos más contundentes de la iniciativa es la prohibición de despidos sin justa causa para todo el personal vinculado a la actividad carbonífera, durante el plazo que dure la emergencia. “Establecemos la prohibición expresa de despidos porque las familias mineras no pueden ser la variable de ajuste. Es un gesto político claro de respaldo a la Cuenca”, remarcaron los legisladores.
A su vez, el proyecto autoriza al Ministerio de Energía y Minería de la provincia a adoptar medidas administrativas, legales y operativas “para sostener los acuerdos existentes, defender los puestos de trabajo y garantizar el mantenimiento del sistema productivo”.