El diputado Tiago Puente apuntó a la responsabilidad de administraciones pasadas.
“El problema es el volumen de la planta de empleados permanentes que tiene la Legislatura, por eso digo que es responsabilidad de las administraciones pasadas”, dijo el legislador. También mencionó un proyecto de su autoría en el que propone el reordenamiento del Estado provincial y en el que plantea no solo bajar la planta de personal del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y el Judicial.
“Decisión política”
Por su parte, Baigorrí consideró que la sobrepoblación de empleados se da en todo el Estado provincial. En este sentido, cargó sobre el Ejecutivo provincial al recordar que cuando se trató la Ley de Emergencia en la Legislatura “se aclaró que no se tocaba la reducción de la planta política” y “eso que ha sido un pedido ahí unificado de la oposición tanto del bloque nuestro, como el de la UCR, del PRO y los demás». «También vemos que antes de que se haya presentando la Ley de Emergencia Económica se había nombrado a más de 900 puntos índices”, dijo el diputado de La Libertad Avanza.
Para Baigorrí, la negativa del Gobierno de reducir la planta de personal con funciones políticas “va en el mismo sentido” con la situación de la Legislatura, “más allá” de que sean poderes independientes. “No hay una decisión del gobierno actual de reducir la planta política del Estado y donde más se ve la planta política y el trabajo político es en las cámaras legislativas”, sostuvo.
El legislador libertario consideró que para poder avanzar en la cuestión “tiene que haber la decisión política de reducir el gasto político, que son sueldos que son innecesarios porque no cumplen ni siquiera la función para las que fueron designados”. En esa línea, afirmó que este esquema se repliega en organismos por fuera del Estado provincial. “Esto lo vemos, por ejemplo, en el municipio de Valle Viejo, que copia el organigrama provincial y tiene muchas dependencias, que tienen designados secretarios, subsecretarios y directores, pero que no llegan a cumplir las funciones para las cuales están siendo designados”, dijo y añadió que “los vecinos que van al municipio son mandados a las dependencias provinciales para que se resuelvan sus inconvenientes”.
Finalmente, aclaró que su planteó “no es ir en contra del empleado público común y corriente”, pero sí “contra la planta política tan grande y exuberante que tiene la provincia”