De los cinco diputados nacionales por Catamarca, sólo Claudia Palladino (UP) votó en contra. Fernanda Ávila, Fernando Monguillot, Sebastián Nóblega y Adrián Brizuela votaron a favor.
«El Gobierno está apostando a un cambio de la matriz económica muy profundo en poco tiempo. Mi preocupación hoy es la gestión, traer empleo, que no siga aumentando el desempleo. La gente está esperando que nos llevemos bien y que mejoremos la calidad de vida en un contexto internacional muy difícil», enfatizó.
Judicialización
El Gobierno de La Pampa presentó un amparo colectivo contra la nueva ley en el juzgado federal de Santa Rosa, junto con la Universidad Nacional de La Pampa y dos ONG.
Rechazan proyecto «Sofía Gold» en Santa María
El Gobierno no autorizó el desarrollo del proyecto minero Sofía Gold, ubicado en Santa María, pese a que aún tenía una concesión vigente. La decisión fue confirmada por el Ministerio de Minería, a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, luego de evaluar las características del área y considerar los planteos expresados por la comunidad local.
Según informaron, la zona presenta una alta sensibilidad social, además de albergar recursos naturales de particular valor y evidencias de intervenciones antrópicas previas, factores que fueron determinantes en el análisis. Las autoridades recordaron que la posesión de una concesión minera «no implica una habilitación automática para iniciar actividades». Para ello, las empresas deben presentar los correspondientes informes de impacto ambiental y atravesar los procesos de evaluación establecidos por la normativa vigente. En este caso específico, se resolvió no autorizar ningún tipo de intervención, ni siquiera aquellas de carácter prospectivo y no invasivo. «De este modo el proyecto queda sin posibilidad de ejecución en las condiciones actuales, priorizando la protección ambiental y las demandas sociales por sobre el desarrollo de la actividad minera en la zona. Asimismo, el concesionario ha desistido de realizar actividades ya que no es viable la región», informó Minería.
Ávila destacó que los cambios hacen a la ley «aplicable»
Encargada de uno de los cierres en el debate, la diputada Fernanda Ávila (Elijo Catamarca) destacó que los cambios en la ley no implican un retroceso, sino una mejora técnica indispensable para la seguridad jurídica. Según Ávila, existe un «reflejo automático de considerar que ante cualquier modificación de una norma ambiental estamos retrocediendo», cuando en realidad, en este caso, «viene a aclararla y hacerla aplicable».
«El objeto de la ley fue, es actualmente y será en el futuro el mismo: proteger las reservas estratégicas de agua», remarcó e insistió en que los problemas actuales nacen de «imprecisiones técnicas que generan inseguridad jurídica y el debilitamiento del federalismo». Al referirse a los ambientes periglaciales, remarcó que la protección debe centrarse en funciones hídricas reales: «El área periglaciar no es una nieve, un hielo ocasional», dijo. Eso, a su criterio, convirtió a la ley original en una norma «confusa y contradictoria». «Una mala redacción hace que una norma escrita quede totalmente desprendida del espíritu», sostuvo, señalando que esta falta de claridad llevó incluso al procesamiento penal de científicos. Esta incertidumbre ha afectado el inventario de glaciares, donde, tras 16 años, «solamente dos geoformas fueron analizadas en fase tres» (el nivel de mayor detalle).
El punto central de su intervención fue la defensa del federalismo y la capacidad técnica local. «¿Cuánto tiempo más vamos a seguir postergando el desarrollo de nuestras provincias?», cuestionó Ávila, subrayando que «tenemos profesionales de altísimo nivel en las provincias, capaces de realizar estudios de terreno con rigor científico. Aseguró que los procesos provinciales no son «decisiones discrecionales», sino procesos validados con controles permanentes y participación comunitaria.
Finalmente, concluyó que esta reforma es un acto de responsabilidad legislativa para mejorar el ecosistema normativo: «Una ley no es más fuerte porque sea más amplia. Es más fuerte cuando se puede sostener, cuando puede defenderse frente a objeciones científicas. La meta final es lograr que la protección ambiental se haga en armonía con el desarrollo de nuestras provincias», sintetizó