Luego de dos reveses judiciales para el municipio bonaerense de Azul, productores agropecuarios del distrito decidieron redoblar la apuesta y avanzar con una nueva acción en la Justicia. El objetivo es que se despeje una situación de incertidumbre jurídica y se determine si es válida la aplicación de determinadas ordenanzas vinculadas a la tasa vial y a la creación de fondos adicionales.
El nuevo planteo llega después de una seguidilla de fallos favorables al sector. Por un lado, a fines de febrero, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró inválida la ordenanza que había creado la Tasa de Servicios Esenciales. Por otra parte, recientemente la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó al municipio entregar información “completa, veraz y adecuada” sobre el destino de los fondos recaudados por tasas viales.
Ambas resoluciones representaron un fuerte golpe para la administración local y reactivaron el debate sobre la inclusión de cargos dentro de las tasas y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En este contexto, los productores presentaron ahora una acción declarativa de certeza. Se trata de una herramienta legal que busca que un juez defina si existe o no un derecho, en este caso, la validez de las ordenanzas cuestionadas.
Según surge de la demanda, el objetivo es “despejar el estado de incertidumbre jurídica e ilegalidad manifiesta derivado de la aplicación de la ordenanza impositiva N° 5074/2024 durante el ejercicio fiscal 2026”.
En concreto, los productores solicitaron que se declare la inaplicabilidad de las normas que crearon dos cargos adicionales sobre la tasa vial: un Fondo para el Sostenimiento de Servicios de Salud (15%) y otro para Educación (4%), ambos establecidos como porcentajes sobre el tributo rural.
El planteo también incluye un pedido de nulidad de origen. En ese sentido, sostienen que las ordenanzas fueron sancionadas con irregularidades, al “haberse vulnerado el procedimiento constitucional de formación de las leyes tributarias”, lo que, a su entender, afecta su validez. En paralelo, solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del mecanismo de actualización previsto en la norma, al considerar que implica una delegación indebida de facultades. Según el texto, se trata de una “delegación legislativa prohibida que violenta el Principio de Reserva de Ley”.
Uno de los puntos centrales del reclamo es que el municipio habría extendido la vigencia de una ordenanza anual sin dictar una nueva norma para 2026. En ese sentido, advierten que se pretende aplicar una “ultraactividad” que no tendría sustento legal.
“La potestad tributaria municipal no es permanente ni discrecional; es anual”, se señaló en la presentación, donde se afirmó que la norma en cuestión habría agotado su vigencia y no puede ser prorrogada automáticamente.
En ese contexto, para los productores el municipio estaría cobrando tributos sin una base legal vigente, lo que —afirmaron— configura una afectación directa a sus derechos.
Además, cuestionaron el destino de los fondos creados, al considerar que no guardan relación con la tasa vial. Según argumentaron, tanto la salud como la educación son servicios generales que deben financiarse con recursos del conjunto de los contribuyentes y no a través de un recargo específico al sector rural. “El contribuyente sufre un incremento de su presión fiscal total del 19% adicional por vía puramente administrativa”, advirtieron en la demanda.
La presentación también hizo foco en el impacto económico de estas medidas sobre los productores, quienes aseguraron que las sobretasas incrementan la carga tributaria sin una contraprestación directa.
En ese sentido, remarcaron que la tasa vial debería destinarse exclusivamente al mantenimiento de caminos rurales, una infraestructura clave para la actividad agropecuaria.
Cristina Boubee, productora e impulsora de las iniciativas judiciales, explicó el recorrido que derivó en los fallos recientes. “Fue doble revés judicial para el municipio en favor de los productores”, señaló a LA NACION.
En esa línea, destacó: “En febrero pasado conseguimos la nulidad de las tasas esenciales, en esa acción de nulidad somos 80 productores los que la iniciamos. Y ahora conseguimos una sentencia favorable para que la intendencia informe en qué gasta lo que recauda por las tasas viales”.
Boubee también subrayó el trasfondo del conflicto. “Sabíamos que lo que pagábamos de tasas se desvía para otros ámbitos, mientras los caminos rurales no están en buen estado, todos están destruidos”, afirmó.
Con 65 años, la historia de Boubee es la de una productora que decidió involucrarse de lleno frente a lo que considera una situación de injusticia. Según relató, el conflicto comenzó a tomar forma a principios de 2024, cuando el municipio implementó nuevas tasas que impactaron directamente sobre el sector rural. “Estoy en un grupo de ‘Soluciones para el campo’. Y cuando armé el grupo, lo primero que hicimos fue pedir una asamblea en la rural para hacer algo al respecto de las tasas rurales”, contó. Ante la falta de respuesta institucional de la Sociedad Rural local, el grupo avanzó con una manifestación frente a la intendencia, lo que marcó el inicio de una estrategia que luego derivó en presentaciones judiciales.
Desde entonces, Boubee se convirtió en una de las principales impulsoras de los reclamos. “Fue una guerra sin parar que llevamos dos años. Fue muy importante el acompañamiento del abogado Juan Pedro Merbilhaa [fallecido recientemente], que nos llevó adelante la cuestión judicial, junto a Jorge Moroni”, describió sobre el proceso, en el que combinaron acciones judiciales con presión local.
Con dos fallos favorables en menos de dos meses, afirmó que el objetivo ahora es avanzar hasta el final: “Soy una luchadora pese que a mucha gente me tiró para abajo la movida. Me llaman ‘la llanera solitaria’ porque luché siempre por la injusticia que uno ve cuando uno vive en el campo, donde la gente se siente abandonada. Esa injusticia, a mí me mueve, por eso quiero ir hasta el final”.
En relación con el nuevo juicio, fue contundente: “En el tercer juicio somos 35 productores para frenar próximas sobretasas que se le ocurra poner al intendente”.
Por su parte, Jorge Moroni, abogado y representante legal de los productores, explicó los fundamentos técnicos de la nueva demanda. “Vamos por la nulidad de las sobretasas sobre la tasa vial para este año y también solicitamos que se declare nula directamente la tasa que creó esos fondos”, indicó.
Según detalló, el planteo apunta tanto a los vicios en la sanción de las ordenanzas como a su aplicación en el tiempo. “Para 2026 no hicieron una nueva ordenanza fiscal impositiva, dejaron que continuara la anterior”, finalizó. LA NACION intentó tener una opinión del intendente de Azul, Nelson Sombra (UxP), pero no obtuvo respuesta.
