Quilmes le ganó una batalla judicial a Caputo y los intendentes hacen fila en los juzgados

La Justicia otorgó una cautelar a Mayra Mendoza y el municipio de Quilmes mantiene el cobro de tasas en servicios públicos. Llueven amparos de los intendentes.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se sumó al lote de jefes comunales que dieron pasos judiciales para blindar a sus municipios de los alcances de la polémica resolución del ministro de Economía, Luis Caputo, con la que busca quitarles la posibilidad de cobrar impuestos y tasas en las facturas de servicios públicos (luz y gas).

En las últimas horas, la Justicia Federal de Quilmes dictó una medida cautelar interina que determina la suspensión de losefectos de la Resolución Nº 267/2024 dictada por la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, hasta tanto se resuelva sobre la medida cautelar.

La noticia le cayó como anillo al dedo a la alcalde camporista, ya que desde este lunes entró en vigencia la disposición que prohíbe a los intendentes del conurbano incluir tasas municipales con las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur – concesionadas por el estado nacional- o las que proporcionan el servicio de gas natural.

Pero en los Juzgados, ya existen numeroras presentaciones de intendentes que cursan distintas instancias administrativas.

  • Tigre: a la presentación judicial le resta el anticipo previsional
  • San Fernando: se le corrió vista a la Fiscalía. Aún no contestó
  • Florencio Varela en letra (proceso de recepción de documentación)
  • Lanús en despacho (proceso de análisis)
  •  Lomas de Zamora (en letra)
  • Almirante Brown (en despacho)
  • Berazategui (en letra) el expediente ingresó este lunes
  • Morón (en despacho)
  • San Martín (en letra)
  • Merlo (giro)
  • Ituzaingó (en letra)

Con Quilmes ya son cuatro los distritos exentos de los alcances de la resolución: Pilar- la única con cautelar ratificada- Moreno y Escobar, mientras proliferan las presentaciones de intendentes del conurbano en los juzgados federales para obtener amparos similares.

Mayra Mendoza le ganó una batalla judicial a Caputo: qué dice la cautelar

En un fallo de quince páginas al que tuvo acceso infocielo, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, considera que la presentación de los abogados del municipio de Quilmes – detalla los alcances de la ordenanza y como se determinan los valores de la Tasa por Servicios Urbanos Municipales a partir de la base imponible (capacidad contributiva)- «tiene un grado de verosimilitud suficiente dentro de este primer análisis». En ese marco, aclara que ésta consideración «no implica adelantar opinión sobre la resolución final que deberá adoptarse en el presente caso en relación a la medida cautelar y a la cuestión de fondo» advierte.

Dentro de los puntos enumerados, acepta el planteo de «autonomía municipal» – aunque reconoce que no es absoluta- y destaca que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, «autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones que le confiere, y a votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo».

Además, destaca que las propias facturas de luz contemplan un formato «que permite a los usuarios manifestar la voluntad de no abonar la tasa por alumbrado público y su independencia en la factura» (troquelado), convenio que cuenta con aval del ENRE y que, de ser interrumpido de forma intempestiva implicaría pérdidas por $500 millones ($500.000.000,00.-) «por la recaudación de la tasa municipal por alumbrado público dejadas de percibir» y consecuentemente «afectaría el funcionamiento de distintos servicios municipales, edificios e instituciones que se sustentan con la citada tasa, cuestión que resulta atendible al respecto».

La resolución que prohíbe a los intendentes incluir tasas locales en las boletas luz, agua y gas, mostró varios focos de resistencia de los alcaldes bonaerenses. Otro grupo importante de distritos del interior y de la región Capital o Gran La Plata, se amparó en el paraguas legal que le otorgó la provincia en base a dos leyes con jerarquía superior a una resolución y a lo dictaminado por el OCEBA como organismo de contralor provincial (también es la provincia las que autoriza las subas de tarifas)

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