La actividad minera en Santa Cruz atraviesa una situación delicada. La falta de exploración y de proyectos nuevos, sumada a la ausencia de señales claras por parte del gobierno provincial sobre una política minera sensata, ha generado incertidumbre en el sector. A esto se suman las dificultades que enfrentan varias de las minas operativas, que se encuentran cerca del agotamiento de sus recursos. En este contexto, cualquier intento de implementar nuevos regímenes que promuevan la inversión es observado con cautela tanto por las empresas como por los gremios, quienes exigen mayor transparencia y participación en la toma de decisiones.
Por: Extremo Minero
Este jueves, la Legislatura de Santa Cruz decidió, por mayoría, devolver a la Comisión de Trabajo el proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A pesar de que se esperaba su tratamiento en la sesión, la falta de acuerdo dentro del bloque oficialista, sumado a una masiva movilización de sindicatos y sectores sociales afuera del recinto, llevó a los diputados a frenar el avance del proyecto.
La propuesta, impulsada inicialmente por el diputado Piero Boffi, buscaba que la provincia se sumara al régimen de incentivos establecido por el Gobierno Nacional, con el objetivo de atraer grandes inversiones que reactivarían sectores estratégicos de la economía provincial. Sin embargo, la oposición y parte del oficialismo manifestaron dudas sobre los beneficios reales para la provincia, lo que desencadenó el regreso del proyecto a una instancia previa para un análisis más exhaustivo.
El diputado Javier Jara, representante de Las Heras por el partido MOVERE, fue quien propuso devolver el proyecto a comisiones, argumentando que era necesario continuar dialogando con diferentes sectores políticos y gremiales. “Es fundamental que sigamos discutiendo antes de avanzar con una ley que podría perjudicar a los trabajadores”, expresó Jara.
Afuera, gremios como ATE, el SOEM, y sindicatos de los sectores petrolero y minero expresaron su rechazo al RIGI, señalando que este régimen favorece a grandes empresas extranjeras en detrimento de los recursos provinciales y los derechos laborales. Los trabajadores protestaron de forma masiva, exigiendo que el proyecto sea revisado con mayor profundidad antes de ser aprobado.
En tanto, dentro del bloque oficialista de Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal, también surgieron voces disidentes. Diputadas como Claudia Barrientos, del Movimiento Evita, y Patricia Urrutia, de Libres del Sur, expresaron sus preocupaciones sobre los impactos del RIGI en la provincia. “No estamos seguros de que este régimen sea lo mejor para Santa Cruz, debemos analizarlo con más detalle”, sostuvo Barrientos.
El diputado Carlos Godoy, de Unión por la Patria, fue uno de los más críticos de la iniciativa, proponiendo su rechazo definitivo. “Este proyecto no defiende los intereses de nuestra provincia y compromete nuestros recursos”, advirtió Godoy, quien además subrayó que no se habían considerado las observaciones de la oposición ni de los sindicatos.
La decisión de no avanzar con el tratamiento del proyecto fue vista por algunos sectores como un gesto político. El diputado Eloy Echazú señaló que este freno responde tanto a la presión social como a la necesidad de no generar tensiones con ciertos sectores clave. “Ahora debemos asegurarnos de que se realice un debate real que defienda los intereses de Santa Cruz y no solo responda a la tribuna”, comentó Echazú.
El RIGI, aprobado a nivel nacional, busca incentivar grandes inversiones en sectores productivos clave, pero en Santa Cruz ha generado una fuerte resistencia tanto en el ámbito legislativo como entre los trabajadores. El proyecto ahora regresará a la Comisión de Trabajo, donde se espera que se lleve a cabo un debate más amplio y participativo.
Mientras tanto, la movilización gremial evidenció que las tensiones en torno a este régimen no se han disipado, y será crucial para los legisladores encontrar un equilibrio entre atraer inversiones y proteger los derechos laborales y los recursos provinciales