El proyecto, que se presentó como parte de una serie de iniciativas orientadas a reducir la carga fiscal, fue enviado al concejo por la administración local. En su argumentación, se destacó que la eliminación de este impuesto ayudará a fomentar el desarrollo económico de la región, especialmente en un contexto donde el costo de los combustibles tiene un impacto significativo en los sectores productivos.
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, había anticipado la medida a través de sus redes sociales, donde expresó que la decisión de eliminar la tasa se enmarca en un esfuerzo por reducir el gasto público y, en consecuencia, bajar impuestos. En su mensaje, Lanús aseguró: «Nos comprometimos con los sanisidrenses y lo estamos haciendo, buscando una gestión más eficiente para poder aliviar el bolsillo de nuestros vecinos.»
Según Lanús, esta acción es solo un paso dentro de un plan más amplio para seguir reduciendo la presión impositiva en el municipio. En este sentido, el intendente subrayó que la decisión fue posible gracias a los ahorros logrados en la gestión pública, destacando que mediante licitaciones transparentes y la renegociación de contratos, la administración de San Isidro logró economizar 7.000 millones de pesos en cuatro acuerdos.
La «Tasa por Servicio de Protección Ambiental», como era conocida oficialmente, había sido implementada en 2016, sin embargo, en el contexto actual, tanto desde el gobierno municipal como desde el Concejo Deliberante, se planteó que la eliminación de este tributo no solo beneficiará a los consumidores, sino que además podría tener un impacto positivo en la dinámica económica local, al reducir costos para las empresas y comercios que dependen del transporte.
Con esta medida, el municipio de San Isidro se suma a otras jurisdicciones que han comenzado a revisar sus políticas fiscales con la intención de estimular la reactivación económica y mejorar las condiciones para los sectores productivos y comerciales