Iniciado hace más de una década en la zona norte, el expediente volvió al centro de la escena tras una carta documento de la empresa desarrolladora que reclama reactivar el trámite en el Concejo Deliberante.
El escrito fue enviado por el empresario Oscar Cayetano Salerno, en representación de la firma Maresole S.A., y está dirigido al presidente de la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
El proyecto se emplaza en un terreno con características poco habituales dentro del tejido urbano marplatense. Se trata de una parcela de geometría triangular –no una manzana convencional– ubicada sobre el Boulevard Marítimo Félix U. Camet, delimitada además por las calles Liniers y Juan A. Peña.
La forma del lote responde al cruce oblicuo entre la avenida costera y la trama urbana, lo que genera una pieza irregular, completamente rodeada de calles. Este tipo de configuraciones suele requerir tratamientos normativos específicos para su desarrollo.
El trámite comenzó en agosto de 2012, cuando los desarrolladores solicitaron los permisos correspondientes para avanzar con un edificio multifamiliar. Tras distintas evaluaciones técnicas, el proyecto derivó en un expediente que incluso llegó al Concejo Deliberante en 2015 con dictámenes favorables.
Sin embargo, en 2016 la Justicia ordenó frenar el proceso. Una medida cautelar dictada en el marco de un amparo presentado por vecinos suspendió el expediente hasta tanto se realizara la evaluación de impacto ambiental con participación ciudadana. La decisión fue confirmada por la Cámara Contencioso Administrativa.
El conflicto con los vecinos
Desde el inicio, el proyecto generó resistencia en sectores vecinales, que sostuvieron que el terreno funcionaba como una “plazoleta” o espacio verde de uso público, además de advertir sobre el impacto ambiental y urbanístico de una construcción en ese punto.
Frente a esos cuestionamientos, la empresa desarrolladora respondió en su momento con un documento en el que rechazó de plano esa caracterización.
Según sostuvo Maresole S.A., el lote “no se trata de una plazoleta, sino de una propiedad privada”, con dominio acreditado en registros públicos y una cadena de titularidad “ininterrumpida”.
La firma también desmintió que el terreno hubiera sido donado al municipio –como afirmaban algunos vecinos– y explicó que se trata de un remanente de mayor extensión afectada parcialmente por la apertura de la avenida costera. Es decir, una fracción que nunca dejó de pertenecer al ámbito privado.
En la misma línea, rechazó que pudiera considerarse un espacio público por uso vecinal. Argumentó que la ocupación ocasional o el tránsito no configuran derechos adquiridos ni modifican la titularidad del inmueble.
Mientras los vecinos cuestionaban la posibilidad de construir en ese espacio, la empresa sostuvo que el Código de Ordenamiento Territorial (COT) prevé mecanismos específicos para parcelas irregulares como esta.
En particular, señaló que el pedido no implicaba aumentar la altura permitida sino, por el contrario, adaptar el proyecto a condiciones más restrictivas. Según ese argumento, el lote –por normativa general– podría admitir una mayor cantidad de pisos, y la intervención buscaba encuadrarlo mediante normas urbanísticas particulares.
El impacto ambiental
En relación con el eje ambiental, otro de los puntos centrales del litigio, la empresa indicó que el estudio de impacto fue presentado y obtuvo resultado favorable, cumpliendo con lo exigido por la Justicia.
Este punto es clave porque fue precisamente la falta de ese procedimiento lo que motivó la suspensión judicial del expediente en 2016.
En la carta documento enviada, Salerno sostiene que todas las condiciones impuestas por la Justicia ya fueron cumplidas, incluyendo la evaluación ambiental, la audiencia pública y la correspondiente declaración municipal emitida en 2023. En función de eso, solicita que se retome el trámite administrativo y se avance en la aprobación del proyecto.
El expediente volvió a ser tratado en 2024 en comisión del Concejo Deliberante, y fue aprobado por la de Obras. Actualmente, se encuentra en la comisión de Legislación. El entonces concejal Daniel Núñez (UCR) planteó dudas sobre aspectos dominiales, urbanísticos y el cumplimiento efectivo de los requisitos judiciales.
Por ahora, el proyecto no fue aprobado, pero tampoco archivado. El caso sintetiza varios de los ejes más sensibles del desarrollo urbano en Mar del Plata: la tensión entre propiedad privada y uso social del espacio, la necesidad de adaptar normas a situaciones excepcionales y el peso de la judicialización en decisiones que finalmente deben resolverse en el ámbito político. Con más de una década de trámite, el expediente sigue abierto. Y su definición continúa pendiente