La protesta emprendida por una comunidad a mitad de año dejó operarios retenidos y afectó la producción de gas en pleno invierno.
La definición adoptada por la cartera que conduce Patricia Bullrich no comprende solo a Vaca Muerta, sino al corazón del entramado productivo del país, abarcando con este nuevo Comando Unificado de fuerzas de seguridad a áreas como las zonas agroportuarias y los parques industriales.
Desde las petroleras consultadas por este medio se destacó que la medida no surgió de un requerimiento del sector, y de hecho se marcó que la temática no forma parte de los ejes que se abordan como cámara a través de la seccional local del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).
Sin embargo, sí se destacaron dos puntos a favor o justificativos de la adopción de la medida. Por un lado, se señaló la importancia que el desarrollo de Vaca Muerta tiene hoy para el país, ya que desde un puñado de áreas geográficamente acotadas, se extraen cerca de dos tercios del gas de todo el país y más de la mitad del petróleo.
Por esto, un bloqueo o piquete que paralice a Vaca Muerta podría generar serias consecuencias para el país, no solo en términos de caída de las exportaciones, sino más grave aún, en términos de falta de producción para el propio abastecimiento de energía de la Argentina.
Esto fue lo que estuvo en amenaza a fines de junio, y que se convirtió en un antecedente que encendió todas las alertas en Vaca Muerta.
A fines de junio una comunidad mapuche inició una medida de fuerza de acción directa en contra de una petrolera, YPF, en un yacimiento clave en donde se emplaza la comunidad Painemil, como es Loma La Lata.
La medida de fuerza por reclamos a la petrolera, derivó por un lado en la imposibilidad de retirarse del yacimiento a un grupo de operarios, que quedaron virtualmente retenidos como rehenes en el complejo. Pero además, y más grave en su impacto para el país, la extensión del bloqueo derivó en que se debiera cerrar producción de gas en pleno invierno, amenazando con generar problemas de abastecimiento en Buenos Aires.
La protesta, originada por un reclamo de la comunidad mapuche por el acceso al gas, se extendió por dos días y culminó con un acuerdo tripartito, entre los Painemil, YPF y la provincia de Neuquén. Sin embargo, el pausado accionar de la provincia conducida por Rolando Figueroa dejó un reguero de preocupaciones entre las empresas de Vaca Muerta, que ahora ven con buenos ojos que sea el gobierno nacional el que interceda en casos de nuevas protestas.
Yendo más atrás en el tiempo, el bloqueo más extenso que se ha dado en Vaca Muerta ocurrió en 2021, en plena pandemia y derivado originalmente de un reclamo del personal de salud pública que luego se nutrió de muchos más sectores.
Esa protesta, que se extendió por 22 días y costó miles de dólares a las empresas, no generó un perjuicio mayor en la entrega de gas al país por darse en pandemia. Pero dejó en claro lo que hoy es el segundo justificativo de las empresas: que no solo es posible paralizar las principales áreas de Vaca Muerta, sino que hay sectores que con precisión quirúrgica saben qué picadas y puntos deben ser bloqueados para lograrlo.
Un bloqueo que, de reiterarse hoy, tendría un impacto negativo mucho mayor, dado el crecimiento que la producción de Vaca Muerta ha registrado en contraposición a la caída de los aportes del resto del país, que dejan a este grupo de yacimientos en una posición mucho más relevante, y por ende, delicada, de cara al aprovisionamiento de energía del país