No corresponde que los intendentes sigan trasladando a los vecinos su ineficiencia administrativa y los costos de sus gigantescas estructuras políticas
La vieja discusión sobre la pesada carga tributaria en la Argentina reconoce su origen en el desproporcionado aumento del gasto público y en la imaginación de los gobernantes para seguir esquilmando a los contribuyentes para sostenerlo.
Uno de los más recordados ejemplos de esa creatividad mal entendida fue el “impuesto al viento”, sancionado por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn en 2020 y frenado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Fuera de ese caso tan absurdo, una reciente investigación periodística de LA NACION reveló que existen nada menos que 84 diferentes tipos de tasas municipales en el país. Más allá de este abultado e insólito número, se trata de cargas aplicadas mayoritariamente sin una contraprestación y en forma solapada con otros tributos o con el pago de servicios públicos.
Hace cuatro meses, de manera absolutamente justificada, el gobierno nacional oficializó la prohibición a los municipios del cobro de tasas en las facturas de servicios públicos. La resistencia de no pocos intendentes a cumplir esa norma derivó en una batalla que se libra en el Poder Judicial.
Esta semana el Gobierno dio otro paso para terminar con esos abusos. Cuando el mes próximo se retomen las audiencias públicas con los entes reguladores de las empresas de servicios, Economía buscará eliminar que las distribuidoras corten el suministro en caso de deudas de tasas municipales. Es decir, que solo puedan hacerlo si se adeuda el servicio.
Expertos en derecho tributario enfatizan que los municipios no pueden cobrar impuestos y que, aun cuando pueden reclamar el pago de tasas, estas deben responder a un servicio prestado. Por ende, el valor de cualquier tasa debe relacionarse con el costo de la prestación. Si, por el contrario, el precio de la tasa se calcula en función de la facturación, estaríamos ante una deformación y eso explica la cantidad de juicios contra los municipios por el cobro de tasas sin la correspondiente contraprestación.
Los municipios con más problemas respecto de la ausencia de contraprestación por el cobro de tasas son los de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Tucumán, Chaco y Formosa.
Según un informe de la UIA sobre presión tributaria, las empresas abonan, en promedio, 7,4 tasas municipales. Uno de cada tres pagos corresponde a seguridad e higiene, rubro seguido por la de habilitación de actividades económicas.
Entidades como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) señalan que en Henderson hubo subas de la tasa vial superiores al 200%. La nómina de municipios con mayores alzas se completa con San Pedro, General Viamonte, Lincoln y Chacabuco. Lo peor de todo es que semejantes aumentos no reflejan la contraprestación del servicio, que debería ser la reparación de caminos rurales.
Algunos jefes comunales intentan justificar las desmedidas tasas municipales en la disminución de los giros desde los gobiernos provinciales y de la Nación. Sin embargo, nada dicen sobre el descomunal peso de los aparatos políticos en sus presupuestos. En tal sentido, un estudio de la Fundación Libertad da cuenta de que, en 55 municipios de todo el país relevados, el costo por concejal promedia los 129,4 millones de pesos anuales, aunque en ciudades como San Miguel de Tucumán y Río Gallegos alcanza 600 millones de pesos por año.
Recientemente, Economía envió una nota a las provincias en la que solicita que se instrumenten medidas para que sus municipios deroguen las tasas municipales cuyo valor no guarde proporción con el costo de la prestación del servicio y pidió que, de no cumplir con eso, se les suspenda su participación de la masa coparticipable. Justificó su requerimiento en que el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria por las comunas “perjudica los esfuerzos del Gobierno para evitar incrementos en la presión tributaria”, además de afectar los costos de bienes y servicios, y de impedir una mayor reducción de la inflación. Un ejemplo de esto último puede advertirse en cómo la creación o el incremento constante de las tasas municipales afecta el consumo de combustible, de modo que el precio de la nafta en el Gran Buenos Aires es mayor que en la Capital Federal.
Cabe recordar, además, que días atrás se reglamentó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, por el que los tickets deben reflejar con claridad los impuestos que los ciudadanos abonan en cada una de las compras que realizan. De ese modo, las grandes empresas deben visibilizar el IVA y los impuestos internos y, más adelante, se incorporarán los demás comercios y tributos, incluyendo ingresos brutos y tasas municipales, en la medida en que las provincias adhieran. La implementación de ese régimen fue impulsada por Lógica, una activa y diligente asociación apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad.
Es vital que los intendentes entiendan que, de acuerdo con el mensaje de la mayoría de la ciudadanía en las urnas, ha llegado la hora de que los grandes ajustes los haga la política y no el común de la gente. No es viable que los jefes comunales pretendan trasladar su ineficiencia administrativa y los costos de sus gigantescas estructuras municipales a los vecinos. Mucho menos, cuando su propósito oculto es financiar sus campañas electorales y servirse a sí mismos y a sus aparatos clientelares, antes que servir al bien común