En un mundo cada vez más digitalizado, los municipios se enfrentan a un desafío crítico: garantizar la seguridad de los sistemas que administran la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Desde el suministro de agua hasta los sistemas de transporte y salud, la dependencia de la tecnología ha crecido exponencialmente. Sin embargo, junto con estas oportunidades de modernización, ha emergido una amenaza significativa: el cibercrimen.
Columna escrita por Fernando Arrieta, Director Regional de G-CERTI Global Certification
América Latina es una de las regiones más vulnerables a los ciberataques a nivel mundial. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 60% de los municipios carecen de protocolos básicos de ciberseguridad, dejando expuestos datos personales de los ciudadanos y los servicios críticos que sostienen sus comunidades. El BID estima que los ataques cibernéticos en la región podrían generar pérdidas económicas de hasta 90 mil millones de dólares al año.
En 2023, el 35% de los ataques de ransomware en América Latina tuvieron como objetivo instituciones gubernamentales, según datos de Kaspersky. Los delincuentes no solo buscan robar datos sensibles, sino también extorsionar a los gobiernos mediante ransomware, secuestrando sistemas completos a cambio de pagos exorbitantes. En un caso reciente en Brasil, un ataque de ransomware paralizó los sistemas de transporte público en una ciudad durante cinco días, afectando a más de 1,2 millones de personas.
La ciberseguridad en números
En 2022, América Latina registró 289 millones de intentos de ciberataques, un incremento del 37% en comparación con 2021, según un informe de Fortinet.