La «herencia» del petróleo: Comodoro tiene 3700 pozos inactivos dentro del ejido y algunos presentan surgencias

Tras el inicio de operativos de la Subsecretaría de Ambiente del Municipio de Comodoro Rivadavia, para verificar los pasivos ambientales de la ciudad, la mirada quedó centrada en la principal actividad, vinculada a la actividad petrolera. Sin embargo, hay que tener presente, como punto de partida, que los controles anunciados aportarán a todo tipo de industria y sus impactos.

Hecha la aclaración, es necesario volver sobre la industria madre de la región porque sus implicancias definen no sólo el quehacer económico, sino que también han delimitado la extensión urbana de una ciudad que adaptó sus formas a los espacios libres entre campamentos petroleros.

El tema no es nuevo, pero resurge con más fuerza ante la trascendental decisión de YPF de desprenderse de algunas de sus áreas maduras, tanto en la cuenca San Jorge, como en otras unidades productivas del país.

Frente a esa estrategia empresarial, tanto el gobierno municipal como el provincial apuntan a fijar condiciones de control y reparación, en una especie de ‘pulseada’ no declarada, para la salida y saneamiento de los impactos provocados durante más de 100 años de actividad.

De paso, es un punto de partida para extender el control a otras operadoras que también tienen pozos en el ejido además de, como se dijo, otras actividades con impacto ambiental en la ciudad.

DE 6.000 POZOS EN EL EJIDO, MÁS DE LA MITAD ESTÁN INACTIVOS

Según describió el subsecretario de Ambiente del municipio de Comodoro Rivadavia, Nicolás Coluccio, en el ejido urbano de la ciudad hay registrados unos 6.000 pozos, de los cuales 3.700 se encuentran inactivos.

Dentro de esa cantidad, hay perforaciones que fueron abandonadas con técnicas que se utilizaban hasta el año 1996. En ese período, la Secretaría de Energía de la Nación emitió la resolución número 5, que establece una metodología específica para el abandono y sellado de pozos en forma definitiva, con especificaciones de seguridad que no existían hasta ese momento.

Los que dejaron de operar antes de ese período, con técnicas más antiguas, imponen un radio de restricción de 60 metros, alrededor de los cuales se prohíbe cualquier tipo de construcción.

Ese ‘radio de seguridad’ es lo que dificulta la incorporación de tierras para urbanizar, debido a que las limitaciones impiden, por ejemplo, la extensión de cañerías para el tendido de servicios, afectando grandes superficies de tierra.

El interrogante que surge es cuántos de los pozos inactivos han sido abandonados antes de la resolución 5/96 y cuántos en forma posterior, con mayores garantías ambientales. Hoy no se conoce esa información y por eso, el objetivo del relevamiento iniciado por el organismo ambiental es determinar esa precisión.

“Si hacemos un poco de historia, luego de 117 años, obviamente los primeros pozos perforados fueron abandonados bajo otros estándares y metodologías”, dijo Coluccio, para ponderar la importancia de contar con esa información y empezar a sanear. Y añadió el dato que genera la mayor preocupación:

“Después de más de un siglo de actividad y de esos abandonos, empezamos a tener problemas de surgencia de algunos de esos pozos. Entonces, probablemente algunos de los que ya están cerrados tendrán que ser re-abandonados, con la técnica de la resolución 05/96, porque hoy están generando un riesgo no solo para la salud humana, sino para los bienes públicos y privados”.

Otra ventaja del re abandono, además de la obvia eliminación del riesgo, es que reduce el radio de seguridad a cero, lo que resuelve también el problema planteado para el uso de tierras urbanizables.

LOS COSTOS DEL SELLADO DEFINITIVO

Otro elemento que surge en el análisis es que algunos pozos están inactivos por baja producción, pero que, en el proceso de traspaso de áreas a manos de un nuevo operador, tal vez la ecuación económica final determine que es más viable ponerlos a producir que abandonarlos definitivamente.

Una refrencia conocida en el ambiente, que fue reiterada por el secretario de Gobierno del municipio, Sergio Bohe, es que el costo del sellado definitivo oscila entre los 65.000 y los 200.000 dólares por pozo. En algunos casos, incluso, tampoco hay información precisa del lugar en que están ubicadas las perforaciones, lo que haría el costo de esa tarea más onerosa aún.

De esa cifra surge la importancia que implica el relevamiento detallado sobre las perforaciones que tienen surgencia y el grado de riesgo que implican, por afloramiento tanto de petróleo como de gas, para que forme parte del saneamiento a realizar.

Esto incluye a las áreas que cambiarán de manos, pero también en lo que refiere a otros yacimientos que quedan bajo el mismo operador.

En ese marco, adquiere relevancia lo informado a esta columna meses atrás, a partir del testimonio de uno de los empresarios interesados en las áreas que salieron a ofrecimiento público, al precisar de qué modo el gasto en la reparación esas unidades (en lugar de abandonarlas definitivamente), podría generar efectos multiplicadores en el resto de la economía regional, poniéndolas a producir nuevamente.

De la elaboración final de ese relevamiento dependerá también el valor de las áreas a traspasar, ya que el operador que se quede con estos yacimientos deberá asumir el costo del saneamiento o su eventual puesta en producción, según las condiciones fijadas por YPF.

LA PULSEADA SILENCIOSA

Aunque nadie lo reconoce públicamente, hay entre el municipio y la provincia una especie de carrera, o ‘pulseada’, por la aplicación del sistema de control y relevamiento de los pasivos ambientales.

El municipio impulsa una ordenanza para fijar estas condiciones, mientras que también el Estado provincial elaboró un proyecto de ley propio. En ambos casos, se apunta no sólo al petróleo, sino a toda actividad industrial, pero indudablemente el tema hidrocarburífero (y la salida de YPF) es el punto de partida.

Independientemente de los plazos legislativos, desde ambas jurisdicciones se aclaró que más allá del tratamiento legislativo de esos proyectos, las resoluciones existentes en la actualidad permiten avanzar con los controles y relevamientos de pasivos, a fin de exigir el saneamiento y reparación.

El secretario de Ambiente de la provincia, Juan José Rivera, negó esta semana que haya una superposición de competencias y refirió que el proyecto de ley convoca a los municipios, para trabajar en forma conjunta en los controles ambientales.

“Los recursos son de todos los chubutenses y el poder de contralor recae sobre la provincia, de eso no hay dudas, porque es la que concesiona la explotación de esos recursos naturales -explicó el funcionario-. Tenemos que centralizar todas las normas en una sola”.

Al mismo tiempo, opinó, las normas pueden convivir, “en todo caso el municipio debería adaptarse a la ley provincial pero no estamos en esa discusión, la provincia da mucha autonomía a los municipios y nosotros celebramos el compromiso ambiental, para trabajar codo a codo con cada municipio. Está claro quién es la autoridad de aplicación sobre los recursos”.

Coluccio se refirió también a ese tema, al señalar, por su parte, que en la normativa que se impulsa a nivel municipal no se habla de la potestad de los recursos ni tampoco de las concesiones, sino del derecho a establecer controles que otorga la Carta Orgánica Municipal, “en línea con una estrategia marcada por el intendente Othar Macharashvili”.

Rivera, por su parte, señaló que ya tuvo contactos con la operadora para avanzar en la auditoría ambiental de cierra, para lo cual la compañía deberá contratar a una consultora especializada en el tema. Por eso, se trabajará con un cronograma específico, a desarrollarse en los próximos meses, a medida que avance el proceso de traspaso de áreas. Hay que recordar que el Estado provincial debe aprobar ese plan de remediación, previo a autorizar la cesión de las áreas.

Queda dicho también, no sólo la actividad petrolera genera pasivos ambientales. Comodoro Rivadavia mantiene en su historia una descarga de millones de litros de cloacas crudas sobre la costa y la obra que se había iniciado a principios del año pasado, para construir el emisario marino de zona norte, quedó rápidamente paralizada. Y ya se confirmó que es uno de los proyectos que no será retomado por el gobierno nacional.

La necesidad de avanzar también en soluciones para ese tipo de “pasivos” es otro de los desafíos para el futuro cercano, en una ciudad que ha recibido muy poco a cambio de lo mucho que ha entregado a lo largo de su corta historia de vida.