La agudización de la crisis económica en la Argentina, con la prolongación de la depresión en el tiempo, sus tristes consecuencias a la vista y la multiplicación de los dramas sociales, no sólo permitió que llegase al poder un excéntrico y disruptivo total a la presidencia; un fenómeno que la política tradicional y clásica evidentemente no vio venir y que ni siquiera imaginó en sus peores sueños y pesadillas.
Esa calamidad económica que se ha abatido sobre la calidad de vida de los argentinos, destrozando planes y proyecciones tan variados como la cantidad de ciudadanos existentes, se ha constituido en la oportunidad que durante años pareció esperar la minería para su desarrollo. Dicho de otra manera: el buen clima que la minería requiere indispensablemente para su expansión y operatividad a todo vapor, la armonía con otras actividades como la agrícola y la confianza y la aceptación de parte de las comunidades involucradas comienzan a aparecer en el país mientras la depresión más estragos hace, hundiendo a la mitad del país bajo la línea de la pobreza. Y Javier Milei, el excéntrico y disruptivo presidente que le está diciendo al mundo que volverá a colocar a la Argentina entre los países más poderosos del planeta en términos económicos por la vía de las reformas estructurales y ajustes en marcha, se ha convertido para la actividad en la llave que esperaba para desbloquear –es la esperanza–, los millones de dólares de inversión para un puñado de proyectos de cobre distribuidos en cinco provincias. Uno de ellos está en Mendoza y es el que más cerca se encuentra para entrar en producción, de todos los que están en danza.
El yacimiento de cobre San Jorge, ubicado en Uspallata, podría haber comenzado su construcción en el 2011 y a esta altura ya estaría contabilizando más de 10 años de producción. La disputa electoral de aquel año sacó del tratamiento legislativo su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y desde ese momento en adelante y por la mala praxis de la misma política, por los pésimos cálculos, la ausencia de decisión también política y de convencimiento para llevar adelante los cambios y transformaciones que demandaba la economía provincial, ningún proyecto pudo desarrollarse con la excepción de los permisos de exploración que se libraron para Cerro Amarillo, en Malargüe, el que está cumpliendo de forma incipiente recién las primeras perforaciones para identificar en concreto cuánto mineral podría contener el subsuelo, más allá de las especulaciones y previsiones que ya se hicieron sobre el mismo.
En la reciente feria minera de San Juan, en la que se conformó la Mesa Nacional del Cobre que integra Mendoza junto a San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, el gobernador Marcelo Orrego confesó que terminaría satisfecho su mandato (finaliza en el 2027) si uno de los proyectos en camino que tiene su provincia pudiese entrar en producción. Y en esa misma Mesa se pasó revista a la situación de los ocho emprendimientos de cobre más avanzados e importantes que tiene el país. De todos, San Jorge, en Uspallata, quedó identificado como el único en condiciones de comenzar su construcción, que demandaría aproximadamente un año para luego arrancar con la explotación y producción de cobre con horizonte real estimado para el 2025.
¿Por qué San Jorge sería el primero en arrancar? Por su escala en principio ya que es el más chico de todos los proyectos de las cinco provincias; por los 600 millones de dólares que demandaría la inversión frente a los más de 3 mil a 5 mil millones de dólares que requieren el resto de los megaproyectos. Y porque los lituanos y rusos dueños del yacimiento ya le habrían asegurado al gobierno de Alfredo Cornejo en encuentros reservados de algunos meses atrás, y garantizado, que cuentan con los recursos de inmediato para arrancar, sin necesidad de financiamiento extra, ni la intervención de nuevos socios.
“San Jorge tiene que presentar una nueva DIA”, dijo Jimena Latorre, la ministra de Energía y Ambiente de la provincia el jueves, en LV10, cuando comentaba la implicancia para Mendoza de su ingreso en la Mesa Nacional del Cobre y la visión oficial del gobierno sobre el proyecto. Esa DIA, de acuerdo con voces cercanas a la empresa, estaría en condiciones y lista de ser oficializada, a la espera de un guiño político.
Claro que, otra vez, el expediente debería incursionar por las tierras siempre movedizas de la política con asiento en la Legislatura. Y no sólo la crisis y su profundización están empujando el proyecto hacia su aprobación legislativa –lo que se impidió en el 2011–, sino que además se estaría aguardando un estudio de campo en Uspallata y en todo Las Heras, el que acercaría y actualizaría el ánimo social de la comunidad para el desarrollo de la actividad y el ingreso pleno del departamento gobernado por Francisco Lopresti al juego minero, tal como lo ha hecho Malargüe.
Hay también un factor determinante para ganar confianza en la comunidad: el desarrollo de todo el proyecto quedaría dentro de los límites que delimita la 7722, la conocida “ley antiminera”. En verdad, el 80 por ciento del cobre contenido en el yacimiento podría extraerse bajo un método diferente a la lixiviación, la demonizada práctica que requiere de los químicos prohibidos por la ley. San Jorge sostiene, sin embargo, que aún resignando ese 20 por ciento del potencial del yacimiento, el mismo sigue conformando una oportunidad de negocio aceptable.
Pero aun así, San Jorge tiene un panorama más claro que otros dentro del territorio provincial: es el único emprendimiento que cuenta con el aval de la Suprema Corte de Justicia para avanzar bajo el método tradicional luego de que el tribunal declarase inconstitucional parte del famoso artículo 3 de la ley, aquel que prohíbe “el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros…”
La Mesa del Cobre cuenta con ocho proyectos de cobre con factibilidad para ser activados. Se trata de Josemaría, Los Azules, El Pachón, Altar y Filo del Sol, los tres en San Juan; Taca Taca en Salta; Mara en Catamarca y San Jorge en Uspallata. Todos, a excepción de San Jorge, requieren una inversión inicial que arranca en los 3 mil millones de dólares escalando hasta los casi 4.500 millones. Las empresas dueña de los mismos se encuentran buscando financiamiento. De todos ellos, Josemaría podría estar en condiciones de iniciar su construcción, pero de los ocho, del total, como está dicho, San Jorge sería el que se podría terminar antes y largarse a explotar.
Las razones son varias. Por ser el más chico de todos, San Jorge demanda menos inversión (600 millones de dólares) y menos tiempo de construcción. De ahí que podría ser el único al fin del mandato de Milei en explotación y producción si lograra contar con los permisos. Se calcula que durante la construcción del yacimiento emplearía unos 4.000 operarios y entre 1.000 y 1.500 durante los 16 años de producción previstos.
De acuerdo con los estudios de exploración –todos terminados luego de que se perforaran unos 350 pozos más de una decena de años atrás–, el yacimiento cuenta con 1 millón de toneladas de cobre medidas, y alcanzaría a producir unas 40 mil toneladas por año. El Pachón, Los Azules y Taca Taca, entre los tres, alcanzarían las 700 mil toneladas de producción, algo así como el 3 por ciento del nivel mundial. Los tres constituyen más del 60 por ciento de las reservas del país.
De acuerdo con datos de Minería de la Nación, al sumar los cinco emprendimientos restantes, entre ellos San Jorge, Argentina llegaría al 5 por ciento. Y si todos estuviesen en producción, hacia el 2030, el país podría llegar a exportar unos 11.100 millones de dólares. Se calcula que San Jorge en producción, podría producir anualmente por unos 412 millones de dólares todo calculado al valor de los 10.320 dólares la tonelada de acuerdo con la cotización del último viernes