La discusión por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los tantos capítulos controversiales de la Ley Bases, pone a la Patagonia en el centro de la escena. Estas extensas tierras cuyas provincias, a diferencia de las del centro y el norte de país, no son preexistentes al Estado nacional, siempre parecieron recibir un trato indulgente y hasta caritativo de los gobiernos centralistas, cuando en realidad en base a sus recursos podrían ser el centro del desarrollo nacional.
Este lugar, que se representa como una belleza inerte y fácilmente vulnerada, contrasta con la potencialidad que puede desarrollar. Hay casos de sobra en el mundo, pero el más conocido es el del Estado de California que logró ser una de las zonas de mayor generación de riqueza con un recurso clave: energía barata. Los gobiernos de Neuquén y Río Negro comenzaron a trabajar por estos días en la imposición de un canon a las hidroeléctricas que aprovechan los ríos regionales, pero tienen en mira tomar una opción en especies para generar condiciones locales, con energía accesible, para el desarrollo económico. Sin dudas sería una buena medida.
Pero pese a la potencialidad de sus recursos, donde claramente se destaca Vaca Muerta pero se suman los proyectos mineros, puertos, turismo, agro, ganadería y posibilidades para el desarrollo industrial, el modelo de las economías de enclave acecha cualquier plan teórico.
Es probable, como también los piensan los gobiernos de la región, que el RIGI tenga principalmente un impacto positivo en la recepción de inversiones en la Patagonia. Y no cabe dudas que el país necesita regímenes de beneficio a las grandes inversiones, así lo demostró el acuerdo YPF-Chevron. Pero no menos cierto es que las condiciones que promete la propuesta del gobierno de Javier Milei, en la mayoría de los 12 títulos del proyecto, son demasiado generosas.
Tan generosas que borran los límites de la soberanía. Es decir, se necesita un plan de incentivo para la llegada de inversiones, en eso hay acuerdo, pero no parece ser que el camino sea el RIGI. Aún cuando su aprobación allanaría el camino a proyectos como el del GNL a través del puerto en Sierra Grande y el desarrollo pleno de Vaca Muerta, con proyecciones de exportaciones que superan la generación de riqueza del campo argentino sin depender de condiciones climáticas.
Pero, ¿por qué el RIGI no es el plan de incentivo más conveniente? Los plazos y alcance de una fuerte reducción de costos fiscales, aduaneros, modificación del régimen cambiario y grandes beneficios jurídicos no tienen precedentes en nuestra legislación. Son condiciones garantizadas por 30 años y, por ejemplo, después del tercer año libera a los inversores de liquidar los dólares -el sector petrolero ya proyectaba 30.000 millones por año antes del RIGI para 2026- vía Banco Central, cómo hoy lo hace el campo.
También al tercer año elimina los derechos de exportación y garantiza el acceso a los recursos por encima del abastecimiento interno. El desarrollo productivo local está ausente en el proyecto oficialista y abre la puerta a desindustrializar la escasa potencia instalada que tiene el país.
La mirada de compasión sigue posada sobre la Patagonia y hasta llega al punto del ridículo, cuando se intenta caracterizarla en torno a las peleas territoriales con las comunidades originarias. No tiene el corporativismo de las provincias productoras del centro, que se adjudican el mote de ser el motor del país, y en cierta medida hoy lo son, y lo seguirán siendo mientras el país no se desarrolle y abandone la exportación primaria como única fuente de divisas.
Si la Patagonia no toma, con sus representantes a la cabeza, el protagonismo que necesita y también hace un poco de corporativismo -algo que en sí mismo no es malo-, corre el riesgo de convertir a esta tierra rica en una economía de enclave: aquellas regiones subdesarrolladas que sufren el extractivtismo y la exportación de sus recursos bajo control de capitales exclusivamente foráneos sin dejar riqueza local