Actualmente, la Provincia cobra 419 tasas. Esta quita se explica en la “desburocratización de los trámites». Qué ocurrirá con los fondos de incentivos
Este lunes, el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura su proyecto de eliminación de la mayoría de las tasas que se cobran por trámites gubernamentales.
La iniciativa explica que esta medida tiende a la “desburocratización de los trámites y liberación de cargas económicas asociadas a ellos”, explicando que “los tributos eliminados se relacionan” con gestiones necesarias “para la habilitación de locales comerciales, creación o funcionamiento de personas jurídicas, realización de transacciones inmobiliarias y de automotores”.
En agosto, el gobernador Alberto Weretilneck profundizó esta decisión en gabinete y el proyecto estuvo listo para presentar con el paquete legislativo con tratamiento posterior en la sesión del 5 de septiembre. Pero, a último momento, el expediente se retiró por observaciones de distintos organismos reacios a las bajas de los cobros y la reducción de sus ingresos.
Al mediodía de este lunes, la iniciativa ingresó a la Legislatura aunque mantuvo las quitas totales en 13 de los 15 organismos.
En su fundamentación, el mandatario explicó que “favorece el objetivo de construir una administración ágil, de fácil accesibilidad, libre de tasas administrativas y eficiente para los contribuyentes, lo que suma al objetivo de convertir a Río Negro en una Provincia más competitiva, convocante para las inversiones y que se relaciona con sus contribuyentes con una forma cada vez más directa y accesible”.
El proyecto, que se trataría en la sesión del jueves, consigna “418 tasas específicas” y una general para “toda clase de reclamos administrativos de contenido patrimonial”. Suman 419. Precisa que “se propicia mantener sólo 52 tasas”, que pertenecen a las secretarías de Hidrocarburos y de Minería, eliminándose por consiguiente 367 tasas”.
Los ingresos por esos trámites constituyen fondos de incentivos salariales para el personal en cuatro organismos -Registro Civil, Registro de la Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas y Trabajo- y el proyecto establece que vía reglamento se fijarán “mecanismos para el sostenimiento de los sistemas ya consolidados”.
La medida requiere la reforma del Código Fiscal y el artículo propuesto indica que “los servicios que presta la Administración Pública Provincial, sus reparticiones de cualquier tipo y naturaleza son gratuitas, excepto los casos en que la ley impositiva anual establezca”. Además se aclara que los servicios del Poder Judicial son “retribuidos”.
En los fundamentos se indica que la Provincial anualmente detalla “todo el catálogo de tasas por prestación de servicios en distintos organismos” y “perciben tasas por sus trámites”. Enumera que la Ganadería (tiene 19 tasas), Minería (34), Hidrocarburos (49), Gobierno (4), Personas Jurídicas (79), Registro Civil (28), Escribanía General (7), Propiedad Inmueble (30), Policía (21), Trabajo (61), Catastro (31), Agencia de Recaudación (7), Salud (40), Obras Públicas (4), y Suministros (4).
El repaso lo completa con un total de 418 “tasas específicas” y “existía, además, una tasa de carácter general, aplicable a toda clase de reclamos administrativos de contenido patrimonial”.
En concreto, son 15 organismos con cobros actualmente y, salvo dos, los restantes eliminarán sus aranceles. Solo Hidrocarburos y Minería mantendrán algunos, sumando 52.
También se alude que la “la recaudación global que generan estas tasas que ronda los 250 millones aproximadamente” y explica que “su eliminación no provocará una afectación al funcionamiento”. En cambio, entiende que “la eliminación del cobro administrativo de estas tasas” reducirá tareas estatales y “compensará en todo o en parte” la baja de “ingresos proyectada”.
Se reafirma que “es claro que la medida provocará un impacto muy positivo en los contribuyentes, consistente en la desburocratización de los trámites y liberación de cargas económicas asociadas a ellos” y se mantuvo en aquellos casos donde “la carga pesa sobre sectores empresarios y de alta rentabilidad, y en los que la percepción de la tasa tiene otras finalidades adicionales a las económicas”.
“La vigencia de estas tasas -agrega- es un estorbo burocrático idóneo para aletargar, entorpecer y desincentivar actividades valiosas de la sociedad” entonces su exclusión es “para generar mejores condiciones en el servicio que se brinda a los contribuyentes y elevar perfil competitivo” de la Provincia