El Gobierno nacional avanzó en un punto sensible para la industria minera: el control sobre los beneficios fiscales. A través de la Secretaría de Minería, aprobó un Manual de Procedimientos de Auditoría de la Ley 24.196, con el objetivo de estandarizar los controles y reforzar la fiscalización del régimen de inversiones.
La medida, formalizada mediante la Resolución 21/2026, introduce criterios técnicos y metodológicos para auditar el uso de beneficios por parte de empresas y prestadores inscriptos en el Registro de Inversiones Mineras.
El alcance es amplio. Incluye auditorías contables, control sobre bienes importados, verificación de declaraciones juradas y seguimiento del cumplimiento de obligaciones establecidas en la normativa vigente.
Además, la Dirección Nacional de Inversiones Mineras queda habilitada para diseñar un programa anual de auditorías, lo que introduce una lógica más sistemática y planificada en el control del sector.
Más allá de lo técnico, la decisión marca un cambio de enfoque: el Estado busca sostener los incentivos, pero con mayor capacidad de control y trazabilidad, en un contexto donde la magnitud de las inversiones exige reglas claras y fiscalización efectiva.
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