Son datos de un relevamiento hecho por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Además de las suspensiones, el Gobierno intimó a otras 7.887 a que regularicen su situación.
Tras una auditoría realizada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, suspendió en los últimos meses a unas 8.588 cooperativas de trabajo e intimó a otras 7.887 tras el hallazgo de “irregularidades sorprendentes” en el funcionamiento de estas organizaciones.
Entre las irregularidades que descubrió el relevamiento, el Ministerio enumeró el aumento del 139% en el número de cooperativas registradas entre 2019 y 2023, el incumplimiento en la presentación de documentación obligatoria, como asambleas y balances contables y personas asociadas a múltiples cooperativas (hasta 14, en el caso más extremo), cuando el espíritu de estas organizaciones es que los asociados aporten su trabajo a una sola entidad.
También se detectó que más de 10.000 cooperativas habían sido suspendidas desde 2019 sin que se iniciara el sumario correspondiente, y que un tercio de los casi 30 mil millones de pesos otorgados en subsidios a cooperativas y organizaciones civiles durante el gobierno de Alberto Fernández fueron destinados a entidades vinculadas a movimientos sociales peronistas.
Entre las más beneficiadas se encuentran organizaciones como el Movimiento Evita, el MTE, la CCC y Barrios de Pie, cuyos líderes ocupaban cargos clave en el Ministerio de Desarrollo Social, que distribuyó esos fondos a través de tres programas: Potenciar Trabajo, urbanización de barrios y Alimentar.
En el período de 2020 y 2022, organizaciones sociales vinculadas a los dirigentes sociales y políticos Emilio Pérsico, Juan Grabois y Juan Carlos Alderete habrían recibido cientos de millones de pesos a través del INAES y la Secretaría de Economía Social que conducía el mismo Pérsico.
Asimismo, el Ministerio de Capital Humano intimó a unas 7.887 cooperativas a regularizar su situación presentando la documentación actualizada de su funcionamiento. En caso que no cumplan con este requisito, podrían perder su autorización para funcionar.
Desde el INAES afirmaron que con la auditoría, se busca recuperar la legalidad y transparencia a un sector laboral que «operó en la oscuridad y sin control”