Los 18 intendentes se reunirán este jueves en el congreso municipal y varios llevarán duros reclamos sobre cómo se reparte la torta de fondos
Alfredo Cornejo ya lo instruyó al ministro Natalio Mema sobre la postura que llevará al Congreso municipal con los 18 intendentes que se hará el jueves en Tupungato: está dispuesto a escucharlos, e incluso a discutir cómo se reparte la coparticipación de impuestos, pero no cederá en el cuánto les repartirá.
La bandera que desplegará el ministro de Gobierno -con información que le aportó su par de Hacienda, Víctor Fayad- es que Mendoza es de las provincias que más coparticipación distribuye y defenderá eso a capa y espada.
En el Gobierno saben que ese reparto de fondos le crespa la piel a varios de los jefes comunales. Es que de la porción que reciban dependerá la plata con la que podrán contar para obras, para prestar servicios y en algunos casos hasta para poder pagar sueldos.
Eso explica la puja que los enfrenta. Hay intendentes que presionan por cambiar la forma en que se reparte esa torta. Unos creen que hay que incorporar nuevos criterios de reparto y apuntan a que se premie la responsabilidad fiscal o lo eficiente que son en el gasto, mientras que otros patalean porque creen que es injusto el coeficiente de equilibrio que benefició a algunas comunas del Gran Mendoza, y hay un grupo de la oposición que considera que ese 18,8% que se reparte entre los 18 municipios ya no alcanza y plantean elevarlo al 21%.
Para tener un termómetro del nivel de enojo y de los reclamos de los jefes comunales, desde el Ministerio de Hacienda les enviaron una especie de encuesta simplificada y enfocada en el reparto de esa torta: ¿qué valoran de la ley vigente? ¿qué no les gusta? y ¿qué modificarían? serían, palabras más palabras menos, lo que debían responder los jefes comunales.
Hasta este sábado, sólo 15 comunas habían respondido la consulta, y en Casa de Gobierno preocupaba que entre las 3 que no habían mandado sus respuestas, había una intendencia del palo radical. «Las preguntas pueden parecer simples, pero las respuestas son complejas porque deben reflejar lo que necesita la intendencia», justificó un ministro, cuando supo que entre las 3 que aún no respondían estaba Junín. La tríada que mantenía silencio se completaba con La Paz y Luján.
Para reafirmar que Mendoza es de las que más recaudación reparte con las comunas, es muy probable que Mema les recuerde que además se les coparticipa el fondo de infraestructura educativa, y sacará a relucir una carta inesperada: lo que la Provincia pone para sostener la OSEP y cómo eso también es una forma de coparticipación de salud.
«El aporte a la OSEP es del 6% del salario del afiliado, ya sea que provenga de un empleado municipal o de un funcionario provincial, que tienen salarios bien diferentes. Ambos pueden hoy atenderse en un hospital o clínica de la obra social y reciben la misma prestación y eso se sustenta no sólo con el aporte de los afiliados, sino con un fuerte respaldo del Gobierno. Entonces hay una coparticipación encubierta en la cobertura de salud que se les da a todos por igual y eso también se debe contemplar», apuntaron desde el edificio del Centro Cívico.
Más allá de las respuestas, tanto el Gobierno como los mismos intendentes saben que los planteos que lleven al Congreso no son vinculantes, y que esta reunión es el puntapié inicial de una larga discusión que probablemente -si lo genera- provoque reformas de largo plazo, lo que claramente no repercutirá en lo que reciban en el 2025.
Puede que no muchos lo sepan, pero la convocatoria al Congreso es una obligación de la viejísima ley 1.079 que data de 1934. De hecho debió haberse hecho el año pasado, pero claramente el esquema electoral se impuso y esa reunión se pospuso.
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Radicales del Gran Mendoza sacarán la carta de la eficiencia en el gasto
El primer intendente en plantar bandera sobre los cambios que deben hacerse en la forma de distribuir la coparticipación fue el oficialista Ulpiano Suarez.
Hay que recordar que la ley vigente -que se reformó en 1996- reparte el 25% de los ingresos en partes iguales a todas las comunas, un 65% en base a la población de cada departamento y el 10% restante en función de un coeficiente de equilibrio del desarrollo regional.
El citadino calentó la previa del Congreso y marcó que más allá del reparto por población, que a su entender perjudica a la Ciudad porque le reparte por población residente y no por los servicios que le presta a los centenares de miles de mendocinos que trabajan o estudian allí, a su entender se debería incorporar el criterio de eficiencia en la gestión y en el gasto.
«Hay que actualizar el Régimen de Coparticipación que fue pensado en el 96 por el peronismo para beneficiar a los caciques del PJ que gobernaban los departamentos más populosos, ya que se consideró sólo la cantidad de población. Y se dejó de atender la eficiencia en la gestión, la población pendular a la que prestamos servicios, cuánto invertimos en obra pública, un montón de aspectos que hacen a la eficiencia, a la buena administración», adelantó.
Suarez pretende poner la lupa en cómo se administra cada comuna, la relación planta de personal versus población beneficiaria de los servicios municipales, y otros criterios que hacen a la eficiencia.
En eso coincidió también el guaymallino Marcos Calvente.
«La distribución de la copa per cápita nos viene castigando hace años, porque además de los residentes hay una población que se sirve de nuestros servicios por la que no recibimos nada», comenzó diciendo y amplió: «Tenemos que premiar la eficiencia en la gestión, saber qué porcentaje del presupuesto va a personal y cuánto se gasta en los servicios a los vecinos. No puede dar lo mismo que una comuna gaste el 29% de su presupuesto en su nómina de empleados y otra destine el 60%. Si tenés ese gasto no sos eficiente».
El jefe comunal del departamento más poblado recordó que su comuna es la segunda, detrás de Ciudad y junto a Luján que más aporta al Producto Bruto Geográfico de la provincia «y si queremos darle sostenibilidad a la economía provincial, ese aporte tiene que pesar a la hora de distribuir los fondos. Sin ánimo de herir a nadie, no rinde lo mismo invertir $1 en Guaymallén que hacerlo en La Paz», comparó.
Diario UNO consultó también a otros intendentes de la UCR, pero algunos prefirieron guardar sus aportes a lo que expondrán en el congreso y otros, como es el caso del anfitrión Gustavo Aguilera, de Tupungato, entendieron que no es necesario modificar la actual ley de coparticipación.
Una parte del PJ pide aumentar la torta que se reparte a las comunas
La ex presidenta del PJ mendocino, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis también llegará al Congreso con un planteo claro: hay que aumentar la porción de los impuestos que se reparten a las comunas y del 18,8% actual debería llevarse al 21%.
Bajo el brazo llevará el proyecto que recientemente presentó la senadora Mercedes Derrache, que argumenta ese aumento en la cantidad de atribuciones que asumieron los intendentes desde la última reforma de la coparticipación en el 2010 sin que se les hayan incrementado los fondos para hacer frente a todas esas tareas que sumaron.
«Hay dos cosas fundamentales: hay que ajustar la distribución de la masa primaria a una real prestación de servicios. Puede ser gradual y progresivo llevar el reparto del 18,8% al 21%. Hoy los municipios prestan servicios esenciales que originalmente eran de la provincia, que son la educación, la salud, la asistencia a la primera infancia», marcó.
Y ejemplificó que su comuna tiene 3 centros de salud municipales, 5 postas sanitarias con guardias de 24 horas de enfermeros y ambulancias propias que se sostienen con recursos del municipio, y que incluso complementa la seguridad vial con la seguridad ciudadana. «Para eso no hay correlación de recursos, ni hablar de la obra pública o la vivienda, en donde las comunas tienen una presencia real», apuntó.
La santarrosina también planteó que se pueda modificar el criterio de reparto, que contemple que los municipios más chicos en cantidad de población también reciban un aporte por prestar servicios siguiendo la superficie que deben cubrir con esa prestación a sus vecinos. De aplicarse, ese coeficiente que pide Destéfanis beneficiaría por ejemplo no sólo a su comuna, que debe cubrir 8.500 kilómetros cuadrados, sino también a Lavalle, La Paz e incluso a Malargüe.
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La Unión Mendocina quiere bajar el gasto político y un reparto más equitativo
En la previa del congreso municipal un sector de La Unión Mendocina se reunió en Luján para unificar la propuesta que llevarán a la reunión de Tupungato.
En esa cumbre, el intendente lujanino habría marcado su disconformidad con la ley actual e incluso habría recordado que la anterior norma, la de 1989 sí premiaba la eficiencia en el gasto de las comunas y también contemplaba esa superficie a la que debían prestarle servicios.
Habría comparado que Godoy Cruz presta servicios en 70 kilómetros cuadrados, y Luján lo hace en 5.000 kilómetros cuadrados.
«Esta ley no tiene incentivos para el desarrollo económico de las comunas», habría marcado Allasino, mientras que recordaba que Luján de Cuyo genera el 25% de las riquezas de Mendoza y que allí se concentranel 70% de las bodegas de la provincia y que es la segunda superficie viñatera mendocina.
Por si a alguien le fallara la memoria, los lujaninos recordarán la deuda que la provincia mantiene con ellos por la liquidación de coparticipación a Las Heras de distritos que según la Corte, le pertenecen a Luján.
Pero además de ese planteo, los lujaninos como representantes de La Unión Mendocina también recordarán que en la Legislatura duerme un proyecto que busca reducir el gasto de la política y a la vez unificar criterios de edificación por regiones.
Se trata de la iniciativa que presentó tiempo atrás el sancarlino Jorge Difonso, que pretende eliminar los concejos deliberantes municipales y crear concejos regionales. Con eso, asegura, se reduciría un tercio la estructura política de las comunas y por tanto bajaría notoriamente el gasto que se destina no sólo a los concejales, sino a todo el andamiaje de asesores y secretarios que ellos sostienen.
«Si tenemos concejos regionales podemos avanzar en políticas de Estado por región, y resolver un problema que nos aqueja a varios como es el tema del código de edificación», argumentaron