El principal desafío es que el tema se mantenga en agenda con políticas que incentiven las mediciones del sector privado.
La lucha global contra el cambio climático tiene diferentes actores y distintos formatos con el mismo objetivo: atender una problemática que mantiene en vilo las proyecciones a futuro respecto del planeta (sin ánimo de plantearlo como una catástrofe que se avecina sin solución; al menos, se trabaja para que eso no suceda).
Con la mira puesta en una suerte de transición hacia la economía verde, la aparición del comercio de créditos de carbono entre los distintos eslabones de la cadena procuran reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
¿De qué se trata? Los mecanismos de fijación de precios de emisiones de GEI desarrollados a partir del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París dieron origen a los mercados de carbono. Su objetivo es —según pwc.com.ar— integrar los costos ambientales y sociales en el desarrollo de las actividades productivas (generadas por las emisiones) para limitar el calentamiento global.
En los mercados de carbono se comercializan derechos de emisión o créditos de carbono, que consisten en certificados —se agrega— que se emiten por reducir emisiones de GEI, o para remover estos mismos gases de la atmósfera. Los emisores, impulsados por exigencias regulatorias y/o de clientes, inversores u otros grupos de interés, los necesitan cada vez más para compensar las emisiones que les resultan difíciles de reducir (generando demanda para estos títulos).
En este sentido, nuestro país se comprometió (en 2023) a no exceder la emisión neta de 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) en 2030 y alcanzar la neutralidad de emisiones a 2050. ¿Qué debe hacer? Reemplazar el uso de fuentes de energía fósil por energías limpias; promover medios de transporte más sostenibles (léase bicicleta y los colectivos eléctricos, por ejemplo); hacer más eficiente la producción del sector agropecuario o promover la conservación y el uso sostenible de bosques nativos para frenar la deforestación, entre lo más saliente (e instalado en la opinión pública).
De acuerdo con Naciones Unidas (ONU) existen dos tipos de mercados: de cumplimiento regulado, creados como resultado de cualquier política o requisito normativo nacional, regional y/o internacional y voluntarios, que pueden ser nacionales o internacionales, y se refieren a la emisión, compra y venta de créditos de carbono.
María Victoria Tuculet, abogada con medalla de oro por la Universidad de Buenos Aires en 2012 y socia del departamento de servicios financieros y mercado de capitales del estudio Bomchil, explica la realidad argentina: “Más allá del compromiso asumido por el país en el Acuerdo de París, no contamos con un mercado regulado que funcione como incentivo al sector privado para alcanzar ese objetivo, como tampoco con un marco regulatorio aplicable a los mercados voluntarios. No obstante, sí existen experiencias de plataformas que permiten a las empresas no sólo la medición de su huella de carbono, sino la comercialización de bonos o créditos. Si bien no se trata de mercados en sentido estricto, facilitan la comercialización bilateral (OTC) entre aquella empresa que quiere vender y aquella que pretende comprar para compensar su huella”.
También dice que, a nivel global, en 2021 y sólo considerando el mercado voluntario, la negociación de este tipo de bonos alcanzó 2.000 millones de dólares y unas 500 millones de toneladas equivalentes de CO2 demandadas (según el último reporte publicado por Ecosystem Marketplace). Y que en 2022, si bien se registró una reducción de la demanda en aproximadamente el 50 %, el volumen se mantuvo en U$S 2.000 millones. Aunque todavía no existe información oficial del último año, se estima que los valores se mantendrán en alrededor de esos U$S 2.000 M.
“Las cifras demuestran que existe un claro interés a nivel global en el desarrollo y promoción de estos mercados. Prueba de ello, entre otros ejemplos, es el sólido bloque normativo de la Unión Europea en la materia y su consolidado mercado para analizar la naturaleza jurídica de los créditos voluntarios de carbono y establecer lineamientos para asegurar una mayor transparencia”, amplía.
Tuculet también ofrece una visión a futuro: “Dada la relevancia de los bonos de carbono como herramienta para la mitigación del cambio climático, tanto la gestión saliente como la actual han contemplado en su agenda, aunque con enfoques diferentes, la regulación de los mercados. Si bien hoy el Gobierno tiene por delante desafíos de corto plazo más acuciantes, sería positivo que la regulación de este tema se mantenga en el mediano y largo plazo a fin de lograr alinear los compromisos internacionales asumidos con políticas que incentiven al sector privado a adoptar una estrategia de medición y compensación de la huella de carbono”