La discusión sobre la renta minera en Argentina sumó un capítulo decisivo. Con la aprobación legislativa de ayer 9 de abril de 2026, Santa Cruz oficializó su adhesión al nuevo esquema de regalías que eleva el tope del 3% al 5% para futuros proyectos. Se trata de una medida que no solo impacta en la recaudación, sino que reconfigura el equilibrio entre competitividad, inversión y distribución territorial en una de las provincias clave del mapa minero nacional.
Durante más de tres décadas, el régimen de regalías estuvo regido por la Ley 24.196, sancionada en 1993, que fijó un máximo del 3% sobre el valor “boca mina”. Este concepto refiere al mineral en su estado original, sin procesamiento ni transporte, lo que históricamente limitó el monto efectivo percibido por las provincias. A pesar de los múltiples intentos de reforma —más de 120 proyectos legislativos en el Congreso—, el esquema permaneció prácticamente intacto, consolidando uno de los niveles de regalías más bajos entre países con actividad minera relevante.
Este marco fue clave para el desarrollo de proyectos emblemáticos como Cerro Vanguardia, operativo desde 1998, que junto a otros yacimientos consolidó a la provincia como uno de los principales polos de producción de oro y plata del país. Sin embargo, también alimentó durante años un debate persistente sobre la distribución de la renta minera.
El punto de inflexión llegó en 2024, en el marco del tratamiento de la Ley Bases. Allí, el senador José María Carambia impulsó una suba generalizada de regalías al 5%, iniciativa que finalmente fue morigerada tras intensas negociaciones. El acuerdo alcanzado estableció que solo los proyectos nuevos —aquellos que no hubieran iniciado construcción antes del 8 de julio de 2024— podrían tributar hasta el 5%, manteniendo el 3% para las operaciones en curso.
Dos años después, Santa Cruz formalizó su adhesión. El proyecto, presentado por el diputado Javier Jara, fue aprobado en un contexto de fuerte tensión social, con movilizaciones sindicales en el exterior del recinto y reclamos por la reapertura de paritarias.
La nueva ley establece un esquema claro: el 5% se aplicará sobre el valor boca mina en proyectos futuros, pero con una particularidad central: dos puntos porcentuales serán coparticipados entre municipios y comisiones de fomento. Este componente introduce una lógica de distribución territorial inédita en la provincia, con el objetivo de acercar la renta minera a las comunidades.
Durante el debate legislativo, Jara expuso con crudeza el trasfondo social de la medida, describiendo una provincia atravesada por dificultades económicas profundas, donde —según sus palabras— muchas familias se ven obligadas a abandonar sus localidades ante la falta de oportunidades. En ese contexto, el incremento de regalías aparece no solo como una herramienta fiscal, sino como una respuesta política a una demanda social concreta.
En paralelo, la sesión también avaló designaciones relevantes para el esquema institucional del sector: Marilina Jaramillo en el Tribunal de Cuentas y Fernando Baños al frente de FOMICRUZ, un actor estratégico en el desarrollo de proyectos provinciales.
A nivel país, la decisión de Santa Cruz se inscribe en una tendencia incipiente. Provincias como Salta ya habían avanzado en el mismo sentido en 2024, abriendo un escenario de competencia regulatoria entre jurisdicciones: algunas priorizan atraer inversiones manteniendo el 3%, mientras otras buscan capturar mayor renta elevando la carga.
Desde el sector empresario, las críticas no tardaron en llegar. La Cámara Argentina de Empresas Mineras advirtió que la suba podría afectar la competitividad del país, especialmente en un contexto donde el oro y la plata representan cerca del 70% de las exportaciones mineras. En la misma línea, la AmCham Argentina cuestionó la medida por considerarla contradictoria con los incentivos del RIGI.
El contraste internacional refuerza la complejidad del debate. Mientras Argentina históricamente operó con regalías bajas, países como Chile adoptaron esquemas mixtos con componentes sobre margen operativo, y Australia aplica sistemas progresivos que capturan mayor renta en contextos de precios altos. En ese escenario, la suba al 5% posiciona al país en un punto intermedio, aunque aún lejos de los modelos más exigentes.
El impacto real de la medida dependerá de múltiples factores. Por un lado, la efectividad en la implementación de la coparticipación a municipios, un aspecto que todavía genera interrogantes. Por otro, la capacidad de sostener el atractivo para nuevas inversiones en un contexto global competitivo.
La reforma deja en evidencia una tensión estructural: cómo equilibrar la necesidad de captar mayores recursos para las provincias con la obligación de mantener condiciones atractivas para el desarrollo de nuevos proyectos. Santa Cruz decidió avanzar en ese equilibrio, apostando a una mayor participación en la renta minera sin alterar las reglas para las operaciones existentes.
El resultado es un nuevo escenario que redefine las condiciones de juego para la próxima etapa de la minería en la provincia.
Por: Extremo Minero