El 12 de abril, en la Sentencia N°26 el Juez de Juicio Unipersonal de la 3ª Circunscripción judicial, resolvió declarar a Castellanos como autor del delito de usurpación en concurso ideal con abuso de autoridad. El Tribunal de Juicio de Mercedes lo condenó a cumplir la pena de 1 año y seis meses de prisión, y tres años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, con costas.
Se recuerda que, el hecho ocurrió el 9 de diciembre de 2021 cuando Castellanos llegó hasta la casa de un vecino y con una topadora tiró abajo su vivienda, aprovechando que en ese momento no se encontraba nadie. El jefe comunal se justificó asegurando que era algo que había hablado previamente con el dueño del inmueble y que su idea, una vez despejado el lugar, era construir otras viviendas.
El damnificado negó cualquier tipo de acuerdo. Incluso afirmó que ese día había ido como cualquier otro a trabajar al campo hasta que le avisaron que le habían “tumbado” su casa. Tras la denuncia, la Justicia constató que el vecino era propietario legal.
La condena y la sentencia del Superior Tribunal de Justicia trasuntan la protección a las víctimas vulneradas por la violencia ejercida desde el aparato estatal, denominada violencia institucional.
RECURSOS DE LA DEFENSA
No obstante, la defensa de Castellanos presentó un recurso invocando nulidad de la sentencia dictada en su contra, basándose en supuestas violaciones al debido proceso y a la sana crítica racional. Según los abogados, el fallo contiene “fundamentación aparente” y errores graves en la aplicación del derecho.
Según la defensa, existió un acuerdo previo entre Castellanos y el denunciante, para desocupar la casilla. Este acuerdo, asegura la defensa, fue corroborado por varios testigos. “Es incorrecto sostener que hubo clandestinidad cuando todo se hizo a plena luz del día, con empleados municipales, aviso previo a la madre de López y certificación policial”, señalaron los abogados, cuestionando que el juez interpretara el acto como despojo violento.
Además, resaltaron que la acusación fiscal no mencionó “clandestinidad” como motivo del despojo, sino “violencia”, términos que son “jurídicamente distintos”, de acuerdo con el artículo 181 del Código Penal.
DICTAMEN FISCAL
El fiscal general, César Pedro Sotelo, emitió su dictamen sobre el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Juan Ramón Castellanos, concluyendo que debía rechazarse por falta de sustento. Según el dictamen, las pruebas presentadas en el juicio fueron debidamente valoradas por el Tribunal, y la sentencia cuenta con fundamentos suficientes.
El Ministerio Público señaló que “todas las pruebas rendidas en el debate fueron consideradas por el Tribunal a fin de sopesar la base fáctica en que se sustentó la acusación pública”. En este sentido, afirmó que las evidencias fueron suficientes para establecer la responsabilidad penal del imputado.
CONCLUSIONES Y ARGUMENTOS DEL STJ
En su voto, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Alberto Chain, argumentó que los hechos cometidos por el exfuncionario no solo violaron la ley penal, sino también los principios que regulan el ejercicio de la función pública.
Chain citó jurisprudencia consolidada que establece que el delito de usurpación se configura cuando una persona impide a otra ejercer sus derechos reales sobre un inmueble, sin importar si este está habitado o no.
En cuanto al abuso de autoridad, Chain sostuvo que Castellanos “utilizó su cargo de intendente para actuar ilegalmente”, llevando a cabo una demolición sin contar con autorización judicial ni respetar los procedimientos legales. Argumentó que “el abuso de autoridad no es una extralimitación funcional en el sentido extensivo, sino que es un mal uso de la autoridad dentro de la propia función”. Además, destacó que Castellanos dispuso de maquinaria y personal municipal para llevar a cabo estas acciones, lo cual agravó su responsabilidad