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Así lo confirmó el secretario de Ambiente, Sebastián Georgión. Afirmó, con documentación en mano, que la operadora «incumplió» sus obligaciones ambientales. Remarcó que de lo previsto en el contrato de prórroga, sólo se invirtió el 23%.
En medio de la tensión que se generó en torno a la decisión de YPF de protagonizar, en principio, un retiro “desordenado” de las áreas maduras que opera en Santa Cruz, aparece en la mesa de debate el pasivo ambiental que deja en la provincia la petrolera, a lo largo de ocho décadas de actividad.
Santa Cruz tiene un andamiaje jurídico que permite obligaciones ambientales a las empresas que operan en la provincia. No sólo está contemplada en la Ley 3.117, marco de las prórrogas de las concesiones hidrocarburíferas, sino también en la Ley 3.122 de Saneamiento Ambiental.
Bajo esas dos normas, el secretario de Ambiente de Santa Cruz fue contundente: “YPF incumplió“. En diálogo con el programa Café y Noticias por Radio Al Sur, el funcionario le marcó a esta periodista que “el pasivo ambiental data de la época de los años 50, lo venimos heredando y nadie le encuentra una solución”.
Incumplimiento
Ya en ese momento “quedó el compromiso de la empresa de avanzar en completarlo” y mientras lo hacían, el contrato establecía una inversión anual de USD 20 millones para la remediación y evaluación de todo ese pasivo. Sin embargo, en estos 12 años de concesión que se llevan, “sólo cumplió con el 23% de lo acordado“.
Puso por ejemplo el tema de las piletas de petróleo. “Hay unas 7.000 piletas entre todos los yacimientos, debían remediar unas 1.000 piletas por año, no pasó”. En ese sentido, reveló que a la fecha “estuvimos analizando casi 1.500 actas y documentos” que se le hicieron a YPF, donde las conclusiones de los mismos “en su gran mayoría es ¡no cumplió!”, por eso es que la postura de la Secretaría de Ambiente es que YPF no cumple con los requerimientos ambientales. Y se señaló que la operadora, sobre las intimaciones para que se adecúe a la Ley 3.122, “siempre buscó dilatar los tiempos”.
El funcionario destacó que en la secretaría, ante eso, “se generó un sumario y la multa correspondiente“. Ahora, además de “invitarlos a que cumplan con la Ley de Saneamiento, los estamos intimando para que presenten el relevamiento total del pasivo ambiental de la totalidad de sus áreas”. “La empresa no respeta los acuerdos firmados, por lo que el antecedente no es bueno“, reafirmó Georgión.
Cuantificación
A la hora de la “cuantificación” del pasivo ambiental, Santa Cruz tiene a su favor, si el reclamo llega a las últimas instancias (léase la judicial), que existe, en el contrato de prórroga, el reconocimiento de un pasivo ambiental valuado en “entre unos USD 2.500 y USD 3.500 millones“, en consonancia con aquel primer relevamiento que se hiciera en 2010, previo a la estatización de YPF.
“Hay que recordar que en aquel momento el contexto en el que se hizo difiere mucho del actual” y marcó algunas críticas al estudio realizado. “Un relevamiento completo lleva mucho más que 6 meses“, advirtió.
Más allá de eso, reiteró que se ultiman los detalles para enviar una intimación formal a YPF para que presente “la cuantificación exacta de los pasivos” y si no lo hace, “habrá que ver las decisiones que se toman”. Pero dejó en claro que en las negociaciones “que lleva adelante el gobernador Claudio Vidal, el tema ambiental no está aislado” y se tiene muy presente.
Debate
Sebastián Georgión recordó que el tema ambiental durante muchos años no era algo que se pusiera sobre la mesa y eso cambió en los últimos tiempos, “porque el mundo también cambió“. De todas formas, “siempre estamos cruzados, transversalmente, por una cuestión de contexto político y económico, con una situación bastante compleja y que nos encuentra en esta negociación y cuál es la mejor opción para el desarrollo de Santa Cruz”.
Ahora bien, ese debate “nos tiene que encontrar unidos” y más allá de lo que se hizo antes (desde el área que él hoy conduce), “lo que nosotros queremos es mejorar hacia adelante”.
Y volviendo al tema del incumplimiento, el funcionario marcó que “nosotros cumplimos con todos los pasos administrativos” que se debían dar. Y no es un tema menor y puso a la “negociación” como primordial “y predominante a la hora de resolver el tema de áreas”.
“Tenemos que priorizar y tener los pies sobre la tierra, y ver cómo sacamos el mejor rédito de nuestros recursos no renovables, pero no en desmedro a la sociedad, sino todo lo contrario”, ratificó Georgión.
En este punto, volvió a remarcar la postura de la Secretaría de Ambiente que él conduce: “Planteamos que YPF incumplió con sus compromisos ambientales, esa es nuestra postura: la empresa no cumplió”.
Que la empresa cumpla con sus compromisos ambientales no sólo tiene que ver con las normas, sino también que la remediación tiene un valor económico en sí misma. “En 2007 teníamos el campo plagado de cuadrillas de saneamiento”, recordó el funcionario, “eran unos 2.000 puestos de trabajo“, pero “cuando la industria ajustó, los pasivos seguían estando y la gente quedó desocupada”.
Y si bien admitió que hoy se está en una situación compleja, planteó que una opción “es que la empresa pague por el pasivo histórico o que se hagan cargo del mismo la o las empresas que reemplacen en la operación a YPF”. Y reiteró que “existen leyes que se deben cumplir y hacer cumplir” y en eso está el Gobierno, marcó