Tras la aprobación de la normativa en la madrugada de este jueves, las principales cámaras mineras coincidieron en que la modificación aprobada por el Congreso fortalece el federalismo ambiental y da previsibilidad técnica indispensable para el desarrollo de proyectos mineros.
En sintonía con esta postura, GEMERA emitió un comunicado donde reafirma la importancia de contar con un marco que otorgue «certeza en su interpretación y aplicación». Para esta institución, la reforma no debilita la protección ambiental, sino que la profesionaliza, ya que «resulta valioso avanzar hacia reglas más claras, que permitan delimitar con mayor rigor técnico el alcance de la norma, fortalecer los procesos de evaluación y evitar interpretaciones ambiguas o expansivas» que anteriormente dificultaban la labor de las autoridades.
GEMERA sostiene que una legislación ambiental sólida debe basarse en definiciones precisas y «evidencia técnica y estudios específicos», integrados siempre dentro del marco institucional constitucional.
Uno de los puntos que más resonancia tiene en San Juan la norma es lo que destacaron como el fortalecimiento del federalismo. Las tres cámaras hicieron hincapié en que la reforma reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. CAEM resaltó que la modificación «reafirma el rol indelegable de las provincias como titulares y protectoras de los recursos naturales, fortaleciendo un federalismo ambiental efectivo». Por su parte, GEMERA enfatizó que el equilibrio entre las competencias nacionales y provinciales es una «condición indispensable para una gestión ambiental eficaz, legítima y adaptada a las particularidades de cada territorio».
Así, el sector minero sanjuanino ve en este nuevo escenario una oportunidad para destrabar proyectos de gran envergadura que quedaron latentes debido a la falta de definiciones técnicas claras. Para las empresas exploradoras, contar con reglas claras contribuye directamente a «mejorar la calidad de las decisiones, fortalecer la institucionalidad y generar condiciones adecuadas para promover inversión, empleo y desarrollo» en las regiones cordilleranas