En el plenario de comisiones se recibió a cámaras empresarias y organizaciones civiles que coincidieron en su visión negativa del proyecto presentado por el Ejecutivo.
Este jueves fue una jornada marcada por una oposición transversal a algunos de los puntos que propone el proyecto del nuevo Código de Procedimientos Mineros que presentó el Estado provincial en la Legislatura de Mendoza.
Tanto representantes del sector industriales, cámaras y colegios profesionales, además de organizaciones antimineras, coincidieron en que el proyecto que empuja la administración de Alfredo Cornejo tiene puntos que no son los adecuados para el desarrollo minero de Mendoza.
Dentro de las exposiciones hubo coincidencia en el cuestionamientos al artículo 4° del proyecto, el cual deroga la ley 3.790, referida a la creación de la Dirección de Minería y que, de paso, significa la eliminación del Consejo de Minería. Recalcaron que no fue la acción del Consejo ni la Dirección de Minería que la que frenó las inversiones mineras en Mendoza, sino que recordaron lo que ha generado la Ley 7.722 durante más de 15 años.
En la apertura de las exposiciones, el titular de la Unión Industrial de Mendoza, Matías Díaz Telli, destacó lo valioso de debatir sobre minería y pidió que la discusión sobre el desarrollo de la actividad se mantenga. Sin embargo, dijo que la ley tiene muchos defectos y no tiene sentido aprobarla como se presenta.
Criticó la celeridad con la que se le quiere dar tratamiento al código y cuestionó la eliminación del Consejo de Minería. Al mismo tiempo, puntualizó que «no ven con buenos ojos» el protagonismo de las sociedades anónimas del Estado, refiriéndose a Impulsa Mendoza.
En segundo lugar estuvo la exposición del presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM), Raúl Rodríguez, quien se centró en aspectos técnicos y jurídicos.
Recalcó que hay incongruencias notorias, desde el momento en que el artículo 4° se elimina la Dirección de Minería, pero se la sigue mencionando en el resto del proyecto. Además, apuntó al artículo 38°, el cual apunta a que en las áreas que queden libres por distintas razones, tendrá prioridad Impulsa Mendoza, cuestión que -según explicó Rodríguez- va en contra de lo que indica el Código de Minería de la Nación y -por lo tanto- caería en una situación de inconstitucionalidad.
La opinión del ex director de Minería
En la misma línea se manifestaron los geólogos, que apoyaron cualquier impulso minero, pero criticaron el proyecto y la eliminación del Consejo de Minería.
Luego hizo uso de la palabra Roberto Zenobi en representación del Colegio de Ingenieros en Minas. La particularidad es que Zenobi fue director de Minería en los últimos dos años de la gestión de Rodolfo Suarez y dejó el cargo en diciembre. El mismo que aún no puede ser ocupado, porque para que asuma el encargado actual se deben aprobar los cambios que están hoy en la Legislatura.
El ingeniero destacó que el gran problema que tuvo la Dirección de Minería en todo este período fue la falta de recursos, puntualizando su opinión en un dato que no pasó desapercibido. Zenobi indicó que el salario de un abogado en la dirección era de $76.000, buscando ejemplificar lo que sucede hace 15 años en la repartición estatal con la falta de recursos.
Luego intervinieron representantes de cámaras de San Rafael, General Alvear y también Malargüe, las que coincidieron en señalar el mencionado artículo 4° y la situación del Consejo de Minería como uno de los reparos principales.
Al cierre de las exposiciones estuvieron las asambleas del agua y otros grupos antimineros, los que se manifestaron en contra del proyecto y del apuro con el que se buscaría darle tratamiento.
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