En línea con los reportes del Observatorio de la Deuda Social que periódicamente difunde la UCA, Unicef publicó en un informe que en Argentina 2 de cada 3 son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos a la educación, la protección social, una vivienda o baño adecuado, el agua o un hábitat seguro.
Del dramatismo que encierran estos datos estadísticos da pábulo que, en nuestro país, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo la línea de pobreza.
Está a la vista. Basta con tomar nota que se erigieron 6.467 barrios populares, villas y asentamientos de todo el país, que en total ocupan una superficie tres veces más grande de la que ocupa la Ciudad de Buenos Aires y en los que habita el 12% de la población, unas 5 millones de personas.
Figura en el último inventario efectuado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con el decisivo aporte logístico de la ONG Techo Argentina y otras de la sociedad civil, presentado en diciembre pasado.
Casi un tercio de esos asentamientos está en la provincia de Buenos Aires: 2.065.
De la acumulación de datos de barrios populares que centraliza el Renabap desde 2017 e iniciara la ONG Techo en 2009, al que denominan Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI), surgen falencias sociales que dejan al descubierto una espeluznante desigualdad
En grandes números, el 66% de los residentes no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta con agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal y el 99% no recibe el suministro de gas domiciliario, por lo que debe comprar onerosas garrafas o usar los peligrosos braseros.
Además, el 87% de las mujeres que viven en esos barrios son responsables de hogar, y sólo un 31%, que incluye a las travestis-trans, tiene trabajo con ingresos.
Orígenes
«Más del 70% de la conformación de los barrios populares de la Argentina se dio como ‘ocupación de tipo hormiga’: una familia o un grupo de familias se asientan en un lugar que estaba abandonado, donde nadie está haciendo uso de la tierra, y después van convocando a otras», reflexiona Juan Maquieyra, director de la organización social Techo Argentina. Y añade: «Sólo hablamos de los barrios populares cuando suceden casos que para la vida cotidiana son sueltos».
Se refiere a las corrientes demonizadoras que solo señalan asesinatos, delincuencia, tráfico de drogas o la acusación de pretender vivir de los favores ajenos, pluralizando por unos pocos que se hacen notar.
El prejuicio contra los villeros fue desacreditado y dado vuelta en un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación y la Secretaría de Integración Socio Urbana del exMinisterio de Desarrollo de la Nación, que se basa en una encuesta de alcance nacional a una muestra exploratoria de 540 familias.
Allí advierte que los residentes en espacios con presencia de venta de drogas están más expuestos a situaciones de violencia y amedrentamiento, en un contexto de enfrentamiento entre grupos, familias o bandas que disputan los territorios.
Los actores sociales, las familias, los jóvenes de barrios populares que no participan de estas actividades ilegales sufren el miedo, la indefensión y el acoso de las bandas o grupos ilegales.
«La vida de los barrios populares es la de gente que trabaja, que festeja cumpleaños, que llora y se alegra por las mismas cosas que los vecinos de otros barrios, pero sólo son noticia cuando sucede algo excepcional», aboga Maquieyra.
Venta de drogas y ausencia policial
De acuerdo con la encuesta del Observatorio de Argentinos por la Educación y la Secretaría de Integración Socio Urbana, en uno de cada cuatro hogares (26,5%) se identifica la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o vecindario.
Ocurre en el 12,1% en la Ciudad de Buenos Aires, pero en un 31,1% en el conurbano bonaerense (y en un 32,8% en el Gran Rosario), por arriba del registro de grandes y medianas ciudades del país (26,7% y 25,7%, respectivamente).
Es atribuido el incremento del riesgo de venta o tráfico de drogas en los barrios a la ausencia de presencia o vigilancia policial, en un 36,3%. Sin embargo, en caso de que existiera sólo reduciría el riesgo al 22%.
La percepción de venta de drogas en las villas o asentamientos sube al 49,2%, así como al 41,2% en los barrios populares de clase baja.
Comparativamente, en los barrios de clase media, este riesgo cae al 20,3% y en los de clase media-alta al 3,9%. No es que no exista el problema, pero es menor su prevalencia y visibilidad.
La frecuencia aumenta en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires y de las no metropolitanas, pero se extiende mucho más en los barrios populares del conurbano bonaerense y de ciudades metropolitanas.
En el Gran Rosario, la presencia de venta de drogas alcanza los valores comparativos más altos, tanto a nivel villas como a nivel general (76,3% y 32,8%, respectivamente)