Cifras monumentales.
La herramienta se implementó en medio de la escasez de dólares del Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández y generó distorsiones en otras cadenas del agro; el Estado percibió por retenciones $1.061.350.106.129, pero el 97% de ese monto no volvió al sector; el total de las divisas que ingresaron de la agroexportación fue de US$19.891 millones
En medio de una aguda escasez de dólares que afectaba al Banco Central (BCRA), en septiembre de 2022 el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa en el Ministerio de Economía, comenzó a aplicar una suerte de remedio de emergencia que se le terminó volviendo adictivo: el dólar soja. La “receta”, que de algún modo le sirvió para ir escapando de una devaluación brusca sin dejar de reconocer un mejor tipo de cambio para el principal complejo de exportación, tuvo su lado B. El atractivo era una cotización diferenciada, cuando solo el entonces gobierno decidía, para que los productores se desprendieran del grano y lo vendieran a la agroexportación. Esto provocó un estímulo artificial a las condiciones del mercado.
Para los objetivos de la gestión pasada, cumplió el fin de acercar divisas con la venta al exterior, que no solo se tradujo en dólares, sino también en una mayor recaudación por retenciones. Pero, además, generó distorsiones que se prolongaron durante meses en otras cadenas del agro e, incluso, incumplimientos, porque lo que se decía que iba a volver en recursos a los productores no fue plenamente consumado. Encima, significó una fenomenal emisión para pagar por dólares a un valor más caro.
Para profundizar sobre los ejes destacados y los aspectos flojos de esta medida del gobierno anterior, LA NACION realizó reiterados pedidos de acceso a la información desde octubre de 2023. Lo hizo para conocer el destino de los fondos. Este medio logró datos valiosos que permiten tener una radiografía de la herramienta. En un primer momento, mientras la cotización del dólar oficial era de $140, el flamante instrumento se oficializó en $200.
Entre otros puntos importantes, el plan de Massa, que recibió el nombre de Programa de Incremento Exportador (PIE), posibilitó que entre septiembre de 2022 y agosto de 2023 el Estado percibiera $1.061.350.106.129 por derechos de exportación. Sin embargo, de esa monumental cifra volvió poco al agro mediante distintos planes de compensación o estímulo anunciados. Apenas un 2,83% de lo que se recaudó por las retenciones en las primeras cuatro ediciones del programa regresó al sector.
Desde el Ministerio de Economía y la AFIP no hubo una respuesta concreta a este medio sobre el destino del 97,2% restante de la recaudación que ingresó al Tesoro, pese a las diversas consultas que se iniciaron en 2023. “No hay individualización del destino de esos fondos”, contestaron desde el Gobierno.
Hacerse de estas divisas que traían los exportadores le costó al Banco Central, entonces bajo la conducción de Miguel Ángel Pesce, una emisión de $11,1 billones, para entregar los pesos a la industria con el cambio especial mencionado. Esta emisión representó alrededor de 1,9 puntos del PBI argentino. En tanto, el total de las divisas que ingresaron de la agroexportación por cinco ediciones del programa fue de US$19.891 millones.
Mientras estaban vigentes estos esquemas, el exministro de Economía anunció en reiteradas oportunidades medidas para “beneficiar” al campo por un total de $30.016.022.540,5. Estas ayudas se pusieron en marcha para subsanar el perjuicio ocasionado por la herramienta, como el impacto negativo en el caso de la alimentación de actividades como el tambo. Por caso, el Programa Impulso Tambero, una de las iniciativas presentadas por Massa tras el dólar soja, captó el 72% de lo exiguo que retornó a los productores.
Si bien las retenciones agrícolas financian parte del presupuesto, donde un porcentaje importante se destina al gasto social, infraestructura y estabilización económica, existe una histórica discusión por la coparticipación y el retorno de los fondos a las provincias. En ese sentido, el sector agropecuario constantemente advierte sobre la necesidad de mejora de los caminos rurales y la infraestructura en general para reducir los costos logísticos a los puertos.
“Agujeros negros en la economía”
Cuando Massa implementó el dólar soja, se le pidió a los exportadores que ingresaran US$3500 millones para “calmar los mercados”, pero el programa superó las expectativas en cuanto a las divisas que llegaron. Por la primera edición, que estuvo en vigencia entre el 5 y el 30 de septiembre de 2022, llegaron al país US$7648 millones en divisas, de acuerdo con los datos proporcionados desde una oficina del BCRA a este medio. Esa primera versión, que se dio a través del decreto 576/2022, fue muy exitosa y representó casi el 70% del total recaudado en derechos de exportación en las ediciones posteriores. En rigor, el Tesoro sumó por esa versión $732.952.215.891 por retenciones de la oleaginosa. Cabe aclarar que el complejo de la soja paga un 33% de derechos de exportación en el grano y 31% en los subproductos como la harina y el aceite.
Tras el boom del dólar soja I, Massa decidió continuar con el esquema: entre el 28 de noviembre de 2022 y hasta el 30 de diciembre de ese mismo año dio lugar al dólar soja II. Este nuevo diferencial posibilitaba a los productores tener una mejora en el tipo de cambio: llegó a los $230. Con esta segunda ventana, que entró en vigor a través del decreto 787/2022, ingresaron al país US$3155 millones en divisas, un 58% menos en dólares que en la primera edición.
A pesar de la caída, la herramienta se convirtió en un nuevo aporte para el Estado ya que, con el caso de las retenciones, recaudó $203.895.129.500. No obstante, esta edición llevó al Banco Central a emitir 7,2 billones de pesos, la mayor cantidad de billetes emitidos en todas las fases.
“El dólar soja distorsionó los mercados y la estacionalidad en las ventas, adelantando la liquidación de divisas que causaron agujeros negros en la economía. El productor perdió de vista los mercados internacionales y trató de aprovechar una compensación en los precios que reducía parcialmente el flagelo que generan los derechos de exportación. El mercado perdió transparencia y se modificaron los precios relativos; se generó una economía sesgada por el oportunismo político”, plantea el economista Ernesto Ambrosetti.
Sectores beneficiados
Para septiembre de 2022, los pequeños productores ya habían vendido sus granos para cubrir sus costos y esto impidió que participaran del primer esquema especial. En un intento por compensar esa situación, Massa anunció un pago a quienes producían hasta 400 hectáreas de soja y 100 hectáreas de maíz, con un fondo inicial de $1730 millones. Posteriormente, se amplió la cantidad de beneficiarios para incluir a quienes necesitaban comprar insumos agrícolas como fertilizantes: el programa solo distribuyó $3600 millones entre 4283 beneficiados en lugar de los $15.000 millones formalmente previstos.
Un exfuncionario aclaró, ante una consulta de LA NACION, que en 14 meses se entregaron compensaciones por más de $35.000 millones, independientemente de los anuncios de Massa. En el caso de un programa de fertilizantes, nunca se pudo implementar, ya que la Secretaría de Competitividad Federal, a cargo de Jorge Neme, era la que disponía de los fondos y no pudo asegurar la compra de fertilizantes ni el suministro por parte de la firma YPF Agro. Es decir, la iniciativa no prosperó y se dio de baja.
Mientras el esquema le sirvió a quienes podían vender su soja a un mejor precio, por otra parte encareció los costos de alimentación de tambos y para productores avícolas y porcinos. Otra vez, en enero de 2023, Massa anunció un fondo de $3500 millones para compensarlos y se creó el Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino, dentro del cual la actividad avícola recibió un total de $1.928.145.710, repartidos entre 78 empresas productoras de carne aviar. El segundo pago no se hizo, a pesar de la promesa de Massa, y la publicación de la resolución 1609/2023 con su firma. Se habían previsto $3.200.000.000 para la industria, que solo se plasmaron en los cálculos. Un funcionario de la gestión pasada argumentó que “se quedaron sin fondos para pagar”. El sector ovoavícola, que había sido incluido en el anuncio de Massa en un acto en la localidad de General Racedo, Entre Ríos, no recibió los $500 millones prometidos o ningún tipo de compensación.
A la actividad porcina le fue “mejor” que al resto de las actividades: recibió dos pagos. En el primero, se entregaron $724.043.551 a 828 productores y, recién en noviembre del año pasado, con un atraso importante en medio de la inflación, se oficializó el segundo pago por $1.395.930.440, que llegó a 667 productores. En resumen, el Estado desembolsó $4.048.119.701, es decir, $548.119.701 más de lo prometido por el exministro.
La Secretaría de Agricultura, entonces bajo la órbita de Juan José Bahillo, implementó el programa de asistencia Impulso Tambero en dos etapas desde enero hasta finales del 2023. En total se abonaron $21.801.717.538 a más de 4500 productores tamberos. Esto lo convirtió en el sector más apoyado dentro de las actividades citadas: recibió más del 70% de lo que pagó el gobierno anterior en compensaciones por el prejuicio ocurrido por el dólar soja y, además, el impacto de la sequía.
La administración pasada también usó fondos del PIE para morigerar la crisis en los productores ovinos. Bajo el programa Plan LanAr, que tenía disponibles $1500 millones, pagó $554.509.800 en una primera etapa. Pero el segundo desembolso, que se preveía en medio de la campaña electoral, nunca se realizó. Fuentes de la gestión anterior sostuvieron que el gobierno de Javier Milei tenía el compromiso de hacer los pagos. No sucedió.
“Los gobiernos apelan a este recurso fiscal cuando necesitan suplir déficit fiscal en economías de alta inflación. Encuentran fundamentos en épocas de altos precios del producto, en el cual se generan ganancias extraordinarias, y lo justifican principalmente como un recurso para financiar políticas sociales. Es un pésimo impuesto, grava el precio del producto, siempre volátil, afectando principalmente al sector productor, con efectos negativos por la reducción de la superficie de siembra y aplicación de tecnologías, derivando en menor producción para toda la cadena”, señala Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja).
¿Qué fue el dólar agro?
El agotamiento de las reservas del BCRA llevó al gobierno de Fernández a repensar la fórmula original del dólar soja para sumar nuevas mercaderías al programa, más allá de la oleaginosa. Se agregaron cebada, sorgo, girasol y maní al listado. Más tarde, también abrió una ventana más extensa de tiempo para sumar un total de 205 productos de economías regionales en el conocido esquema del “dólar agro”, que contempló pesca, tabaco, girasol, maní, sorgo, vino, cebada, arroz, madera y lana, entre otras actividades de relevancia.
El resultado fue mejor de lo esperado: según el BCRA ingresaron al país US$5623 millones, un 78% más comparado con el segundo programa. Esto le dio un respiro al Banco Central. La administración anterior se hizo de $59.201.548.406 por las retenciones que cobró de los diferentes cultivos y productos. El instrumento se efectuó con el decreto 194/2023, vigente entre el 25 de abril y 31 de mayo 2023. En tanto, por esta edición se emitió otra tanda de 2,4 billones de pesos.
En este marco, a pesar del ruido que generaban las versiones de un posible “dólar maíz”, el pasado gobierno había decidido que este cereal no tuviera un mecanismo similar al de la soja, para no agudizar las distorsiones que ya existían. A través de la resolución 295/2023 se incorporaron al programa el maíz, pero también los pellets de trigo y cebada cervecera. Se vendieron por este incentivo 3.742.943 toneladas e ingresaron al país US$2187 millones en divisas. En cuanto a las retenciones, el Estado recaudó por este programa $18.792.802.452.
“Las ediciones de los dólares especiales generaron un círculo vicioso en la oferta y venta de granos y restricciones financieras para los exportadores. El mercado de granos solo existía cuando estaban los dólares especiales, la exportación tenía que anticipar muchísimas divisas y tomar riesgos financieros y de devaluación posible. El productor tenía que vender en momentos en los que directamente no vende, porque si no, no tenía el mejor precio”, resume Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec).
El nacimiento de un mix
Un año después, entró en vigor la quinta edición del programa: consistió en un 75% de liquidación al dólar oficial y un 25% al Contado Con Liquidación (CCL). Se puso en marcha a través del decreto 443/2023 y fue desde el 5 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2023. Para entonces, la esperanza era que llegaran US$2500 millones en divisas, sin embargo, por el PIE V ingresaron al país US$1278 millones. Sin citar qué mercadería fue alcanzada, en una dependencia de AFIP señalaron que “los derechos de exportación por este concepto ascendieron a $46.508.409.880″.
En su momento, Massa deslizó en un video en las redes que se destinaría el 25% de lo recaudado por el dólar soja, sin mencionar valor, para que la industria mejorara el precio de la oleaginosa en un momento de caída de oferta de los productores tras la sequía. En medio de la campaña electoral y dada la necesidad de dólares, se avanzó con un mix llamado también “dólar exportador”, cuyo tipo de cambio fue 70% al oficial y 30% al CCL. Estuvo vigente entre el 23 de octubre y el 17 de noviembre pasado. Pero el 21 de noviembre se probó con otra fórmula: 50% al oficial y 50% al CCL, que duró hasta el final de la presidencia de Fernández.
Al tratarse de un programa diferente, este tipo de ecuaciones le sacaba la presión al gobierno anterior de acumular una cierta cantidad de dólares dentro de una ventana de tiempo determinada y tener que hacer una gran emisión. Y, a diferencia de las primeras ediciones del dólar soja, esta herramienta de liquidación le permitía a las empresas exportadoras recibir un tipo de cambio más alto que el del mercado.
Hoy, el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa con la dinámica. A través del decreto 28/2023 está en vigor el mix 80% al oficial y 20% CCL, que alcanza a todo el sector exportador, no solo a la agroindustria; recibe el nombre de “dólar blend”.
El modelo actual evita las ventanas de tiempo específicas que caracterizaron al dólar soja en cada una de sus ediciones. También las distorsiones en la cadena, al ser un esquema permanente, al menos por ahora. Todos los diferenciales del tipo de cambio implicaban que los exportadores reconocieran un valor más alto a los productores, situación que no estuvo exenta de momentos de tensión.
