Ante la falta de recursos para afrontar los gastos crecientes que demanda la gestión operativa, son cada vez más los municipios que deciden valerse de un gravamen sobre la nafta, gasoil o GNC.
Por Redacción Surtidores
La idea de aplicar un sobreprecio a los combustibles para compensar la falta de envíos de fondos desde Nación y evitar la paralización de obras públicas no es nueva. Surgió en Córdoba, cuando el entonces gobernador Juan Manuel de la Sota resolvió sumar unos centavos a la nafta, el gasoil o el GNC para solventar el mantenimiento de las rutas y caminos de la provincia.
La iniciativa por entonces fue acompañada por Jorge Capitanich en Chaco y por numerosos municipios, especialmente de la provincia de Buenos Aires. Incluso el expresidente Mauricio Macri, en su calidad de alcalde de CABA intentó imitar la medida para financiar el Subte.
Por la decidida oposición de las Estaciones de Servicio, la mayoría de las localidades fue abandonando la usanza del gravamen. Sin embargo, la falta de recursos para afrontar los gastos crecientes que demanda la gestión operativa, hizo que numerosos municipios retomen la propuesta.
Un relevamiento de la Confederación del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina muestra que en Pinamar se cobra una tasa de 3 por ciento sobre el valor del precio de un litro, mientras que en Merlo, el recargo es de 2,5 por ciento; Ituzaingó, 2 por ciento; Rosario; 1,6 por ciento; Tigre, Escobar y Florencio Varela, 1 por ciento, y Avellaneda, con 0,6 por ciento.
Lo mismo sucede en Mar del Plata, donde el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza Fiscal que crea la denominada Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal, lo que significa una alícuota del 3 por ciento sobre el valor de los combustibles líquidos sin impuestos, que implica un impacto del 1,86 por ciento en el valor de salida del surtidor.
También hay municipios que cobran un valor fijo, como ser José C. Paz, con $5,10; San Isidro, con $4,39; Castelli, con $4, y Hurlingham, con $0,85.
Ante ello, las Estaciones de Servicio expresaron su disconformidad con la medida. Afirman que es una doble imposición -municipal y nacional- por la que ya se tributa y aseguran que perjudica a las expendedoras donde se aplica porque localidades vecinas son beneficiadas al vender el combustible más barato.
Lo cierto que más allá de la queja, los empresarios están dispuestos a judicializar el reclamo. Al respecto, la abogada Aldana Schiavi recuerda que la Tasa Vial de San Miguel del Monte fue declarada inconstitucional por el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso administrativo Nro. 1 de La Plata por no prestar efectivamente un servicio público divisible en cabeza de los contribuyentes.
“Todo sujeto que recargue combustible en el Municipio de Monte se ve obligado a pagar un valor excedente -y proporcional a la cantidad de combustible que consuma-, sin que exista una concreta contraprestación a cambio. Tal sería el caso de quien recarga combustible en una expendedora localizada sobre la ruta que pasa por dicha localidad y continúa su camino, sin ingresar a la localidad, caso en el cual, ni siquiera estaría usando la red vial que se intenta reparar o mantener a través del cobro de la tasa en cuestión”, establece el fallo.
En este sentido, la letrada expresa que la jurisprudencia “parecería auspiciar el éxito de las acciones judiciales, sirviendo -entre otros objetivos- para poner freno a la voracidad de los fiscos provinciales y municipales que, ávidos de recursos, tienden a denominar `tasa´ a cualquier tributo, sin importar el sujeto que las paga, ni el concepto por el cual se tributa”