La Provincia de Río Negro fue la primera en adherir al RIGI, punto clave de la Ley Bases. El objetivo principal que persigue el Gobierno de Río Negro es quedarse con la instalación de la planta de licuefacción de gas de Vaca Muerta que le disputa a Buenos Aires.
En este sentido, Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón firmó esta mañana la Resolución de adhesión del municipio al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) remitiendo la misma al Concejo Deliberante para su ratificación.
Según indicó Pogliano, El Bolsón viene trabajando desde hace tiempo en fortalecer la conectividad aérea, evitando la dependencia con Bariloche. Por ello la adhesión al RIGI permitiría “avanzar en la posibilidad de contar con inversiones para un aeropuerto propio, fundamental para el desarrollo turístico y económico de la ciudad y la Comarca Andina”.
También, a través del impulso del RIGI, El Bolsón busca promover la creación de un polo tecnológico de alta complejidad. Esto con la posibilidad de atraer inversiones, incentivos fiscales y ventajas regulatorias, que les ofrecería el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones a los capitales.
En Río Negro existen diversos proyectos para la extración de oro, plata, uranio y litio que están expectantes de avanzar al compás de la reglamentación y efectos del RIGI en las inversiones, como Calcatreu y Amarillo Grande. Para llevar a cabo la extracción, la legislación internacional explicita la obligación de la consulta popular, tanto a comunidades originarias como a la población que habita cerca del territorio afectado.
En diálogo con ANB, Orlando Carriqueo, Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Rio Negro sostuvo que los gobiernos no contemplan las voces de los pueblos originarios. “Los gobiernos se están olvidando de los tratados internacionales del derecho indigena. Por más RIGI y Ley Bases que haya, tratando de fomentar ciertos beneficios para las mineras y petroleras, la seguridad jurídica en territorio comunitario no está dado por ninguna norma que pretenda tener ese alcance. En ese marco decimos que estos procesos que se viven en otros países también de Latinoamérica, son un grave retroceso para la democracia”. (ANB)