Mendoza tiene problemas para generar empleo de calidad. El Gobierno apuesta a la minería como un eje a futuro. Por ahora esa actividad genera más trabajo a los intermediarios.
«Necesitamos levantar muchas más empresas, necesitamos que el salario real aumente, ya que nuestro promedio salarial es bajo», explicaba la semana pasada el gobernador Alfredo Cornejo al firmar un acuerdo con empresarios y sindicalistas para buscar mejores condiciones productivas. Justamente, la Provincia vive desde hace más de 10 años una crisis en la generación de empleo de calidad, que repercute en toda la cadena económica. Uno de los ejes que el Gobierno lanzó para tratar de revertir esa tendencia es la política de impulso a la minería metalífera, actividad que en Mendoza era casi inexistente y ahora es incipiente. «La minería tiene salarios altos y puede levantar el promedio, como ocurre en San Juan», había dicho el propio Cornejo.
Ese camino, sin embargo, es extenso y tiene un escalonamiento paulatino, distinto al de otras actividades productivas a las que está acostumbrada Mendoza. Ese camino, por ejemplo, puede demorar décadas entre que un cateo se convierte en mina productiva y que pasa de demandar no más de cinco trabajadores, a miles. En ese sentido, la industria es distinta a la del petróleo, que tiene una reacción más intempestiva.
El Gobierno usa como bandera del impulso a la minería metalífera el plan para el Distrito Minero Malargüe Occidental. Se trata de una zona de más de 20 mil kilómetros cuadrados que incluye más de 300 propiedades mineras inactivas. Para activarlo, la empresa estatal Impulsa Mendoza financió un informe de impacto ambiental e invitó a las empresas que tenían permisos a adherir, para que los pedidos de autorización sean analizados y enviados en paquete a la Legislatura. Los informes son generales y toman un «modelo» de exploración que es replicado en cada caso, evitando la especificidad que puedan tener y las exigencias particulares. En ese modelo, también se calcula la mano de obra que se demandará en las etapas de exploración.
La mayoría de las presentaciones que están dentro del Distrito Malargüe son por ahora propiedades, que se transformarán en proyectos productivos cuando haya un plan de inversión. Ninguno está en esa etapa real. Incluso los propietarios no serían quienes inviertan, pues se trata de intermediarios. Luego de la aprobación, tendrán un plazo perentorio para conseguir inversionistas o financiamientos para capital de trabajo. Recién allí se convertirán en proyectos tangibles que demandarán empleo fuera de lo administrativo.
La cadena de valor y negocios laterales
El plan proyecta trabajos por dos años. En ese período se plantean tres etapas: prospección, exploración indirecta y exploración directa. La demanda de empleo es escalonada. En la prospección, por ejemplo, se realizan relevamientos superficiales, con baja demanda e impacto. Luego se realizan trabajos de exploración indirecta, con el uso de tecnología. La exploración directa sí tiene tareas más intensivas sobre el terreno. En esa etapa comienza la demanda más diversificada de trabajo. En el pico máximo de exploración, cada proyecto prevé generar 88 puestos de trabajo directos, con un factor multiplicador mayor por la logística. En el plan se tiene en cuenta que podría haber hasta 8 proyectos en simultáneo, en el mejor de los casos. Solo se presenta un calculo matemático, pero el impacto real dependerá de cada proyecto.
La cadena de valor de la minería tiene como aspecto relevante la demanda de servicios. «La exploración es una actividad que no tiene gran demanda de mano de obra firmes y estables. Sí es importante la cantidad de servicios que se tercerizan. Se necesita la parte logística de traslado, se alquilan camionetas, si se hacen perforaciones vas a tener que contratar alguna plataforma, que se alquila con los operarios. Tenés el catering y otros servicios. Es muy relevante el tema de los trabajos indirectos. Los trabajos directos son los geólogos, ingenieros en minas», explicó Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Minera de Mendoza. La escala va en aumento según los resultados. «Eso va creciendo a razón de los resultados. Si en una primera campaña va bien, en una segunda campaña se agranda todo Esto se dispara cuando llegás a la etapa de empezar con el desarrollo del proyecto, la ingeniería de detalle, prefactibilidad, factibilidad. Y el pico es la construcción. Es como una pirámide invertida. Dependiendo de la fortuna que encuentras, se va engrosando», agregó Rodríguez. Nuevamente, el factor tiempo es relevante. Un proyecto de exploración inicial puede tener no más de 5 personas trabajando. Uno de exploración avanzada y pre factibilidad, como Josemaría, cuenta por miles los empleos directos e indirectos.
Mendoza estaba acostumbrada a una actividad con un factor de multiplicación de empleo enorme, como la industria del petróleo. De hecho es la actividad con el índice más alto de ese indicador. La minería tiene similitudes, con un crecimiento más paulatino y, también, picos de demanda mayores. El ejemplo mendocino es lo que ocurrió con Potasio Río Colorado, que llegó a emplear más de 4 mil personas cuando estaba en construcción, pero que quedaron desempleadas cuando Vale abandonó el proyecto. En el plan Pilares, donde se proyectaron escenarios ideales con el desarrollo de la actividad, se prevé una demanda directa e indirecta de entre 2.135 y 4.930 empleos. En Argentina la minería genera 40.243 empleos. Santa Cruz es la provincia con mayor cantidad de trabajadores mineros, con 9.045 puestos de trabajo, seguida por Salta con 5.500 trabajadores mineros. San Juan tiene 4.590 puestos de trabajos directos en minería, concentrando el 11,4%del empleo minero total. No está contado allí el empleo indirecto. Los salarios promedio salen de la escala mendocina, pues superan el millón de pesos. Mendoza está relegada, incluso Buenos Aires, que no tiene la cordillera, tiene más trabajadores mineros que la provincia cuyana.
En Mendoza la minería ha generado más empleo de abogados, que de geólogos por la cantidad de litigios. También por el negocio inmobiliario que hubo alrededor, algo similar a lo que pasó con la actividad petrolera. El nuevo plan pone a prueba esa lógica. En las presentaciones incluidas en el Distrito Minero hay presencia de intermediarios también.
Los principales propietarios y adherentes al plan son los integrantes de la firma APELEG. Se trata del estudio contable Torre – Pulisich, que no es en sí una empresa minera, pero sí tiene vinculación y trayectoria en el sector. De hecho sus socios fueron parte de las comitiva local en la feria de Canadá, donde se presentó la nueva política minera mendocina. Cerca de 20 de los proyectos incluidos en el Distrito Malargüe pertenecen a esa empresa. Los socios de APELEG también tuvieron participación en la empresa estatal que desarrolló el proyecto, es decir Impulsa Mendoza. Julio Pulisich, por ejemplo, fue síndico de Potasio Río Colorado y también de Impulsa Mendoza. La duda en el sector es si hubo acceso privilegiado a la información que generó la empresa estatal.
La Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental deben, como organismo de aplicación, analizar los informes sectoriales que fueron solicitados. Luego, emitirían el dictamen y la resolución para que la Legislatura analice y vote el plan de exploración para el Distrito Minero. Fuera de ese margen hay otros tres proyectos que tendrán en 2025 su segundo año de exploración, como Adriana, El Burrero y Las Choicas (de Pampa Energía) y Cerro Amarillo.
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