Tan solo dos meses antes, en enero, la misma tarifa equivalía al 10% de la CBT. Quizá por estas razones y para mitigar el impacto en una tasa de inflación gradualmente en baja es que el gobierno ha decidido postergar los aumentos de tarifas ya planificados, para distribuirlos en el tiempo.

Debido a las distintas políticas que se han aplicado en los últimos 30 años sobre los servicios públicos en Argentina, las tarifas que se abonan han oscilado constantemente en torno a las discusiones de aquellos que proponen un esquema de subsidios para abaratarlas y los que proponen sincerar su costo para no caer en gastos desmedidos de las cuentas públicas.

Durante los primeros años de este siglo, post crisis de 2001, se aplicaron políticas de subsidios como respuesta a la caída de los ingresos de los argentinos.

Con el paso de los años, Argentina comenzó una recuperación económica, pero, sin embargo, el esquema de subsidios a las tarifas no se modificó. Se “pisaron” los precios de las tarifas durante años, generando valores ficticios, totalmente alejados de los que surgirían si se consideran la estructura de costo de las empresas que brindan el servicio.

Como contraparte, las gestiones posteriores aplicaron políticas para solucionar estos problemas, pero no fueron bien recibidas por los consumidores.

Los aumentos significativos en las tarifas de luz generaron rechazo en buena parte de la sociedad (amparos judiciales), ya que este tipo de consumo es inelástico (ante las variaciones en los precios, uno no pudo modificar su consumo con facilidad).