Una desmesurada política recaudatoria de intendentes bonaerenses en las tasas viales, entre tantas, provocó el hartazgo generalizado de muchos productores bonaerenses y una catarata de juicios contra varios distritos de la provincia. Son cientos de propietarios de tierras que, individualmente, recurrieron a la Justicia para tratar de revertirlo.

Con anterioridad a una demanda colectiva de la Sociedad Rural de Azul, con más de 190 productores, fueron cerca de 50 los que lo hicieron de manera particular contra el municipio por la ordenanza que los obliga a pagar por mes una tasa llamada de servicios esenciales, en pesos del equivalente de hasta un litro de gasoil por hectárea. En detalle, a fines de diciembre pasado, ese grupo de ganaderos se reunió con el abogado Jorge Moroni, especialista en el tema, para ver si se podía hacer algo en materia judicial para frenar dicha tasa.

Hace más de dos años que su estudio en Bolívar lleva presentando diferentes recursos con un grupo de productores en relación a las tasas que están cobrando la municipalidad, “de un valor importante, por cierto, que no se estaban viendo reflejadas en lo que implica una tasa, que es el servicio de mantener los caminos rurales para poder sacar la producción”.

“Este es el abecé de una tasa. Como no se cumplía por parte de la Municipalidad, empezaron los recursos administrativos para frenar, diciéndole al municipio que no le iban a seguir pagando si no arreglaba los caminos. Esto solo no se solucionó sino que a la postre, al día de hoy en las últimas ordenanzas fiscales han aumentado la tasa a valores exorbitantes, entre un 300 al 500% y el servicio sigue sin prestarse. Esto motivó que a fines del año pasado, conjuntamente, empezáramos a evaluar la posibilidad de ir a la Justicia Contencioso-Administrativo porque la vía administrativa dentro de la Municipalidad estaba agotada y empezaba a ejecutar esas tasas impagas”, detalló a LA NACION.

Mientras trabajaba en Bolívar con estas demandas, surgió que los concejales en Azul dictaron la ordenanza por la cual crearon una nueva tasa llamada de servicios esenciales: “Hoy por hoy, también estamos trabajando en Azul con 50 productores que no entraron en la demanda colectiva que hiciera la Sociedad Rural de esa ciudad, ya que fueron presentadas posteriormente a las nuestras individuales que se hicieron el 26 de diciembre. Estamos esperando que el juez dicte antes de que finalice este mes la resolución sobre la medida cautelar planteada que es no pagar la tasa nueva hasta tanto se resuelva el caso principal”.

Contó, además, que a principios de 2024 unos 15 productores de Daireaux se interesaron en plantear en la Justicia de Trenque Lauquen, que tiene los mismos tribunales para la región, por el incremento de las tasas viales y la falta de contraprestación. “Hicimos una demanda contra el municipio por la no prestación del servicio y, además, por el aumento de más de un 350% de la tasa planificada para este año”, explicó.

Dijo que, por ahora, son tres los frentes abiertos por su estudio: Azul, Daireaux y Bolívar. En esta última localidad están ultimando detalles y preparando la demanda para “largarla esta semana en Azul (Bolívar pertenece al departamento judicial de esa ciudad)”.

En este contexto, fue consultado días atrás por productores de Pehuajó, donde generó revuelo la información de que el intendente local, Pablo Zurro, quería impulsar un proyecto de ordenanza para cobrar una nueva tasa fitosanitaria en la zona (con pago de dos litros de gasoil por hectárea por aplicaciones). También gente de Vedia y de General Pinto quiere seguir ese camino judicial. En el caso de Pehuajó Zurro negó en las últimas horas que pretenda cobrar una tasa por aplicaciones.

“Hay una movida del campo en toda la provincia, más allá de lo de Azul que es un disparate, donde los productores no es que quieren dejar de pagar; solo necesitan que les arreglen los caminos. Nos dicen que tienen un deplorable estado de caminos y que cuando llueve es imposible transitarlos y sacar su producción. Hay productores que me han planteado que los empleados que tienen ahí no pueden encontrar la manera de llevar los hijos a la escuela. Es recontra transversal la situación”, describió.

“Sumado a que lo que recaudan los municipios es una fortuna, ese dinero, por los apremios económicos que tienen los intendentes en otros rubros, tiene otro destino, entre ellos los sueldos de los empleados. El cobro de una tasa debe tener una contraprestación efectiva, es su naturaleza jurídica” agregó.

Recordó que hay jurisprudencia en la materia bastante reciente, cuando la productora de Carlos Casares, Andrea Passerini, ganó un juicio y sentó un precedente inédito para el campo. Luego de un reclamo contra ese municipio bonaerense por la falta de prestación de un servicio de mantenimiento de caminos, logró que quede firme una decisión judicial que obliga a esa comuna a devolver lo cobrado por la tasa vial. Passerini siguió pagando la tasa y posteriormente hizo una declarativa de certeza para que el municipio justificara que había brindado los servicios por los que cobró, pero no lo hizo.

“Nosotros, teniendo en cuenta este antecedente jurisprudencial, para el caso de la gente de Daireaux, le estamos pidiendo al mismo juez que permita a los productores no pagar para que luego no se tenga que hacer otro juicio posterior para que restituyan lo pagado. Más de 12 ya han iniciado juicio y otros tantos están en vía de hacerlo, juntando la documentación pertinente”, subrayó.

Por último, el letrado dijo que, lejos de querer perder el tiempo con juicios, el productor busca trabajar en el campo. “El productor produce, no está acostumbrado a juicios y le cuesta muchísimo no pagar. Se están moviendo estructuras que nunca pensé que se iban a mover: esto es un hartazgo generalizado a los municipios que cobran tasas viales con valores de Europa para tener caminos que no se pueden transitar ni con un tractor. Además, en el caso de municipios con tendencias peronistas está la famosa batalla cultural: no llaman al campo a sentarse a la mesa para ver cómo se pueden arreglar los caminos. El productor no es que no quiere pagar y desfinanciar al municipio, sino que lo único que busca es tener transitabilidad en sus caminos”, finalizó.