También dejará de cobrarse los derechos para construcciones privadas y se bajarán las alícuotas para bancos locales, entre otras medidas de alivio fiscal.
Se trata del cobro por el control de plagas y el certificado de aptitud ambiental, aunque en ambos casos los controles se seguirán realizando como ahora, y los derechos de venta ambulante, la habilitación de antenas y construcciones privadas pese a que el trámite en sí mismo continuará siendo obligatorio.
Este último rubro alcanza a las edificaciones de hasta 50 metros cuadrados que quieran ser ampliadas, demolidas o modificadas en su interior (si son viviendas unifamiliares o multifamiliares de hasta dos unidades) con el objetivo de «incentivar la inversión» y «beneficiar a las industrias y a los comercios» locales.
A su vez, la flamante ordenanza fiscal e impositiva implica la baja de las alícuotas para los bancos de 0,65% a 0,55%, la ampliación del régimen de monotasa a los contribuyentes que sin estar inscriptos en el monotributo facturen dentro de sus límites (hasta 68 millones por año actualmente) y la quita de los conceptos fijos de la tasa de servicios generales (TSG) salvo el de «bomberos», generando alivio fiscal para 110.000 inmuebles.
La palabra de Diego Valenzuela al respecto
«Estamos haciendo un cambio cultural y tributario para simplificar, apoyar y hacerle la vida más fácil al que trabaja en el Distrito. Este es un nuevo paso para seguir creando las condiciones necesarias para más empleo de calidad», aseguró el jefe comunal.
Por su parte, recordó que en los últimos tiempos «se eliminaron más de 400 conceptos fiscales, las habilitaciones son gratuitas, no se cobra la tasa vial y se bonifica la de seguridad e higiene por dos años»