Se esperan definiciones de la compañía en torno a cuáles son las áreas que dejará de operar y con qué modalidad se desprenderá. El costo de la reparación ambiental y el modo en que se afrontará es un factor clave para definir lo que viene.
Raúl Figueroa @raulefi
El retiro anunciado por YPF de las áreas que opera en Chubut plantea interrogantes que comenzarán a responderse en las próximas semanas, aunque la marca indeleble dejada en el ambiente por más de 100 años de explotación en la zona no será un punto sencillo de resolver, según plantean autoridades políticas de la ciudad y la provincia.
Las precisiones que empezarán a conocerse en breve serán formuladas por el presidente de la compañía, Horacio Marín, ante el gobernador Ignacio Torres y autoridades del municipio de Comodoro Rivadavia, como también a representantes sindicales.
En concreto, el ejecutivo terminará de confirmar cuáles son las áreas que dejará de operar en Chubut, si bien en este punto ya no hay tanto misterio. La operadora se quedaría sólo con Manantiales Behr y alguna más en Chubut o Santa Cruz, ya que según voceros de la operadora, “nos vamos pero en todas las cuencas nos vamos a quedar con algún bloque pequeño”.
La diferencia entre ambos procesos es importante. Una devolución de las concesiones por parte de la petrolera a la provincia podría iniciar un extenso proceso, de varios meses, en el que se debería auditar el estado en que se devuelven los yacimientos y preparar las condiciones para una nueva licitación y adjudicación, con la consiguiente paralización de actividades.
La otra opción es el traspaso, o venta de la concesión, entre privados, por el que YPF podría acordar la venta a una compañía interesada en quedarse con la explotación de esos yacimientos, lo que debería ser aprobado posteriormente por la Legislatura de Chubut, en un proceso relativamente más rápido.
Una tercera opción, vinculada a la segunda, es la propuesta que también se puso sobre la mesa cuando Marín dialogo con empresarios regionales, para que un conjunto de Pymes contratistas conforme un consorcio para quedarse con la explotación de alguna de las áreas.
Cada una de estas opciones tendría distintas consecuencias, tanto en plazos como también en materia económica, además de lo vinculado al insoslayable problema ambiental.
UNA REMAKE DE PELÍCULA DE LOS AÑOS 90
Antes de avanzar en la especulación de nombres de posibles compañías que podrían quedar con la operación de las áreas de YPF en Chubut y Santa Cruz, es inevitable retrotraer la mirada hacia la historia reciente de la ciudad.
El proceso guarda similitudes con lo ocurrido en los 90, cuando el inicio de la privatización de la compañía hasta ese momento estatal, que se transformó en sociedad anónima en 1991 y completó la apertura al capital privado desde 1993, deparó una serie de cambios sociales y transformaciones profundas.
Por entonces, el despido de empleados fue maquillado con indemnizaciones tentadoras, además de cursos de capacitación para conformar emprendimientos productivos. Algunos tuvieron suerte y se insertaron como contratistas de la nueva empresa privada, para seguir brindando servicios, con suerte dispar en las últimas 3 décadas. Otros, constataron la fugacidad del dinero en el intento de negocios fallidos, como un kiosco o un remís que no dieron los frutos esperados, en tiempos en que Comodoro Rivadavia llegó a tener el índice de desocupación más alto del país.
Salvando las distancias, lo que ocurre ahora tiene algunas semejanzas. Más allá de que los voceros de YPF aseguran que “no habrá despidos y la gente va a ser absorbida por las nuevas compañías”, en el traspaso, la reducción de empleo será inevitable.
Esto se desprende de algunos indicadores presentados por la operadora al momento de anunciar su decisión.
“En la cuenca San Jorge, YPF tiene un costo operativo muy, pero muy alto, mucho más alto que el de compañías vecinas”, fue uno de los argumentos que se le escuchó a Horacio Marín en la ronda de encuentros que mantuvo hasta ahora.
Hubo otra frase que reforzó ese concepto, en el que la compañía asegura que ocupa más gente de la que necesitaría en esta región: “Es cierto que en Comodoro Rivadavia se descubrió el petróleo, pero eso no significa que YPF esté obligada a mantener un plan ‘Trabajar’ encubierto en esta zona sólo porque se descubrió el petróleo”, fue otra de las definiciones de un alto referente de la compañía, que visitó la ciudad en las últimas semanas.
La prueba, sostienen esos mismos referentes, está en la operación de compañías más chicas, en áreas cercanas a las que explota la petrolera de bandera nacional, pero con un costo operativo más bajo, con una relación de personal más baja con relación a cada metro cúbico producido.
Desde uno de los despachos oficiales del municipio de Comodoro Rivadavia se preparan para lo que está por venir:
“Ellos hablan de que la productividad YPF la hace con 15 personas y otro operador, para un área similar, la consigue con 10, por decir un número cualquiera -evaluó uno de los colaboradores del intendente Macharashvili-. Cuando el área pase a manos de otro operador, si es que YPF consigue ese objetivo, esa diferencia de 5 personas va a tener un costo social: no vamos a ver marchas y movilizaciones por despidos, porque van a hacer acuerdos privados, por 10, 30 ó 50 millones de pesos. Pero posiblemente algunos de esos empleados se vayan de la ciudad, o en todo caso son sueldos que dejan de circular y van a impactar en la economía de la región, sin dudas”.
LOS POSIBLES INTERESADOS Y ANTECEDENTES DE TRASPASO EN CHUBUT
En ese contexto, ya hay especulaciones en torno a los posibles interesados en las áreas de las que se retirará YPF. Quienes participaron de los encuentros con Horacio Marín, le escucharon hablar, con buenos conceptos, a favor de CAPSA, la operadora con sede en Diadema que además tiene áreas vecinas a las que pretende desinvertir la operadora de bandera.
Si bien no lo confirmó taxativamente y la mención fue a título de ejemplo, se cree que el grupo de capitales nacionales, de extremo bajo perfil, estaría en conversaciones para una operatoria de traspaso entre privados.
“La operadora estrella de la cuenca está en condiciones de operar nuestras áreas y de obtener una productividad mayor incluso. Si Manantiales Behr produce 4.000 metros cúbicos por día, las demás podrían dar más -dijo uno de los referentes de la petrolera-, pero eso se puede conseguir con un costo operativo mucho menor al que tenemos nosotros”.
Otras versiones hablan también de un grupo empresario de la región, como el renombrado Clear Petroleum, como aspirante a quedarse con algunos de los boques, aunque particularmente esa transacción se vería más cercana a las 10 áreas que dejará YPF en Santa Cruz. Sin embargo, analistas del sector no descartan el interés también de este grupo en alguno de los activos de Chubut.
En relación a CAPSA, hay que recordar que ya tiene antecedentes. En 2017, el grupo CAPEX, que controla a la primera, se hizo cargo de Pampa del Castillo, que cedió la chilena ENAP Sipetrol, con buenos resultados según las estadísticas oficiales: al inicio de aquel traspaso, el área producía 589 metros cúbicos por día, mientras que en la actualidad ha elevado hasta los 771 metros cúbicos, lo que significa casi un 31% de incremento.
Algo similar ocurrió con Bella Vista Oeste, que la compañía china Sinopec había abandonado tras el temporal de 2017. Luego de hacerse cargo transitoriamente de ese bloque y ponerlo en condiciones operativas, CAPSA asumió la operación formal desde el año 2020, a partir de un concurso público en el que presentó un compromiso de inversión de 50 millones de dólares
Los resultados en producción también avalan, al menos hasta ahora, esa operatoria. Mientras en diciembre de 2020 el área producía sólo 119 metros cúbicos de crudo por día, en diciembre de 2023 registró 243 metros cúbicos diarios, es decir duplicando la curva en 3 años.
“Sí, se fueron especializando en áreas maduras a partir de problemas ambientales que tuvieron entre 2005 y 2006”, recordó un funcionario, haciendo memoria de eventos pasados, sin dejar de reconocer que es “una empresaria seria, si bien resulta ‘junior’ en comparación a YPF”.
“NADIE COMPRA 2 KILOS DE REPARACIÓN AMBIENTAL”
El último punto de este informe es el más importante, porque se vincula a los efectos que deja en el ambiente de Comodoro Rivadavia la explotación durante 116 años por parte de la empresa YPF en sus distintas etapas.
El área ‘Campamento Central’ es la que involucra al radio urbano y la que más efectos visibles provoca, por la existencia de alrededor de 2.000 pozos, en su mayoría inactivos, correspondientes a sólo a esta compañía.
Desde la visión de la conducción de la empresa, “el pasivo ambiental no será un problema”. Claro, los ejecutivos que hablaron del tema lo hicieron desde una lógica de mercado: si hay traspaso entre privados, entonces quien compre las áreas se estará haciendo cargo del daño ambiental (y en todo caso, ese pequeño ‘defecto’ será parte del precio). Y si hay una reversión hacia el Estado provincial, entonces sería YPF quien daba encargarse del pago de la reparación.
Expresado así parece demasiado sencillo y traslúcido. Sin embargo, en la árida Patagonia, el color terracota y gris que provocan la tierra árida y el polvo levantado por el viento suele dificultar la visibilidad del problema, en tonos tan oscuros como los del petróleo.
Un abandono de pozos, en los términos en que marca la legislación nacional sobre el tema, significa alrededor de 200.000 dólares por pozo, lo que de movida implicaría un costo de 400 millones de dólares. No es algo imposible de pagar para una petrolera como YPF, pero tampoco es tan directo como una simple cuenta matemática.
Los impactos ambientales deben medirse también en la cantidad de piletas secas tapadas de forma precaria, en cumplimiento de normativas laxas que existían hasta la década de los 90, cuando se comenzó a legislar más fuertemente sobre el tema.
A esto se suma los ductos se abandonados, tanques en desuso y el necesario rastreo de material radiactivo que se manejó por la zona. “Se puede multiplicar hasta el infinito -definió uno de los funcionarios que trabaja sobre el tema- pero no estamos pensando en ponerle un precio a esto, porque el pasivo ambiental no se puede comprar ni vender. Nadie va al supermercado a comprar dos kilos de reparación ambiental. Lo que estamos pensando es en el concepto de reparación”.
COMODORO NO PONDRÁ PRECIO AL PASIVO AMBIENTAL
El razonamiento encierra un planteo que complejiza mucho más la ecuación arriba mencionada. Quienes dialogan con el intendente Othar Macharashvili aseguran que en su cabeza hay una idea diferente a la mera dolarización del pasivo ambiental.
En principio, porque no hay la misma garantía entre el eventual nuevo concesionario y lo que implica YPF como compañía para responder a esta reparación. “Vamos a discutir una estrategia de desarrollo, que en muchos casos no nos tuvo en cuenta -dicen sus colaboradores-. Esto ya se vio incluso con la estatización de YPF, aun cuando nosotros estuvimos de acuerdo, pero que fue restando participación a las pymes regionales, lo que se profundizó entre 2016 y 2019”.
En ese esquema, las condiciones que pondrá el gobierno municipal de Comodoro Rivadavia al momento en que la Legislatura deba aprobar el traspaso entre privados, buscará determinar una reparación acorde a la profundidad del impacto generado.
“El costo de una salida en malos términos es alto -dicen desde Moreno 815-. No vamos a ir a la discusión de cuánto vale irse. ¿1.000 millones de dólares, como ofrecieron en Santa Cruz? ¿3.000 millones? Podríamos construir un lago o hacer llover con esa plata, pero quien define qué hacer con eso es la provincia -matizaron-; y al final podría terminar yendo a Rentas Generales. Para nosotros esta reparación no tiene precio, por eso no vamos a discutir cuánto vale irse de Chubut”.
En cambio, “una industria desarrollada a partir del saneamiento del ambiente”, razonan, podría implicar nuevos desarrollos laborales y empresarios, con un paquete de medidas que se conocerán próximamente: ya se trabaja en una ordenanza de relevamiento de pasivos ambientales en la ciudad, además de otras ideas que apuntan a una especialización en temas vinculados al petróleo, aún cuando la explotación principal ya no tenga sede en esta ciudad.
La existencia de pozos potencialmente riesgosos en zonas urbanas densamente pobladas, por caso, será uno de los ‘activos’ a plantear en esa mesa de discusión, para que la salida de la operadora se dé en forma menos traumática, al menos en la visión del municipio.
Hay otro análisis que suman quienes asesoran al intendente sobre el tema: la rentabilidad de YPF en el último año, en áreas de Chubut, fue de un 8,5%, ya que la rentabilidad alcanzó los 28 millones de dólares, sobre una inversión inicial de 318 millones de dólares, de acuerdo con lo reflejado por los balances de la compañía.
“Salvo que hablemos de Kuwait, un yacimiento de 100 años con esta rentabilidad consolidada no es para nada despreciable”, evaluó un interlocutor del municipio, con conocimiento técnico sobre el tema. Un elemento más para sentarse a discutir: tal vez no alcance para revertir una decisión ya tomada, en aras de un objetivo de alcanzar exportaciones por 30.000 millones de dólares desde el año 2030, lo que refleja una de las oportunidades para sanear la economía del país a partir de Vaca Muerta.
Sin embargo, esos argumentos tal vez sirvan para hallar caminos que eviten los efectos más traumáticos de una salida que, indudablemente, marcará las próximas décadas de una región de la que dependen dos provincias