Si bien en los dos últimos cambios de gobiernos municipales hubo numerosos planteos vinculados a irregularidades administrativas y financieras por parte de los intendentes entrantes respecto de los salientes, muchas de esas denuncias se encaminaron por vía judicial y otras no, quedando solo en la queja o la disconformidad por no haber manejado los municipios como corresponde. De las denuncias que siguieron la vía judicial, hay algunas que están avanzando decididamente con grandes posibilidades de determinar culpabilidades o, al menos, esclarecer la situación en un acto que resulta muy saludable para garantizar la transparencia en este ámbito.

Entre las causas que más conmoción han provocado están las que enfrentan el ex intendente de Caucete, Julián Gil (2015-2019) por el presunto incumplimiento de pago a proveedores, y la denuncia interpuesta por el actual intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal por presuntas irregularidades detectadas en una auditoría sobre como dejó el municipio el ex intendente y actual diputado provincial por el departamento Jorge Castañeda.

La situación de Gil a raíz de la demanda iniciada por la actual intendente Romina Rosas al sucederle en el cargo es comprometida ya que ante las evidencias reunidas hasta ahora la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, le trabó un embargo sobre sus ingresos que a la fecha supera 1.100.000 pesos, debido a que el reclamo judicial es por poco más de 3.300.000 pesos. Lo que se le plantea al ex intendente es haber dejado de pagar, durante tres meses el alquiler de una retroexcavadora contratada a una empresa, lapso durante el cual la máquina resultó averiada. También figura el incumplimiento de un contrato de alquiler de un inmueble que finalmente tuvo que pagar la actual administración municipal. El avance de la causa es notorio y podría haber una resolución en poco tiempo más.

En el caso del ex intendente de Calingasta (2015-2023), a instancia del intendente Carbajal el fiscal de UFI Delitos Especiales, que interviene en la causa, solicitó al juez la investigación previa a la formalización de la denuncia que en la observación de los magistrados es muy compleja y hay mucha documentación para confirmar si hay un responsable. La denuncia va en contra de Castañeda y de otros funcionarios de su gabinete de gobierno que también tendrían responsabilidad en distintos hechos de malversación e incumplimiento de deberes como funcionarios.

Hay otras comunas en las que también hubo denuncias judiciales que están pendientes de resolución, y que su aclaración llevará a una optimización de las funciones en un ámbito como es el municipal, donde muchas veces han quedado impune irregularidades que nunca han sido sancionadas por falta de rigurosidad administrativa o amiguísimos políticos