San Juan. Editorial Diario de Cuyo
Mientras que la mayoría de los municipios han dicho que están de acuerdo con este régimen para atraer capitales, hay unas pocas comunas que podrían poner objeciones, desconociendo los beneficios que promueve el sistema.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, conocido como RIGI, es una iniciativa surgida del Gobierno nacional, que forma parte de la Ley de Bases, a la que San Juan a adherido por considerar que es beneficioso para su desarrollo económico y social. Para completar el proceso de implementación de este régimen, que otorgará a los capitales de más de 200 millones de dólares que lleguen a la provincia estabilidad fiscal por 30 años, rebajas impositivas y otros incentivos como la posibilidad de liquidar divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios, solo falta contar con la adhesión de los municipios, trámite que se debe completar mediante una ordenanza aprobada por los respectivos concejos deliberativos de cada departamento.
Se trata del último paso destinado a darle la legalidad necesaria al nuevo régimen en cada una de las jurisdicciones de la provincia, teniendo en cuenta que los capitales que lleguen pueden estar destinados a distintas actividades económicas como minería, turismo, infraestructura, forestación, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Es decir que es tan amplia la gama de posibilidades de inversiones que cualquier departamento puede resultar beneficiado con esos capitales.
A excepción de Jáchal, que todavía no lo tiene definido al haber adelantado la posible negativa a la adhesión, las autoridades del resto de los departamentos mineros, como Iglesia, Calingasta, Valle Fértil y Sarmiento, han manifestado su conformidad por lo que consideran que no tendrán inconvenientes en adherir al sistema. El resto de los departamentos, que no son mineros, deberán analizar cuidadosamente los posibles beneficios que el RIGI les puede proporcionar, pero aca la decición no solo pasa por lo económico sino también por lo ideológico y hasta lo político, ya que hay que tener en cuenta que hay municipios en sintonía con el Gobierno provincial (Producción y Trabajo) y otros que responden a la oposición (de extracción justicialista) que son los que podrían poner objeciones. Lo que debe quedar en claro es que la oposición a la adhesión al régimen en los departamentos no cambiará mucho lo que se ha logrado hasta ahora a nivel provincial, ya que con esto alcanza para darle a los capitales que puedan llegar las garantías necesarias para su inversión en la provincia. Los municipios que no adhieran correrán el riesgo de que no sean tenidos en cuenta para determinadas inversiones, quedando relegados dentro de las posibilidades de algunos emprendimientos de importancia que contribuyan con la actividad económica y la generación de puestos de trabajo, uno de los principales objetivos que se buscan con el RIGI. Los intendentes y concejales que no consideren esta alternativa estarán privando a sus localidades de un posible desarrollo económico. Creer que con la no adhesión se puede obtener una ventaja extra es un error que finalmente se pagará con el alejamiento de posibilidades de inversiones, ya que quien disponga de un capital para un emprendimiento no elegirá, precisamente, a un departamento que no ha adherido al régimen, por simple conveniencia o falta de garantías.